La recuperación socioeconómica de Venezuela solo puede hacerse con Democracia, y esta presupone la participación de todos en la construcción de un futuro promisorio, lo cual no podrá alcanzarse aferrándose a privilegios indebidos sino sometiéndose al escrutinio popular
Si las elecciones no son una vía confiable para enrumbar al país hacia un futuro mejor, que está siendo exigido por la inmensa mayoría de los venezolanos, hay que preguntarse cómo recomponer la Democracia. Es preciso focalizar esfuerzos en los espacios institucionales desde los cuales podría canalizarse la solución política a la grave crisis nacional.
Recomponer la Democracia
Un primer ámbito que a esos fines demanda reformas es el Consejo Nacional Electoral (CNE). La totalidad de los actuales rectores, principales y suplentes, de este organismo fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), unos en 2014 otros en 2016, acudiendo a un uso indebido de la figura de la inconstitucionalidad por omisión del legislador. En ambos casos se empleó este mecanismo como si fuera un procedimiento ordinario de designación de rectores, cuando lo cierto es que solo resultaría admisible como medio para nombrar ciertas altas autoridades a título completamente excepcional, cuya aplicación presupone haber agotado varios intentos de acuerdo en la Asamblea Nacional, así como la fijación de un plazo razonable para que aquel sea conseguido, en atención a la competencia primaria o natural que tiene el órgano parlamentario en la materia. Los rectores del CNE deben ser electos por la Asamblea Nacional. Si se producen circunstancias extraordinarias que justifiquen una intervención de la Sala Constitucional del TSJ para realizar tales nombramientos, estos tienen por definición carácter provisional, pues tan pronto la Asamblea Nacional alcanza los acuerdos que permiten obtener una mayoría calificada en la elección correspondiente aquellos quedan sin efecto.
Doblemente grave
En lo concerniente a las designaciones que tuvieron lugar en el 2016 la situación es doblemente grave y en ese sentido más apremiante, porque para intentar fundamentar la declaración de omisión inconstitucional se acudió principalmente al argumento aberrante del supuesto desacato de la Asamblea Nacional, tesis contraria al Estado de Derecho que invalida de antemano toda la actuación del Parlamento, órgano esencial para la Democracia. Cualquier iniciativa seria de reinstitucionalización tiene que pasar por la pronta elección en la Asamblea Nacional de los dos rectores principales designados judicialmente en 2016, con sus suplentes.
Todo pasa por la Asamblea Nacional
No obstante, como las instancias del Estado de Derecho han sido atadas autoritariamente de manera sistemática para impedir que funcionen conforme a la Constitución, no es posible lograr ese propósito sin antes recuperar a la Asamblea Nacional como órgano constitucional autónomo capaz de ejercer sin cortapisas arbitrarias sus atribuciones. Y el Poder Ciudadano, llamado a postular a uno de los cinco rectores que deben ser reemplazados, y que no fue elegido por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista cumpliendo la exigencia de los dos tercios de los diputados prevista en la Constitución, tendría que ser renovado. Más aún cuando el sedicente Fiscal General de la República fue designado por un ente constituyente espurio, para concluir así la maniobra de destituir a la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien sí ha sido legitimada por sus acciones en defensa de la Constitución y los derechos humanos.
Sepultar o asegurar el futuro
¿Es sencillo desatar este nudo fraudulento, calculado desde los máximos círculos de poder oficial? Evidentemente que no. El asunto se complica más a causa de la instalación de la denominada Asamblea Nacional Constituyente, como cuerpo que usurpa la soberanía popular. Sin embargo, el secuestro de la Democracia que se ha llevado a cabo ha tenido un alto costo para sus artífices. Estos son responsables del hundimiento nacional en el terreno económico y social, con todas sus consecuencias para la vida de los venezolanos, incluyendo el ingente número de ellos que ha emigrado, pero también de la devastación institucional que ha generado el rechazo de la comunidad internacional. El intento oficialista de sacar adelante al país prescindiendo de la Democracia fracasó. Faltaría ver si, en un acto singular de sensatez que deje de lado la unilateralidad y la soberbia de un poder que cuanto más absoluto quiere ser más degrada a la nación, se inicia una discusión honesta dirigida a despejar los cauces institucionales que fueron alevosamente cerrados.
La recuperación socioeconómica de Venezuela solo puede hacerse con Democracia, y ésta presupone la participación de todos en la construcción de un futuro promisorio, lo cual no podrá alcanzarse aferrándose a privilegios indebidos sino sometiéndose al escrutinio popular.
JESÚS M. CASAL H.
jesusmariacasal@gmail.com