Sospechas legítimas ante los comicios de diciembre en Venezuela
Decía Przeworski que la democracia es un sistema en donde los partidos políticos pierden elecciones. Esto es, que solo en una democracia las agrupaciones políticas se encuentran genuinamente al amparo de la voluntad popular: pueden ser aplaudidas, pueden ser aclamadas, pero nunca podrán asegurar su permanencia en el mando. La verdadera medida de un sistema democrático no es el respaldo popular que reciba un líder o un régimen, sino la posibilidad de que ese mismo líder y ese mismo régimen pierdan el poder si una mayoría de ciudadanos desaprueba su desempeño.
Quien tenga un compromiso real con la democracia debe entonces someterse a un juego de resultados inciertos, a un juego en que el futuro es desconocido para todos los actores políticos. No hay forma de asegurar esa incertidumbre que no sea otorgándole independencia al árbitro: un pueblo sabe que su voluntad será respetada únicamente si las instancias de control y las autoridades electorales tienen autonomía para hacer valer el mandato popular.
La verdadera medida de un sistema democrático no es el respaldo popular que reciba un líder o un régimen
El Partido Socialista Unido de Venezuela enfrentará el 6 de diciembre su mayor desafío electoral desde el ascenso al poder de Hugo Chávez. Los niveles de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro se encuentran en números rojos. El desabastecimiento se ha convertido en el viacrucis cotidiano de los venezolanos. La economía colapsa bajo el peso de la irresponsabilidad, el populismo y la corrupción. Los presos políticos constituyen un signo innegable de autoritarismo en un gobierno al que no le alcanzan las teorías conspirativas para explicar la extensión de sus calamidades.
Si Venezuela fuera una democracia como cualquier otra en el mundo, el oficialismo no tendría más recurso que preparar una estrategia para amortizar el golpe electoral. Se enfocaría en las circunscripciones más leales y se abocaría a atraer el voto indeciso. El PSUV está haciendo todo esto, pero dispone además de herramientas que resultan incompatibles con un proceso electoral democrático: el despliegue de un masivo aparato de comunicación estatal, frente a una prensa censurada y sistemáticamente debilitada; el encarcelamiento de líderes de la oposición, que sin duda serían protagonistas de una elección equitativa; la manipulación cumulativa de las normas electorales; el control de los tribunales de justicia y de las instancias contraloras; y la complicidad del Consejo Nacional Electoral.
Un pueblo sabe que su voluntad será respetada únicamente si las instancias de control y las autoridades electorales tienen autonomía
Difícilmente existe alguien que crea que las autoridades electorales venezolanas actúan de manera imparcial frente al poder político. Y esto es riesgoso en un escenario tan polarizado. Cuando existen elecciones en contextos de crisis –como es el caso de Venezuela en la actualidad– la estabilidad se preserva a través de la confianza en la institucionalidad. Tirios y troyanos deben sentir que el juego es limpio y que todos participan en igualdad de condiciones.
Me preocupa que el resultado electoral no sea reconocido por el grupo perdedor, sin importar cuál sea. Me preocupa que el descontento popular no logre canalizarse por las vías institucionales y se exprese, en cambio, por vías violentas e inconstitucionales. Me preocupa que Venezuela no encuentre la forma de realizar una transición política pacífica y profundice aún más su crisis institucional, económica y social.
Difícilmente existe alguien que crea que las autoridades electorales venezolanas actúan de manera imparcial frente al poder político
Aún hay tiempo para asegurar que las elecciones legislativas sean un mecanismo de reconciliación y transición, y no uno de enfrentamiento y sujeción al poder. Aún hay tiempo para generar confianza en el proceso electoral. Si el gobierno de Nicolás Madurotuviera perspectiva de largo alcance; si el PSUV comprendiera que todo poder democrático es, por naturaleza, transitorio, entonces permitiría la visita de observadores internacionales de carácter imparcial, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, y nombraría en el Consejo Nacional Electoral a personas sin preferencia partidaria, personas que cuenten con el respaldo de las distintas tendencias políticas.
Por supuesto que esto requiere madurez política, pues uno siempre quisiera que el árbitro pite a su favor. Pero un demócrata sabe que su triunfo solo es válido si es justo. Un demócrata sabe que el éxito de un gobierno depende de su legitimidad. Esto lo creemos profundamente en mi país. Luego de la guerra civil de 1948, Costa Rica creó una autoridad electoral cuyo rasgo distintivo es la autonomía. Los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones son electos en virtud de su imparcialidad, con el apoyo de las distintas tendencias políticas y bajo el entendido de que servirán a un único amo: el pueblo de Costa Rica. Es por eso por lo que el TSE se ubica siempre en los primeros lugares de confiabilidad en América Latina. Por esa razón en Costa Rica los resultados electorales son recibidos por todos, ganadores y perdedores, como la expresión indiscutible de la voluntad popular.
Si el gobierno de Nicolás Maduro tuviera perspectiva de largo alcance; si el PSUV comprendiera que todo poder democrático es, por naturaleza, transitorio
Ojalá Venezuela comprenda la lección que encierra el ejemplo de Costa Rica. Ojalá comprenda que su negativa a recibir misiones de observación internacional incita sospechas legítimas. Ojalá comprenda que la parcialidad del CNE confirma todas las acusaciones de la oposición y de la comunidad internacional. Ojalá comprenda que hay cosas más sagradas que cualquier proyecto político y cosas más funestas que cualquier resultado electoral. Todos quisiéramos ganar, pero solo los déspotas prefieren la victoria a la democracia.
Óscar Arias Sánchez es expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987.
