A nueve meses de haber recuperado su libertad plena, la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, ofreció este lunes un desgarrador testimonio sobre su detención a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en febrero de 2024, las violaciones a los derechos humanos sufridas en custodia y el rol clave de la diplomacia humanitaria en su excarcelación.
En una entrevista concedida al Circuito Onda, la activista recordó los hechos ocurridos la mañana del 9 de febrero de 2024, cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía junto a su hija.
«Llegué a las 6:00 a. m. Todo iba bien hasta que el oficial de migración me dijo: ‘No puede seguir, espérese’. Luego llegó un funcionario y como a la media hora la Dgcim me dijo: ‘Tiene una alerta silenciosa’. No había orden de detención», relató. Transcurridas varias horas entre excusas sobre supuestos problemas con el pasaporte y retenida en oficinas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a mediados de la tarde la Dgcim procedió a su traslado. «Allí conocí el infierno», aseveró.
«Detrás de una reja hay muchos dolores»
San Miguel describió los casi dos años de reclusión como un período de incomunicación, falta de atención médica adecuada y agresiones sistemáticas. Explicó que durante ocho meses permaneció con una fractura sin recibir la asistencia requerida y rememoró la dureza del proceso penal en el que involucraron a su entorno cercano.
«Verte siendo presentada con toda tu familia, obligarte a hacer la audiencia y, cuando termina, no saber qué pasa con ellos… Hacer una huelga de hambre fue lo único que me quedó», expresó.
La abogada reveló detalles inéditos sobre su liberación el 8 de enero de 2026: «Poca gente sabe que mi boleta de excarcelación fue la número 001 de 2026, emitida gracias a las gestiones de la diplomacia humanitaria». En ese contexto, recordó con conmoción el quiebre emocional que significó hablar por primera vez con su hermano mayor tras un año y diez meses sin contacto telefónico, previo a que este se trasladara a España, donde posteriormente falleció a causa del cáncer.
Un clamor nacional por los presos políticos
Pese a celebrar su libertad plena, la directora de Control Ciudadano expresó un profundo pesar por las personas que continúan privadas de libertad o condenadas dentro de la misma causa, en la que enfatizó no conocer previamente a los coimputados.
«Pienso en las familias de las dos mujeres condenadas a tres años; les queda poco de pena por cumplir en libertad y son madres de niños pequeños. Me encontré en los calabozos con los militares condenados a 18 años, con el general Macías y con todos los de este caso. Doy las gracias, pero con el corazón triste por las personas que quedan y por todos los presos políticos que tienen que salir en libertad; es un clamor nacional», ratificó.
El rol de José Luis Rodríguez Zapatero
Durante la entrevista, San Miguel se refirió abiertamente al papel desempeñado por el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en las gestiones de carácter humanitario durante su encarcelamiento.
«Zapatero es un presidente controversial y tiene un proceso pendiente en España, pero yo, en lo personal, y mi familia tenemos que darle las gracias porque intervino en muchos momentos mientras estuve en prisión. Eso debe quedar claro. Zapatero nunca nos pidió que nos silenciáramos o diéramos algo a cambio para proceder con la diplomacia humanitaria», afirmó.
Detalló que gracias a las gestiones del exmandatario español pudo ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones mientras estaba recluida. Asimismo, señaló que en abril y agosto de 2025 se abrieron ventanas para su posible liberación e incluso la transferencia de su hermano Miguel Ángel a España para recibir tratamiento médico. «Nos dio asistencia humanitaria», concluyó.
