La salud de 19 militares recluidos en Ramo Verde se encuentra comprometida tras superar nueve días en huelga de hambre, según alertó este miércoles 18 de noviembre el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización que exigió una intervención urgente ante el deterioro físico de los manifestantes, quienes exigen su libertad y la revisión de presuntas irregularidades en sus procesos judiciales.
El OVP indicó que 36 efectivos —incluidas dos mujeres— suman más de 216 horas de protesta en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), ubicado en Los Teques, estado Miranda. «Desde el OVP alertamos con profunda preocupación que, tras nueve días sin ingerir alimentos, 19 de estos militares ya presentan cuadros de descompensación física, lo que pone en grave riesgo su integridad y sus vidas», difundió la organización en su cuenta de X.
Este escenario refleja un agravamiento frente a los reportes de la semana anterior: el 13 de noviembre, familiares habían notificado complicaciones de salud en ocho detenidos y, un día después, el sargento Luis Alfredo Lobo Medina fue trasladado de emergencia al Hospital Militar por problemas médicos, de acuerdo con un comunicado del OVP fechado el 17 de noviembre.
Los familiares identificaron entre los militares afectados a los sargentos mayores de tercera Geomer Martínez, Luis Bandres y Juan Bolívar; a los sargentos primeros Jorge Rico, Luis Milanés, Yordanis Camacaro, Alberto Piñango, Víctor Perozo y Andry Vargas; a los sargentos segundos Wolfang González, Luis Lobo, Catalino Romero Pérez, Asdrúbal Chirinos, Yeicer Montero, Antonio Padrón, Isamel Guerra y Tony Guevara; y a los primeros tenientes Yeferson Dos Ramos y Hugo Aparicio.
Origen de la protesta y disputa judicial
La medida comenzó el lunes 9 de noviembre a las 6:00 de la mañana, cuando 21 sargentos vinculados a los hechos ocurridos en enero de 2019 en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Cotiza suspendieron la ingesta de alimentos. Con el paso de los días se sumaron efectivos relacionados con los casos Sukhoi, Paramacay, Aurora, Refinería El Palito, 30 de Abril, Operación Gedeón II y la causa vinculada con la gobernadora de Monagas.
El eje central del reclamo judicial radica en una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó reiniciar desde el principio el juicio contra los efectivos de Cotiza. Según el OVP, pese a que fueron sobreseídos los delitos militares por los que habían sido condenados, ahora enfrentan cargos por traición a la patria, lo que sus defensores califican como una extensión arbitraria de la detención. Para la tarde de este miércoles estaba pautada una audiencia telemática del nuevo proceso.
Condiciones de reclusión y exigencias de atención
La huelga de hambre se desarrolla junto a denuncias sobre restricciones en las condiciones carcelarias. Allegados habían advertido limitaciones para acceder a agua potable y sanitarios, además de la suspensión de visitas, y el 15 de noviembre alertaron sobre las dificultades para mantener la hidratación durante la protesta.
Junto con la exigencia de excarcelación plena, los detenidos piden que sus casos se incorporen en la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional y delegados de la AN electa en 2015. En ese contexto, el OVP pidió la presencia inmediata del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el recinto, e instó a pronunciarse a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).










