La experta en nutrición cuestionó las cifras de subalimentación presentadas por la delegación venezolana y denunció más de una década de opacidad en los indicadores de inseguridad alimentaria.
La reconocida investigadora y nutricionista venezolana, Susana Raffalli, cuestionó firmemente las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Frente a la afirmación oficial de que los alimentos «jamás deberían convertirse en instrumentos de presión política», Raffalli denunció que en Venezuela los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) han sido utilizados precisamente como una herramienta de control social y electoral.
A través de una serie de mensajes publicados en la red social X (anteriormente Twitter), la especialista argumentó que la distribución de las bolsas de comida siempre ha estado condicionada por criterios políticos, alejándose de su propósito de responder a las verdaderas necesidades nutricionales de la población vulnerable.
Para sustentar su denuncia, Raffalli expuso ejemplos concretos sobre la logística del programa estatal. «En espacios físicos y mapas de planificación local de la entrega de los CLAP, a los vecinos a contarse para recibir la asignación se les llamaba «electores»», señaló. Asimismo, recordó que los conocidos «puntos rojos», instalados estratégicamente cerca de los centros de votación, eran utilizados para distribuir alimentos, y que la cobertura del programa solía variar de forma conveniente durante los períodos electorales.
Opacidad oficial y cifras contradictorias
Más allá del uso político de los alimentos, la experta en asistencia humanitaria advirtió sobre el vacío histórico de información oficial en los informes internacionales. Según indicó, el Estado venezolano lleva más de una década sin suministrar data a la FAO sobre indicadores fundamentales.
«Se leyeron avances, pero el renglón de Venezuela en los reportes de la situación alimentaria del mundo sigue vacío para inseguridad alimentaria, desnutrición aguda, lactancia materna y acceso a dietas saludables», enfatizó.
Finalmente, Raffalli alertó sobre las marcadas inconsistencias en las estadísticas presentadas por la delegación venezolana en el foro internacional, advirtiendo sobre las consecuencias de utilizar datos que carecen de rigor. En particular, contrastó la cifra oficial de subalimentación del 3 % con los propios requerimientos de la ONU en el país.
«Si la subalimentación reportada para Venezuela hoy en la FAO es del 3 %, la población subalimentada no llegaría al millón. Sin embargo, la propia ONU en el país está haciendo requerimientos financieros muy altos para atender a 2,2 millones de personas desde su clúster de seguridad alimentaria», sentenció la investigadora, advirtiendo que este tipo de contradicciones comprometen seriamente la credibilidad de las agencias internacionales que intentan mitigar la crisis en Venezuela.
También aseguró que los puntos rojos instalados junto a centros de votación fueron utilizados para distribuir alimentos y que la cobertura del programa variaba durante los períodos electorales.
Raffalli cuestionó además la falta de datos oficiales sobre la situación alimentaria de Venezuela en los informes internacionales. Según indicó, el país lleva más de una década sin enviar información a los reportes de la FAO sobre indicadores fundamentales de inseguridad alimentaria y malnutrición.
«Se leyeron avances, pero el renglón de Venezuela en los reportes de la situación alimentaria del mundo sigue vacío para inseguridad alimentaria, desnutrición aguda, lactancia materna, acceso a dietas saludables», advirtió.
La investigadora también puso en duda la plausibilidad de algunas de las cifras presentadas por la delegación venezolana durante el foro internacional y alertó sobre las consecuencias de utilizar datos que, según su evaluación, carecen de suficiente rigor.
En uno de sus mensajes, Raffalli contrastó la cifra de subalimentación del 3 % atribuida a Venezuela durante la presentación con los requerimientos de asistencia humanitaria de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«Si la subalimentación reportada para Venezuela hoy en FAO es 3 %, la población subalimentada no llegaría al millón, pero la propia ONU en el país está haciendo requerimientos financieros muy altos para atender a 2,2 millones de personas desde su clúster de seguridad alimentaria», señaló.
Raffalli advirtió que las inconsistencias entre las cifras presentadas públicamente y las necesidades de asistencia humanitaria pueden comprometer la credibilidad de las agencias internacionales que trabajan para atender la crisis alimentaria venezolana.
