Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia | El Tiempo
La situación de emergencia nacional decretada por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella lo está obligando a ajustar la hoja de ruta anunciada a los colombianos durante su toma de posesión. Una crisis como la que está planteada en ejes de la vida ciudadana como Pereira, Manizales, Cali, el Eje Cafetero y el Chocó coloca al Ejecutivo frente a la necesidad de revisar el presupuesto nacional presentado en el momento del cambio de gobierno y orientar recursos para la reconstrucción y la atención de la calamidad. ¿Qué ocurre entonces con las otras prioridades?
La catástrofe agrava sensiblemente uno de los más acuciantes problemas que debe enfrentar la administración que se inicia: su consolidación fiscal. De acuerdo a las cifras de Bloomberg, 2025 cerró con un déficit fiscal de 6,35% del PIB. Los ingresos tributarios fueron 17% del Producto, mientras que el gasto superó 23%.
Estimaciones muy preliminares han cuantificado los recursos necesarios para atender la crisis y recuperar las zonas afectadas en 1% del PIB nacional. Unos 6.500 millones de dólares es la cifra que se adelanta en un momento en que los daños en las regiones afectadas aún no están del todo claros. Pero, de ser esta una estimación cercana a la realidad, ella resulta una cifra de la misma magnitud que el recorte presupuestario propuesto por el propio presidente en su discurso de asunción del cargo.
Es así como la atención de esta emergencia económica obligará al Ejecutivo a hacer más lento su propósito de poner orden en las cifras nacionales, lo que afecta el conjunto de las propuestas electorales que constituyen la base sobre la que asienta su apego popular. Recordemos que este apego alcanza apenas a la mitad de los administrados. La presión de la declaratoria de desastre nacional obligará a priorizar acciones de reformas que son indispensables para soportar la dinámica del país, al tiempo que se cuidan minuciosamente los recursos que se destinen a la reconstrucción de los espacios y comunidades penalizadas por el sismo.
Los cien primeros días de todo gobierno determinan el impacto que causan en el electorado. En el caso de la Colombia de hoy, una percepción positiva de las acciones que se tomen atendiendo a la coyuntura que impuso el terremoto será crucial para recabar su apoyo para acciones de reformas estructurales y de virajes políticos que De la Espriella prometió vehementemente en su arranque al frente del gobierno.
Si hay un tema que no puede ser colocado en posición de subordinación temporal en este momento es el de la seguridad nacional por la importancia que le asigna la colombianidad en su conjunto. En la hoja de ruta del gobierno ya comprometida ante los colombianos se le pueden imprimir tiempos de ejecución más lentos a otros propósitos –salud y pensiones, por ejemplo– mas no así a la meta de recuperar un ambiente de seguridad indispensable para la vida cotidiana, para el desempeño de los negocios y para el retorno de los capitales que fueron puestos en pausa en los años del Petrismo. Por fortuna, es un área en la que el compromiso de los Estados Unidos se hará sentir en una primera instancia. Ya 1.000 millones de dólares fueron ofrecidos a este fin. Sin embargo, su soporte debe ir más lejos que un aporte económico que, sin duda, es vital.
Lo polémico del tema es el carácter constitucional de la presencia estadounidense sobre el terreno para el combate de la criminalidad. El Ministro de Guerra del gobierno de Donald Trump asegura que ha sido notificado ya para acciones combinadas, pero ello pudiera requerir autorización del Senado colombiano. La disyuntiva es compleja, pues.
Abelardo de la Espriella parece haber entendido lo imperativo de hacer frente de inmediato a las actuaciones violentas de organizaciones que operan al margen de la ley. Una de las primeras iniciadas en esta semana ha sido la de apuntalar a las Fuerzas Armadas y al estamento policial nacional para el cumplimiento de sus tareas. Una acción militar contra el ELN en el Norte de Santander ya tuvo lugar hace un par de días para hacer sentir la relevancia que el nuevo gobierno le otorga a la consigna abelardista de “sometimiento ante la justicia o persecución militar”. Con ella se comienza a marcar ya el fin de la política de negociaciones inútiles y de concesiones que no han producido resultados.
Tanto el fortalecimiento de las fuerzas del orden que velan por la seguridad de Colombia como la atención de la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto son tareas que caen en la categoría de prioritarias e impostergables.
Si el presidente logra liderar una respuesta temprana del Estado en ambos terrenos, sus ejecutorias irán en beneficio de los ciudadanos y serán igualmente ganancia para su movimiento político en ciernes.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia Foto El Tiempo
