El pasado 9 de febrero fue detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía) Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no gubernamental cuya misión es «promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, bajo cinco principios: respeto de los derechos humanos, transparencia, democracia, participación y el Estado de Derecho». Lo vivido por San Miguel desde esa fecha, hace ya 70 días, prueba una vez más la precariedad del derecho a la defensa y al debido proceso en Venezuela.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia elaboró un cronograma del «calvario» de San Miguel:
Tras 48 horas sin saberse de su paradero, el fiscal general Tarek William Saab informó el 11 de febrero de la detención de la activista y la vinculó con la trama conspirativa Brazalete Blanco y uno de tantos intentos de magnicidio. No dijo en qué lugar estaba detenida. Expertos en derechos humanos -de lo que se ocupó Saab antes de ser parte del oficialismo- consideraron el procedimiento como técnicamente una «desaparición forzada».
Al día siguiente, el abogado Juan González Taguaruco, de la defensa privada de la detenida, tras realizar un recorrido de lugares de encarcelamiento seguía sin dar con la ubicación de San Miguel. También denunció que habrían sido detenidos la hija de la activista, dos hermanos, el padre de su hija y su exesposo. En la noche, más de 72 horas desde la «desaparición», el fiscal informó de la audiencia de presentación ante el Tribunal Segundo con Competencia en Terrorismo, ante el cual se solicitó la privativa de libertad por los delitos de: «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación», contra San Miguel y Alejandro González, su ex pareja. Se liberó a los familiares detenidos y se le impuso presentación ante tribunales cada ocho días.
El 13 de febrero la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas expresó su preocupación por la detención de San Miguel y le recordó al gobierno que era su deber informar sobre el paradero de San Miguel. Más tarde aquel día se pudo saber que la activista estaba presa en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (esta palabra le queda grande) en El Helicoide, un tétrico centro de reclusión. Un comunicado firmado por 600 organizaciones de la sociedad civil rechaza la prisión de San Miguel.
El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el fiscal dice que no se trató de una «desaparición forzada». En la noche se allana la residencia de San Miguel. Tampoco fue «forzada». Al siguiente día, la Misión de la ONU es expulsada del país. Se atrevió a pedir que se garantizara el debido proceso y el derecho a la defensa.
El 19 de febrero San Miguel pudo recibir la visita de su hija y le confíó que estaba plenamente convencida de su inocencia y que no se le había permitido nombrar su propia defensa. El 27 de febrero continuaba la situación de indefensión y se agregaba la de incomunicación desde la visita de su hija. En el caso de Alejandro González nunca había podido establecer contacto con sus familiares.
Al mes de la detención, San Miguel no había sido trasladada a tribunales, ni se había tenido acceso a su expediente. El 13 de marzo, el Parlamento Europeo se pronuncia sobre el caso y denuncia los abusos a los derechos humanos. A los 52 días de la detención, la Fiscalía presentó la acusación contra San Miguel y González. Los defensores impuestos no habían aún visitado a los detenidos ni realizado actuación alguna a su favor.
A los dos meses de la detención, la defensa privada de San Miguel afirma que el juez de la causa persiste en violar el derecho a la defensa y al debido proceso.
¿Implicarán también las sanciones económicas contra el gobierno la violación de la Constitución y las leyes? En Venezuela hay más de 270 presos políticos. La “ola represiva” ha vuelto, y con furia, mientras se avanza en un cronograma electoral con la misma ausencia de garantías.
Editorial de El Nacional
Foto: OSCAR DEL POZO / AFP
