El plazo de 60 días fijado por relatorías internacionales venció sin respuesta del Ejecutivo; la solicitud examinaba el papel de empresas operadoras como Cantv, Movistar, Digitel e Inter en la restricción de al menos 85 portales web y servicios digitales.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este miércoles que el Estado venezolano incumplió sus compromisos de cooperación con los mecanismos de Naciones Unidas, al no responder un cuestionario de 14 preguntas formulado por expertos de la ONU respecto al bloqueo sistemático de sitios web y plataformas digitales presuntamente ordenados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La comunicación oficial, identificada con el código AL VEN 4/2026, fue enviada el 4 de septiembre por el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos en conjunto con las relatorías especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, la Situación de los Defensores de Derechos Humanos y el Derecho a la Privacidad. El plazo reglamentario de 60 días concluyó sin que las autoridades venezolanas emitieran contestación alguna, lo que para Provea ratifica la falta de transparencia del Estado frente a la comunidad internacional.
Operadoras bajo la lupa y escalada restrictiva
El requerimiento de los relatores apuntaba a esclarecer las medidas de bloqueo aplicadas por los principales proveedores de servicios de internet en el país —entre ellos Cantv, Digitel, Movistar, Inter, Net Uno, Airtek y G-Network— tras presuntas instrucciones giradas por Conatel. De manera paralela, los expertos enviaron misivas directas a estas compañías privadas y estatales, a la casa matriz Telefónica S.A. y al Gobierno de España para determinar el grado de responsabilidad corporativa y debida diligencia de las operadoras en la ejecución de estas restricciones.
El informe de los mecanismos de la ONU alertó que la censura en línea experimentó un incremento notorio durante y después de la campaña de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, afectando de forma masiva a medios de comunicación nacionales e internacionales, plataformas de redes sociales, aplicaciones de mensajería y portales de ONG dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales.
Como sustento técnico, los expertos citaron un reporte del 26 de junio de 2026 de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), en el que se documentó el bloqueo arbitrario de al menos 85 portales: 39 medios de información, una red social y 27 herramientas de privacidad digital, VPN y redes de distribución de contenido multimedia. El informe también recogió denuncias sobre presuntas operaciones de vigilancia digital coordinadas por cuerpos de inteligencia y seguridad estatal.
Vicios procesales e impacto en la emergencia sísmica
Los relatores subrayaron que las órdenes emitidas por Conatel no mostraron uniformidad entre las empresas prestadoras de servicio, evidenciando la discrecionalidad y la ausencia de controles judiciales efectivos. Advirtieron que dichas instrucciones administrativas «podrían no haber cumplido con determinadas garantías previstas en la legislación nacional, incluyendo disposiciones constitucionales y administrativas pertinentes».
La preocupación de los organismos cobró mayor notoriedad tras los terremotos del 24 de junio, fecha en la que, si bien se levantó la restricción técnica a la red social X, decenas de medios informativos y sitios web permanecieron inaccesibles. Según el documento, este cerco digital entorpeció la cobertura y difusión sobre el balance de daños, la coordinación de asistencia humanitaria y la búsqueda de personas desaparecidas en momentos críticos.
Finalmente, los expertos advirtieron que mantener estas medidas al margen del debido proceso vulnera los estándares internacionales: «Expresamos preocupación por la implementación y mantenimiento de bloqueos sin seguir los procedimientos y garantías establecidos por la legislación aplicable, incluyendo el derecho a la defensa y el acceso a procedimientos judiciales, lo que podría ser incompatible con la legislación venezolana y los estándares internacionales de derechos humanos».
