El anuncio del presidente Juan Manuel Santos de que se postulará para la reelección viene con el balance de los años de gobierno transcurridos desde agosto de 2010, cuando recibió el cargo que dejaba Álvaro Uribe. Habiendo sido ministro de la Defensa hasta 2009, en años de frontal acción militar contra la guerrilla, Santos sorprendió por la combinación de continuidad y cambio en las orientaciones y políticas de su predecesor.
A partir del agudo sentido de la oportunidad con que su gobierno apreció el estado de la economía, del conflicto interior y de las relaciones con el mundo, Santos corrió unos riesgos calculados que le significaron el distanciamiento por parte de Uribe.
Algunos aspectos de su gestión han sido de particular interés para el vecindario latinoamericano, de modo especial para Venezuela. Uno muy resaltante es la continuación de la ofensiva militar contra la guerrilla acompañada por el inicio y avances de las negociaciones de paz con las FARC.
Vinculada a la creación de condiciones favorables a esos diálogos, se procuró un limitado y discreto arreglo con Venezuela, en el que lo perdido en las relaciones económicas ha sido compensado para Colombia con la reducción del ruido político del gobierno venezolano sobre las negociaciones.
La firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, negociado antes de su mandato, es parte de un cuadro más amplio de diversificación de relaciones económicas y políticas entre las que destaca, regionalmente, la participación de Colombia en la Alianza del Pacífico junto a Chile, Perú y México.
Han sido iniciativas que, si bien impulsadas desde la Presidencia, asumiendo los riesgos del caso, han sido objeto de franco y en ocasiones muy hostil debate en los medios, a la vez que dependientes de controles institucionales y de la aprobación del Congreso, como en el caso del marco jurídico para la paz.
En el balance no solo han contado el empuje y la habilidad estratégica del presidente; cuenta, y mucho, su respetuoso lidiar con la institucionalidad y la opinión pública. La campaña electoral no escapará a estos parámetros. Si de cuidar la gobernabilidad democrática se trata, no conviene al mandatario candidato violentar el estado de derecho y sus garantías.
A partir de mañana lunes, tras postularse a la reelección, Santos deberá someterse a la llamada Ley de Garantías que rige los procesos electorales, que contiene reglas particularmente estrictas para los funcionarios candidatos.
Mientras dure la campaña el presidente no podrá, entre otras cosas, asistir a inauguraciones de obras públicas, entregar personalmente recursos o bienes estatales, hablar de otros candidatos o partidos en discursos como jefe de Estado, incluir imágenes o mensajes proselitistas en publicidad gubernamental ni utilizar bienes del Estado con fines de campaña.
Haga el lector los balances de nuestro lado de la frontera.
Editorial de El Nacional
