Vivimos al margen del Derecho. Las actuaciones del régimen obvian las reglas jurídicas y el fraude a la Constitución es constante. El proceder del régimen está impregnado de ilegitimidad, ya que todo lo que hacen está diseñado y es ejecutado con el único propósito de mantenerse en el poder. Le quieren dar apariencia de legalidad a lo ilegal y fraudulento, por lo tanto, todo lo que hacen se convierte en abusivo e ilegítimo.
En estos últimos tiempos nos llevan a lo peor del caos institucional. Mantenerse en el poder los obliga a pulverizar constantemente el principio de la separación de poderes y la autonomía de los órganos del poder público. En tal sentido, la Fiscalía y el TSJ se ponen nuevamente al servicio del régimen y se prestan una vez más para penalizar y criminalizar a la oposición y abrir el camino al allanamiento de la inmunidad de una diputada de la AN y con ello dejar el camino libre para la posterior aprobación de la Habilitante.
A la diputada víctima se le levantó un expediente a conveniencia, se le vulneraron derechos fundamentales inherentes a su defensa y al proceso, se le amedrentó y aterrorizó personal y familiarmente y se le arrebató su inmunidad, condenándola sin abrirle el juicio. El TSJ y la Fiscalía se prestaron nuevamente para desdibujar el Estado de Derecho y la democracia.
Así mismo, el TSJ y la Fiscalía se ponen al servicio del régimen para penalizar sin delito y sin ley y privar de libertad a ciudadanos, sin las garantías fundamentales. Todo ello justificado en una supuesta «guerra económica», que creó y auspició el propio régimen con sus erradas políticas en este ámbito. Convirtieron a Venezuela en un país sin producción, «cadivero», importador y destructor de la empresa y la iniciativa privada. La economía es un enfermo terminal que no se recuperará en este régimen.
Se destruyeron empleos y oportunidades. El TSJ y la Fiscalía no defendieron la legalidad ni el Derecho, que es su rol fundamental, sólo se ocuparon de defender a un régimen del cual forman parte y aterrorizaron, sin discriminar, a buenos emprendedores y comerciantes convirtiéndose en cómplices del saqueo y la confiscación, sin resolver el problema de fondo que subsiste y se mantendrá.
La AN, por su parte, en este caos institucional, aprueba una Habilitante inconstitucional, fraudulenta, que no se justifica jurídicamente, que constituye un abandono de la función legislativa por parte de la AN y que es producto de un proceso viciado y corrupto. La AN para aprobar la Habilitante tuvo que acudir a la corrupción y la desviación, no tenía los votos para aprobarla y para ello acudió al peor de los expedientes: vulnerar la institución de la inmunidad, arrebatándosela a una diputada, y violando la voluntad popular y la pluralidad democrática que debe regir a la AN. Para colmo, ahora se le vacía de contenido a la AN, al delegar por un año parte de su esencial rol. Así, la Habilitante que nace ilegal y fraudulenta no solucionará el problema económico ni la corrupción. Cuatro habilitantes anteriores nos llevaron al caos adonde estamos, la quinta es la estocada fatal, a decir por la experiencia acumulada.
La AN, en este caos institucional, se convirtió en un recinto antidemocrático, «cuartelero» y tumultuario, en el cual el oficialismo cercena el derecho de los diputados a expresarse a conciencia y hace desaparecer la democracia parlamentaria. Reina la intolerancia en las sesiones y el irrespeto verbal, la amenaza constante, la violencia física y verbal hace de la AN un Parlamento totalitario.
El CNE no se salva del caos institucional. Un poder electoral cuyos rectores parcializados tienen vencido el mandato. Es incapaz de disimular su parcialidad permitiendo que el Ejecutivo decrete que el día de las elecciones se pueda convertir en el día del ventajismo oficialista. Que se hace el sordo, ciego y mudo frente a la rebatiña electoral oficialista y le permite al gobierno el abuso comunicacional, el uso ilegal de recursos del Estado y de funcionarios públicos.
Por su parte, el habilitado gobierno, que está más inhabilitado que nunca por la ineficiencia, la corrupción, el caos y la desconfianza, con una maniobra electorera ordena saqueos, confisca al comercio, vulnera todo el Estado de Derecho para buscar votos, pero sólo encontrará más desempleo y desabastecimiento.
El caos institucional nos permitirá salir más rápido de la pesadilla. La mayoría ciudadana y, por lo tanto, la mayoría electoral, que ya se ha conformado opositora desde hace un tiempo, me atrevo a decir, no variará para el próximo proceso electoral, por el contrario, se está consolidado aún más.
gfernandez@cjlegal.net
Por Gerardo Fernández
