Por allí circulan rumores de unas supuestas conversaciones que contarían con el aval de la Unión Europea y otras instancias internacionales –la ronda de Noruega revitalizada– que podrían desembocar en un acuerdo global para realizar los comicios parlamentarios y la elección del presidente de la República, con todas las garantías establecidas en la Ley del Sufragio y de acuerdo con las exigencias de la ONU, la UE y las demás organizaciones interesadas en que la crisis nacional se resuelva de forma pacífica. Sin vencedores, ni vencidos. Según los mismos runrunes, hay dirigentes dentro del oficialismo preocupados por los efectos letales de las sanciones y por la parálisis nacional, acentuada por los efectos de la covid-19. Frente a esos corrillos solo cabe esperar que sean ciertos. Que la sensatez se imponga y que, en efecto, haya gente pensando en cómo resolver las penurias del país, y no en ver cómo la casta gobernante sigue abrochada al poder.
Sin embargo, hasta el momento no existe ningún indicio cierto de que el gobierno esté pensando en mover la fecha de las elecciones legislativas. Todo lo contrario: cada vez que pueden Nicolás Maduro y los demás voceros del régimen –incluidos los miembros del CNE– insisten en que el día es inamovible. No importa la escasez de gasolina, el cierre de los vuelos comerciales, la falta de máquinas de votación y la imposibilidad, en medio del cuadro tan deplorable que vive la nación, de realizar campaña para que los candidatos se den a conocer y divulguen sus programas legislativos. El 6D se ha convertido en una obsesión.
Lo mismo sucede con el 5 de enero, cuando se instalaría la nueva Asamblea Nacional. A Maduro parece haberle dado un ataque de “constitucionalismo”. Ahora resulta que esa es una fecha intocable porque la Constitución así lo establece. Un mandatario que ha violado el texto fundamental hasta por la solapa, le inquieta que ese día no se instale el nuevo Parlamento. Argumento burdo. Empezando porque las elecciones fueron convocadas por un CNE nombrado por Maikel Moreno y sus muchachos del TSJ, en un acto que abortó de forma abrupta el proceso que venía adelantando la AN de acuerdo con lo estipulado en la Constitución y la ley electoral. Si le interesara tanto ajustarse a la letra de la carta magna, debió haber comenzado por someterse a lo establecido por el Comité de Postulaciones designado por la AN. A otros con ese cuento.
A la cita del 6D la oposición democrática no puede acudir. Las razones han sido ampliamente señaladas por mí y por muchos otros analistas, abogados y políticos que se han referido al tema. No voy a insistir en ellas. Sí quiero destacar un argumento señalado por algunas almas piadosas que insisten en que lo más importante no es el 6 de diciembre, sino el 5 de enero. De acuerdo con esa opinión, habría que satisfacer el mandato constitucional y, en consecuencia, constituir el Parlamento, lo cual dejaría sin efecto a los diputados electos en los comicios de 2015, la inmensa mayoría de oposición. Según esta perspectiva, a la comunidad internacional no le quedaría más opción que desconocer de Juan Guaidó y demás diputados actuales, aunque objete los comicios de diciembre.
Los docentes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV y otros académicos del país han señalado que, en el caso particular de la situación que se creará a comienzos de enero próximo, conviene hablar de continuidad constitucional, más que de continuidad administrativa, pues los diputados del cuerpo legislativo solo pueden ser reemplazados por unas elecciones legítimas, como las de 2015. Las previstas para diciembre no lo serán. Aunque comparto el criterio de los jurisconsultos, no entraré en ese debate porque no soy abogado y mucho menos constitucionalista.
Entiendo que para Nicolás Maduro el gran reto es darle legitimidad a la gestión del gobierno en el plano internacional. Para él, la clave reside en que la AN le apruebe “…por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional…” –Art. 187.18 de la Constitución–. Esto significa que necesita la aprobación del Parlamento para la firma de empréstitos internacionales o cualquier otro tipo de compromisos que involucre a la República. Este es el punto crucial. Todas las demás atribuciones señaladas en ese artículo 187 –como aprobar el presupuesto nacional, autorizar los créditos adicionales o aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación– le resultan irrelevantes. De hecho, desde 2016, ninguno de esos temas los ha tratado el Ejecutivo con la AN. Para eso la declaró en “desacato”.
Vista en perspectiva la situación de la eventual nueva AN controlada en su gran mayoría por el oficialismo, con la presencia de la “oposición oficial”, ¿para qué le serviría al gobierno dominar el cuerpo legislativo?; ¿obtendría con ello la legitimidad que necesita para que sean reconocidos los convenios internacionales que firme? Aparte de sus socios habituales –Rusia, China, Irán y Turquía– ningún país democrático se prestará para firmar acuerdos comerciales o financieros con el gobierno que adulteró las elecciones el 20 de mayo de 2018, aunque lleve la rúbrica de todos los diputados a la AN. Tanto el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro como el Parlamento que se constituya en enero, serán ilegítimos ante los ojos de los organismos y gobiernos internacionales democráticos. El problema que enfrentan el gobierno y la oposición, mucho más que de carácter legal, es de naturaleza política.
Maduro perdió la legitimidad. Por eso hay que dejarlo solo el 6D.
@trinomarquezc
