En el mundo antiguo, el humanismo tuvo altos niveles de expresión, pero paradójicamente coexistía con la esclavitud como sistema de producción, y, en consecuencia, los derechos humanos fueron oscurecidos por la desigualdad. Ese orden de cosas fue impactado por la aparición del cristianismo, que tuvo un rol fundamental en la valoración de los derechos humanos.
Después de la caída del Imperio Romano, en el feudalismo de la Edad Media hubo la estamentalización de la sociedad europea occidental, en la que se jerarquizaron los derechos con el sometimiento y obediencia de los débiles a la autoridad de los poderosos.
Aun cuando en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos se establece que “todos los hombres han nacido iguales”, es con la Revolución Francesa que se da un gran salto, y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 dice en su Preámbulo, en frase memorable, “que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los Gobiernos”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se registran derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona; y derechos económicos, sociales y culturales, como el del trabajo, el de la educación, el de un nivel de vida adecuado y otros. La Declaración no tiene valor jurídico obligatorio, y, por eso, se decidió la elaboración de pactos de carácter vinculante que, una vez ratificados por los Estados, han quedado incorporados al ordenamiento legal de los firmantes.
El largo viacrucis de los derechos humanos continúa. Acabo de leer el Informe Anual, correspondiente al año 2017, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el cual relaciona en el Capítulo de Venezuela “el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017”. Para estar a tono con la semana que termina de pasar, podríamos sintetizar en catorce estaciones las denuncias consignadas en ese Informe.
1-Inexistencia del principio de separación de poderes, situación que se agravó en el 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó las Sentencias N° 155 y 156 del 28 y 29 de marzo, respectivamente, que levantaron la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional y concedieron al Poder Ejecutivo competencias del Poder Legislativo. La revocación de algunos aspectos de esas sentencias, dejó en pie la supuesta condición de ‘desacato’ de la Asamblea Nacional.
2-Sumisión del Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, “órganos esenciales para la vigencia de la democracia”.
3-Suspensión del referéndum revocatorio al Presidente de la República, que hubiera permitido una salida pacífica a la crisis.
4-Suspensión y realización tardía y fraudulenta de la elección de los Gobernadores de Estado
5-Inhabilitación de líderes y partidos políticos de la oposición.
6-Restricciones severas al derecho a la libertad de expresión, “que incluyen censura y cierre de medios de comunicación”.
7-Represión de la protesta social, especialmente las movilizaciones populares habidas entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017.
8-Actos de tortura contra personas detenidas, lo que “resulta alarmante” para la CIDH.
9-Participación de miembros de la FAN y uso de armas de fuego contra manifestantes, olvidándose que “en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas”.
10-Civiles detenidos y procesados o juzgados en la jurisdicción penal militar.
11-Altos niveles de corrupción, que quedan impunes y “permean aún más la débil institucionalidad estatal”.
12-Violencia y criminalidad reflejadas en la tasa de homicidios de 89 por cada 100.000 habitantes.
13- Tasa de escasez y desabastecimiento de alimentos y medicinas que “se ha incrementado a niveles críticos”.
14-Convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, fraudulenta en su origen y conformación, que toma medidas que exceden su naturaleza y no se atiene a la Constitución que todavía no ha sido sustituida por una nueva.
El Papa ha dicho que espera que el pueblo venezolano pueda “salir cuanto antes” de “la crisis que lo oprime”. Después del viacrucis, habrá resurrección democrática.
Carlos Canache Mata
