Uniformes, calzado, colchonetas y utensilios personales son algunos de los gastos que deben asumir las personas privadas de libertad desde el momento en que ingresan a un centro penitenciario en Venezuela. Sin embargo, estos no son los únicos pagos que se les exigen durante su reclusión.
De acuerdo con los testimonios recabados, los internos comunican estas exigencias a sus familiares mediante llamadas telefónicas o durante las visitas. En algunos casos, presuntamente son los propios funcionarios de custodia quienes contactan a los parientes, les proporcionan los datos bancarios para realizar las transferencias y les ordenan transmitir la información a otras familias.
Los cobros, según las denuncias, se justifican con la necesidad de comprar pintura para una cancha deportiva, reparar talleres, comedores, techos y paredes, entre otras áreas de los establecimientos penitenciarios.
Los familiares manifestaron al OVP su preocupación ante las posibles represalias contra quienes no puedan reunir el dinero exigido. Temen que las personas privadas de libertad sean sometidas a castigos, tratos crueles, aislamiento o incomunicación como consecuencia de no realizar estos pagos.
“Nosotros hacemos un gasto semanal para viajar los que no son de los estados, para traerles algo de comida, son muchos los gastos y la gran mayoría son personas que no tienen los recursos económicos y con todo el sacrificio del mundo conseguimos, ahora vienen a pedir un dineral. A esa gente no le importa si no tenemos, saben que somos pobres y aún así nos siguen sacando plata”, expresó una de las afectadas, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad.
El mantenimiento de las cárceles es responsabilidad del Estado
En Venezuela existe el Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fonep), organismo público adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, encargado de planificar, financiar y ejecutar la construcción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria del país.
Por lo tanto, las reparaciones y el mantenimiento de los establecimientos carcelarios son responsabilidades del Estado y no obligaciones económicas que deban trasladarse a las personas privadas de libertad o a sus familiares.
Ante estas denuncias, Humberto Prado, director del OVP, manifestó su rechazo a los cobros y al presunto abuso de poder por parte de funcionarios penitenciarios.
“Les hago un llamado a los familiares, allegados y afectados directos a la población privada de libertad, desde OVP manifestamos nuestro más enérgico rechazo ante las reiteradas prácticas de extorsión, cobros indebidos y abuso de poder perpetradas por funcionarios de este recinto carcelario, quienes exigen sumas de dinero a los reclusos bajo la promesa de rehabilitar áreas deportivas o garantizar condiciones básicas que son responsabilidad exclusiva del Ministerio Penitenciario.
Estas acciones constituyen delitos graves de concusión, corrupción y violación de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, afectando la dignidad y la integridad de quienes se encuentran bajo la custodia del sistema penitenciario”, enfatizó Prado.
El OVP ha documentado este tipo de cobros principalmente en establecimientos penitenciarios de los estados Carabobo, Guárico, Miranda y Lara, aunque considera que estas prácticas podrían estar ocurriendo en otras cárceles del país.
Frente a esta situación, Humberto Prado anunció que el Observatorio Venezolano de Prisiones adoptará una serie de acciones para exigir que se investiguen los cobros denunciados y se proteja a las personas privadas de libertad frente a posibles represalias.
En primer lugar, la organización consignará una denuncia sustentada en las evidencias recabadas ante la Fiscalía General de la República, específicamente en la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, y ante la Defensoría del Pueblo, para exigir una investigación exhaustiva y transparente sobre los funcionarios presuntamente involucrados en estas prácticas.
Asimismo, el OVP responsabiliza directamente al ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, a las autoridades de los establecimientos penitenciarios y al personal de custodia por cualquier acto de hostigamiento, represalia o vulneración de la integridad física y psicológica que puedan sufrir los reclusos como consecuencia de esta denuncia pública y de las acciones legales que se emprendan.
La organización también continuará documentando nuevas exigencias de pagos y posibles desvíos de recursos dentro de los centros penitenciarios, con el compromiso de hacer públicos nuevos elementos probatorios si las autoridades no adoptan los correctivos necesarios.
Finalmente, el Observatorio Venezolano de Prisiones hace un llamado urgente al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y a los órganos del sistema de justicia para que actúen conforme a la ley, garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad e investiguen y sancionen a los responsables de aprovecharse de la vulnerabilidad económica de los reclusos y sus familias.
