El hecho de que el Presupuesto del año 2017 haya sido aprobado mediante decreto ley, sin la debida discusión en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, implica que el instrumento fiscal clave para la gestión pública no fue analizado en la instancia constitucional correspondiente. La elaboración del presupuesto toma meses de consulta entre los entes responsables, y recoge los planteamientos del Poder Ejecutivo en cuanto al desempeño de las instituciones para alcanzar las metas establecidas en el año fiscal.
Representa la oportunidad para que la Comisión de Finanzas discuta a fondo los supuestos que se han utilizado para determinar los niveles de ingreso y gastos que el gobierno considera necesarios para lograr las metas de crecimiento y expansión del aparato productivo; el nivel de gasto requerido para el funcionamiento de la administración central, regional y local, además de aquellas organizaciones e instituciones claves para el desempeño de la función gubernamental.
Capítulo especial lo constituye la revisión de los gastos de inversión previstos en el año y su distribución por sector de actividad económica, mereciendo especial atención su asignación y localización, esta última es de gran importancia para las comunidades afectadas y sus administradores, puesto que en muchas ocasiones representan compromisos electorales asumidos en su oportunidad por los diputados. Metas que con frecuencia requieren de aportes presupuestarios asociados a créditos adicionales, lo que obliga a conocer los niveles de endeudamiento considerados en la versión bajo estudio, a fin de asegurar los recursos necesarios vía deuda pública para completar proyectos incluidos en el ejercicio presupuestario.
Conocer y discutir los límites de endeudamiento interno y externo se convierte en una pieza fundamental para la gestión futura de la política fiscal, ante la presencia de una situación deficitaria que obliga a la reestructuración de la deuda y a corregir la situación mediante la priorización del gasto por sectores y áreas.
De allí la importancia de haber despreciado, de acuerdo con la tradición constitucional, la oportunidad de discutir a fondo la política económica aplicada, sus deficiencias y cómo y de qué manera el presupuesto bajo discusión podría incluir medidas de contingencia destinadas a corregir los serios problemas que afectan a la economía venezolana.
La experiencia indica que solo mediante el diálogo y el compromiso entre las partes se logra la aprobación de un instrumento votado y aprobado por la mayoría parlamentaria, que marque el desenvolvimiento del gasto público en el ejercicio fiscal bajo consideración.
De nuevo la decisión del Poder Ejecutivo de ignorar al Legislativo y obtener la aprobación mediante sentencia del Judicial representa una oportunidad perdida a fin de discutir en la instancia adecuada la realidad económica y social y las alternativas de solución recogidas en el proyecto de Presupuesto del año 2017.
Maritza Izaguirre
