El punto central de la crisis política actual se encuentra en el cuestionamiento a la legitimidad de Nicolás Maduro y en la realización de una nueva elección para Presidente de la República.
Los comicios del 20 de mayo del año pasado fueron desconocidos por la mayoría de la oposición y por gran parte de la comunidad internacional. El régimen cometió tantas irregularidades y atropellos, que la convocatoria no logró convencer de que participara a la franja más gruesa de opositores. Tampoco persuadió de su transparencia y equilibrio a los países democráticos que han seguido con detenimiento la evolución del gobierno de Maduro desde que se impuso sobre Henrique Capriles en las reñidas y discutidas elecciones de abril 2013. Maduro desestimó ese rechazo. Ahora paga las consecuencias de su arrogancia. La única salida posible al desbarajuste que su petulancia provocó es su salida de Miraflores, la formación de un gobierno transitorio y la realización de unos comicios libres y confiables para todo el mundo, incluidos los oficialistas.
El artículo 233, que establece las faltas absolutas del Presidente de la República, es incompatible con la realización de unas votaciones justas y democráticas. Ese artículo, invocado para declarar usurpador a Maduro, señala que “si la falta absoluta… se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta durante los treinta días consecutivos siguientes”. El texto, sin duda, fue redactado para favorecer al partido gobernante. Su propósito es ventajista. Resulta imposible organizar en un mes unos comicios transparentes y equilibrados. El artículo colide con la Ley Orgánica del Sufragio (LOS), aprobada por la Asamblea Nacional en 2009, cuando el chavismo la controlaba en términos absolutos.
En las condiciones actuales, para realizar unas elecciones democráticas conviene acoplar el texto constitucional con los lapsos y condiciones establecidas en la LOS.
En primer lugar hay que nombrar un nuevo CNE, o al menos a las dos rectoras, una de ellas Tibisay Lucena, a las que se les venció el período, pero fueron ratificadas por la constituyente y el TSJ, en abierta violación de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Hay que liberar los presos políticos. Permitirles regresar al país a los dirigentes que se encuentran en el exterior. Facilitarles votar en el extranjero a los millones de venezolanos que han huido del país. Abrir el Registro Electoral Permanente (REP) para que los nuevos votantes se inscriban. Auditar el REP para depurarlo. Sólo una vez cumplidas al menos estas tareas, estarán dadas las condiciones mínimas para efectuar unas votaciones limpias, universales, democráticas.
El apego dogmático al artículo 233 de la Constitución se convertiría en una camisa de fuerza para alcanzar la plena democracia electoral. La justificación, para mantenerse ceñido lo máximo posible al marco legal vigente, hay que buscarla en la LOS.
Sin embargo, ninguno de los instrumentos jurídicos existentes sustituye el sentido común y los acuerdos políticos. El gobierno que se conforme cuando se realicen las elecciones universales y democráticas de la que habla la Constitución y la LOS, deberá contar con la base popular más amplia posible. A esos comicios deberán concurrir todos aquellos que quieran hacerlo, tanto para ser electos como para votar. Las restricciones arbitrarias le restarían amplitud a la convocatoria y legitimidad al Presidente y al gobierno que emerjan de esa cita.
La preparación de la consulta se llevará, al menos, lo que queda de 2019, suponiendo que la crisis actual se resuelva en el curso de los próximos días o semanas. Mientras más tarde en solucionarse el conflicto, más lejana se pondrá la fecha de celebración de esas elecciones. El núcleo duro del madurismo no muestra ninguna intención de negociar su salida de Miraflores. Pareciera haber optado por la confrontación abierta y hasta el final. Por la inmolación. En el caso de que el chavismo-madurismo se fracturara, y como consecuencia se desprendiera una facción moderada que no quiere hundirse con Maduro, la negociación tendría que incluir a este sector más sensato del oficialismo. Su incorporación al debate y a los eventuales acuerdos que se logren, le daría al gobierno de transición una plataforma más amplia y a las futuras elecciones una base más sólida.
Tenemos que lograr que los próximos comicios superen todos los vicios que el régimen impuso durante veinte años. La comunidad internacional exige elecciones justas y democráticas ya. Hay que explicarle la complejidad del proceso frente al cual estamos.
@trinomarquezc
