Expertos señalan que se necesitan cambios adicionales en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, eliminación de gravámenes petroleros y reglas claras sobre propiedad, inversión y comercialización
PDVSA produce alrededor de 1,1 millones de barriles de crudo al día | Foto Archivo
Una propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos venezolana ha generado expectativas entre empresas nacionales e internacionales, aunque expertos advierten que se requieren ajustes más amplios para atraer inversiones por 100.000 millones de dólares, estimadas necesarias por Estados Unidos para modernizar el sector energético.
De acuerdo con Reuters, el debate ocurre en un contexto de máxima presión estadounidense. Tras la captura de Nicolás Maduro y un bloqueo naval que afecta envíos de petróleo sancionados desde diciembre, Washington controla las exportaciones y los ingresos petroleros del país, buscando garantizar que la industria funcione según sus intereses de política exterior.
El presidente Donald Trump ha impulsado a las compañías estadounidenses a invertir en la deteriorada infraestructura petrolera venezolana. Sin embargo, para muchos inversionistas el gran obstáculo sigue siendo la ley actual, que mantiene a Pdvsa como monopolio absoluto sobre los proyectos de petróleo y gas, limitando la autonomía de socios extranjeros y locales.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, presentó la semana pasada una reforma integral, que fue discutida el lunes con legisladores y ejecutivos de empresas como Chevron y ONGC de India. Fuentes cercanas indicaron a Reuters que la aprobación podría producirse tras breves consultas. La reforma daría más control a los socios de Pdvsa sobre la producción y los ingresos, además de condiciones operativas más flexibles.
Empresas internacionales, incluyendo operadores europeos, chinos y estadounidenses, llevan años solicitando cambios similares.
“Hay que lidiar con lo que hay”, dijo All Moshiri, director ejecutivo de Amos Global Energy Management. “No hay otra opción. Si no se hace más atractiva esta industria, todo el progreso que queremos lograr se verá frenado, incluyendo a los operadores actuales”.
Nuevo modelo de contratos y mayor autonomía
La iniciativa busca formalizar un modelo de contrato de producción compartida, que permitirá a unos pocos operadores gestionar ciertos campos petroleros, mientras que los socios minoritarios podrán vender su parte si los precios superan los pactados con Pdvsa.
El gobierno podría reducir las regalías a 15% desde 33%, lo que flexibiliza la participación estatal y mejora la competitividad frente a otros países productores. Además, la reforma habilitaría arbitraje independiente para resolver conflictos, aunque aún no queda claro si las disputas podrían llegar a tribunales internacionales.
Los ejecutivos coinciden en que, aunque la reforma es un paso positivo, no es suficiente. Serían necesarios ajustes adicionales, incluyendo cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la eliminación de gravámenes petroleros que limitan la rentabilidad y reglas claras sobre propiedad, inversión y comercialización de la producción.
“Siempre que la ley permita la extracción de capital, esto sería tan bueno como en cualquier otro lugar, como una empresa conjunta típica”, añadió Moshiri. Para él y otros especialistas, la reforma podría atraer también a pequeñas y medianas empresas y servir como transición hasta un gobierno permanente.
Riesgos y discrecionalidad
No obstante, algunos expertos advierten que la reforma concentra mucho poder en el Ejecutivo.
Según el diputado Henrique Capriles Radonski, “(Esta reforma) tiene como objetivo seguir socavando la capacidad de control de la Asamblea Nacional”. Otros señalan que los nuevos contratos no resuelven la crisis estructural de Pdvsa ni ofrecen seguridad jurídica suficiente.
“La regulación de los nuevos contratos petroleros es confusa y ambigua”, aseguró José Ignacio Hernández, abogado radicado en Boston. “Las reformas propuestas no logran fortalecer significativamente el frágil marco regulatorio y, en consecuencia, no ofrecen la seguridad jurídica necesaria para la reconstrucción de la industria petrolera”.
A pesar de las dudas, el gobierno insiste en que la reforma aumentará la producción y atraerá nuevos actores al sector, mientras que analistas advierten que las mayores petroleras estadounidenses podrían esperar a una legislación más clara y a una oposición parlamentaria más fuerte antes de comprometer capitales significativos.
Reuters.
