La ONG afirmó que en la nación se «agrava el cierre progresivo» de los espacios para el ejercicio de las libertades e incrementan los «obstáculos a las organizaciones de la sociedad civil, perjudicando la asistencia a los sectores vulnerables de la población»
La ONG Provea denunció este miércoles, tras la presentación de un nuevo informe del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, que el Estado persiste en evadir su responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
«El Estado venezolano persiste en evadir su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en Venezuela. Mientras ignoran recomendaciones de la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH) y demás mecanismos de protección derechos humanos», señaló la organización en una publicación en Twitter.
Provea afirmó que en la nación caribeña se «agrava el cierre progresivo» de los espacios para el ejercicio de las libertades e incrementan los «obstáculos a las organizaciones de la sociedad civil, perjudicando la asistencia a los sectores vulnerables de la población».
«La represión por motivos políticos persiste», añadió.
«El Estado venezolano ignora o simula implementar las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado, los relatores de la ONU, los grupos de trabajo y demás mecanismos convencionales de protección de derechos humanos», apuntó.
En la presentación del informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Türk reconoció ampliamente los avances de la cooperación entre el Gobierno y otras instancias oficiales venezolanas -en particular el Poder Judicial- con el organismo de la ONU que dirige, entre los que mencionó el acceso a centros de detención civiles y a dos de carácter militar.
El alto comisionado también reconoció que «el número de asesinatos por parte de agentes estatales, así como las denuncias de torturas y malos tratos, han disminuido».
Asimismo, lamentó la demora en la investigación de las muertes registradas durante protestas ciudadanas que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019.
«De las 101 muertes que mi oficina ha documentado en el contexto de operaciones de seguridad, sólo ocho han llegado a los tribunales», indicó.
EC
