Caracas, enero de 2026.- Ante el debate sobre el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el movimiento Primero Justicia fijó posición: Venezuela requiere una industria petrolera recuperada para reactivar la economía y reconstruir el país, no para reconstruir redes de corrupción. Por ello advirtió que cualquier apertura será ineficaz si esta no se acompaña de seguridad jurídica y un marco institucional legítimo.
A través de un comunicado, la organización política dejó claro que “Venezuela necesita con urgencia inversión, tecnología y empleo, porque el petróleo sigue siendo una herramienta clave” para el desarrollo del país. Sin embargo, enfatizó que “el madurismo destruyó la industria petrolera venezolana. La corrupción, la mala gestión y el uso político de PDVSA provocaron el desplome de la producción, la pérdida de talento técnico y el deterioro de uno de los principales activos” de la nación, pero también empobreció a millones de venezolanos y enriqueció a unos pocos grupos vinculados al poder.
La discrecionalidad no genera confianza
Primero Justicia sostuvo además que la reforma a la Ley de Hidrocarburos que hoy impulsa el régimen no puede evaluarse como si viniera de cero. El problema central de la propuesta actual no es solo el texto legal, sino quién la aplica, cómo la aplica y sin qué controles, es decir, la falta de contrapesos institucionales que garanticen su fiel cumplimiento.
“Desde Primero Justicia advertimos una realidad simple: una norma puede abrir espacios en el corto plazo, pero sin confianza no hay inversión sostenible. Sin instituciones independientes, las reglas no se respetan y el riesgo de irregularidades administrativas persiste. Sin transición democrática, sin mayores libertades y sin Estado de Derecho, no habrá inversión privada seria ni duradera. Ningún inversionista apostará a largo plazo en un país donde el poder concentra decisiones, cambia reglas a conveniencia y no rinde cuentas”, agregó.
Condiciones mínimas para una reforma petrolera seria
Para que una reforma petrolera sea seria y beneficiosa para los venezolanos, Primero Justicia propone cinco pilares fundamentales:
1. Arbitraje internacional efectivo y ejecutable, que proteja a los inversionistas y al interés nacional.
2. Subastas y licitaciones públicas y competitivas, para evitar asignaciones a dedo y maximizar los beneficios para el país.
3. Reglas fiscales claras y predecibles, sin discrecionalidad ni privilegios especiales.
4. Un regulador verdaderamente independiente, que supervise y controle las decisiones clave y evite abusos del poder.
5. Transparencia y auditoría total. El proyecto actual otorga una discrecionalidad excesiva al Ejecutivo sin control institucional, lo cual es una mala señal que augura más corrupción.
En este sentido, Primero Justicia exigió la publicación de todos los titulares de los Contratos de Participación Productiva (CPP) y de los contratos petroleros vigentes; y la incorporación de normas claras que garanticen transparencia, auditoría permanente y acceso público a la información en los nuevos contratos.
Sin Estado de Derecho no hay futuro
Finalmente, la tolda aurinegra destacó que “la inversión estructural seguirá siendo limitada” mientras no se respete el mandato popular expresado en las urnas electorales el 28 de julio de 2024 y no exista una renovación de los poderes públicos que garantice la seguridad jurídica, entre ellos una Asamblea Nacional que represente verdaderamente a los ciudadanos.
“Venezuela no necesita una apertura para los amigos del poder. Necesita el petróleo para reconstruir el país. La posición de Primero Justicia es clara: apertura sí, pero bajo un Estado de Derecho que garantice las inversiones, con reglas claras que beneficien al país. Las reformas improvisadas pueden generar ingresos momentáneos, pero no corrigen el daño estructural causado por años de corrupción, opacidad y concentración de poder. Necesitamos una apertura limpia, competitiva y pensada para Venezuela”, concluyó el documento.
