El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles el fallecimiento de un recluso en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón. Con este caso, la organización alerta sobre una alarmante cifra de 16 muertes bajo custodia estatal registradas entre el mes de abril y la primera quincena de mayo de 2026.
La víctima más reciente fue identificada como Gregorio Antonio Arias. Su deceso, según la ONG, es el resultado de una política de abandono institucional que vulnera sistemáticamente el derecho fundamental a la vida.
El fallecimiento de Arias no es un hecho aislado. El OVP ha documentado un patrón de letalidad en diversos centros de reclusión del país, motivado por el hacinamiento crítico y la falta de atención médica:
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Cárceles señaladas: Rodeo III, Rodeo IV, Uribana, Tocuyito, Fénix Lara y el Centro de Reclusión 26 de Julio.
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Calabozos policiales: El informe también incluye muertes en centros de detención preventiva, donde las condiciones suelen ser aún más precarias.
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El caso Yare III: La organización recordó las cinco muertes ocurridas recientemente en este penal. Mientras la versión oficial habló de un «motín», los familiares denunciaron el hallazgo de heridas por arma de fuego en los cuerpos de las víctimas.
Violación del Artículo 43 constitucional
La ONG subrayó que el Estado venezolano incumple flagrantemente el Artículo 43 de la Constitución Nacional, el cual establece la inviolabilidad del derecho a la vida y obliga a las autoridades a garantizar la integridad de quienes están privados de libertad.
«Todo esto ocurre mientras el Estado viola la Constitución (…) lo que cada vez se asemeja más a una operación de exterminio silenciosa dentro de los penales», sentenció el Observatorio a través de sus canales oficiales.
La crisis recae sobre las familias
La denuncia del OVP también puso el foco en la «tercerización» de los costos de supervivencia. Ante la desatención estatal, son los familiares quienes deben costear:
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Alimentación básica: Ante la desnutrición crónica en los penales.
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Insumos médicos: Medicamentos y traslados que el sistema no garantiza.
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Seguridad personal: En contextos de violencia interna y opacidad.
Exigencia de justicia internacional
Ante lo que consideran una «crisis que ya no se mide por centros colapsados, sino por la cantidad de cuerpos que salen de ellos», el OVP exigió una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata. La organización confirmó que todos los casos documentados están siendo remitidos a instancias internacionales de protección de Derechos Humanos para establecer responsabilidades directas sobre la cadena de mando penitenciaria.
La ONG aseguró que continúa documentando estos casos y presentándolos ante instancias internacionales de protección de derechos humanos.
