Está previsto que el presidente venezolano Nicolás Madurose dirija al máximo órgano de la ONU, el Consejo de Seguridad, el lunes 15 de febrero. El tema que abordará será el “respeto de los propósitos y principios” de la Carta de la ONU en relación con la “paz y la seguridad internacional”. Es esperable que Maduro defienda —como lo hace habitualmente su embajador ante la ONU— los principios de soberanía y no interferencia en los asuntos internos de otros países como un componente esencial de las relaciones internacionales.
Efectivamente, estos conceptos se encuentran consagrados en la Carta de la ONU desde hace varias décadas. Pero no fueron reconocidos con el propósito para el cual los invoca normalmente el gobierno venezolano —esto es, para permitir que los gobiernos tengan vía libre para violar los derechos de sus ciudadanos sin rendirle cuentas a nadie. Pronunciarse en defensa de los derechos humanos, cuya naturaleza es universal, no puede constituiruna interferencia en los asuntos internos de un país.
Mientras Maduro da cátedra en Nueva York, el líder opositor venezolano Leopoldo Lópezpermanecedetenido tras haber sido condenado sobre la base de cargos infundadoscon motivaciones políticas. Otros importantes políticos de oposiciónenfrentan procesos penales arbitrarios, o se les ha prohibido arbitrariamente postularse a cargos públicos. Se han iniciado acciones penales contra los directivos de algunos de los principales medios de comunicación por supuestas calumnias, luego de haber republicado artículos donde se aludía a que el poderoso político chavista Diosdado Cabello tendría vínculos con carteles del narcotráfico. Autoridadeshan hostigado adefensores de derechos humanos por haber participado en audiencias ante órganos de la ONU. Y, como resultado de la subordinación del poder judicial al poder político, los graves abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridadvenezolanas permanecen impunes.
El gobierno venezolano se ha esforzado por bloquear cualquier observación internacional de la gravesituación de los derechos humanos en el país. Durante más de una década, no le ha permitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a relatores de la ONU visitar el país. Se apartó de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012, y privó así a los venezolanos que sufren abusos de la posibilidad de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tambiénha rechazadorecomendaciones clave formuladas durante el Examen Periódico Universal de 2011, incluidas aquellassobre la necesidad de respetar la independencia judicial y garantizar la libertad de expresión.
Venezuela también se ha opuesto sistemáticamente a esfuerzos internacionales para proteger derechos fundamentales en otros países. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente en contra de iniciativas que buscaban condenar atrocidades, incluidas resoluciones específicas sobre Corea del Norte, Siria y Sri Lanka. La actitud de Venezuela es idéntica a la de Rusia, China y Cuba,los miembros del Consejo con los peores récords de votación.
Lo anterior es consistente con un gobierno que ha apoyado a algunos de los peores violadores dederechos humanos. De hecho, el ex Presidente Hugo Chávez fue un tenaz defensor de Bashar al-Asad en Siria, Muamar al Gadafi en Libia y Mahmoud Ahmadinejad en Irán, y distinguió a cada uno de ellos con la “Orden del Libertador”, la principal condecoración oficial otorgada por Venezuela. Maduro, fiel a la tradición de su antecesor, ha sido un acérrimo defensor del dictador sirio, pese a la evidencia que demuestra la comisión de crímenes de guerra y otras violaciones generalizadas de derechos humanos que han devastado a ese país.
El previsible discurso que ofrecerá Maduro en el Consejo de Seguridad se da en un momento en que el gobierno venezolano goza de muy poca credibilidad internacional. Este burdo intento por invocar indebidamente el principio de no interferencia para evitar la crítica internacional de ladeplorable situación de derechos humanos en Venezuela —y en los países que son sus aliados políticos—solo puede considerarse demagogia que debeser repudiada globalmente.
José Miguel Vivanco es Director para las Américas de Human RightsWatch
