El gobierno de Nicolás Maduro ha venido señalando que los miembros de la Corte Internacional de Justicia –creada en 1945 en San Francisco, Estados Unidos– conforman un cuerpo parcializado en contra de Venezuela y a favor de Guyana, en la disputa territorial que ambos países sostienen desde hace más de un siglo.

No se sabe cuáles son las evidencias empíricas que posee el gobierno de Maduro para sostener una denuncia tan grave contra el máximo tribunal de justicia de la Organización de las Naciones Unidas. La única razón que se le ha escuchado al presidente es que el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, no estipula la intervención de la CIJ, sino solo mecanismos de negociación directa entre el Estado venezolano y el Estado guyanés. Sin embargo, en el artículo III del Acuerdo de Ginebra se le confiere al secretario general de la ONU –en   el caso de que el conflicto no pudiese resolverse por vía de las conversaciones bilaterales– la potestad de remitir la controversia a alguna de las instancias que, de acuerdo con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, permitirían solucionar el impasse de forma pacífica.

El gobierno venezolano ha insistido en el diálogo directo y en la participación de buenos oficiantes, a pesar de que durante casi sesenta años han sido infructíferas las conversaciones bilaterales y los esfuerzos de mediación de al menos los dos últimos secretarios generales de la ONU: Ban Ki-moon y António Guterres. Este último, en vista de los persistentes fracasos y de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, decidió transmitir el caso a la CIJ, órgano que se declaró competente para conocer el caso y tomar la decisión que considere conveniente.

En este momento el expediente se encuentra en La Haya. Ya Guyana presentó sus argumentos. El 8 abril le corresponde a Venezuela mostrar su contramemoria y refutar los testimonios señalados por Guyana. El punto fundamental reside en que Venezuela cuestiona el Laudo Arbitral de París de 1899, en el cual se consumó el despojo de casi 160.000 kilómetros cuadrados que conforman el territorio en reclamación. En la cita de París, Venezuela no tuvo un delegado directo, sino que la representación de sus intereses estuvo a cargo de un abogado norteamericano. Guyana, por su parte, se aferra a la tesis según la cual el único documento legítimo ese el firmado por Inglaterra y Estados Unidos, con la participación de un juez ruso quien presidió el tribunal.

Según numerosos testimonios, entre ellos los de uno de los delegados norteamericano, Inglaterra manipuló al tribunal para obtener una decisión que la favorecía en detrimento del precario gobierno venezolano de la época y de la nación suramericana. El gran reto que tiene frente a sí el gobierno de Maduro consiste en acumular todos los recaudos –mapas, notas diplomáticas, documentos militares, declaraciones juradas, reportes de prensa y cualquier otro documento relevante desde la perspectiva de Caracas- que certifiquen la legitimidad del reclamo de Venezuela y les den a los magistrados de la CIJ suficientes elementos de juicio para tomar una decisión que no lesione los intereses venezolanos. Al menos no los perjudique de forma grave.

En las actuales circunstancias, el gobierno venezolano se encuentra en una situación de enorme debilidad. Desconoce la jurisdicción de la CIJ en relación con la controversia y está adoptando un conjunto de medidas cuyo propósito es anexionarse el territorio en disputa. Este comportamiento beligerante e, incluso, belicista, no conviene a los intereses nacionales, pues la aíslan y debilitan más de lo que ya está. Guyana cuenta con el respaldo de los países de la Caricom, de la Commonwealth, de Brasil y de Estados Unidos.  Hasta ahora, las naciones de la Unión Europea no se han pronunciado abiertamente a favor de ningún bando, solo se han limitado a llamar al diálogo y al entendimiento. Pero tal es el desprestigio internacional de Maduro, que podrían alinearse con Guyana.

El ambiente internacional desfavorece a Venezuela. Los errores de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con respecto a Guyana propiciaron este clima adverso. Además, Guyana ha mantenido a lo largo de décadas una política de poblamiento, acercamiento y colonización de esa zona, que no ha sido contrarrestada por Venezuela. Al contrario, desde 1999, cuando Chávez llegó a Miraflores, comenzó la renuncia sistemática al ejercicio de la soberanía en ese territorio.

Lo que Venezuela finalmente gane en este complicado proceso, solo podrá lograrlo apegada a la CIJ. Fuera de ella, lo único que obtendrá es el repudio internacional y una derrota diplomática y legal con un costo incalculable para la nación.

Trino Márquez

@trinomarquezc

El Gobierno de Nicolás Maduro ha venido señalando que los miembros de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –creada en 1945 en San Francisco, Estados Unidos- conforman un cuerpo parcializado en contra de Venezuela y a favor de Guyana, en la disputa territorial que ambos países sostienen desde hace más de un siglo.

No se sabe cuáles son las evidencias empíricas que posee el Gobierno de Maduro para sostener una denuncia tan grave contra el máximo tribunal de justicia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La única razón que se le ha escuchado al presidente es que el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, no contempla la intervención de la CIJ, sino solo mecanismos de negociación directa entre el Estado venezolano y el Estado guyanés. Sin embargo, en el artículo III del Acuerdo de Ginebra se le confiere al Secretario General de la ONU –en el caso de que el conflicto no pudiese resolverse por vía de las conversaciones bilaterales- la potestad de remitir la controversia a alguna de las instancias que, de acuerdo con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, permitirían solucionar el impasse de forma pacífica.

El Gobierno venezolano ha insistido en el diálogo directo y en la participación de buenos oficiantes, a pesar de que durante casi sesenta años han sido infructíferas las conversaciones bilaterales y los esfuerzos de mediación de al menos los dos últimos secretarios generales de la ONU: Ban Ki-moon y António Guterres. Este último, en vista de los persistentes fracasos y de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, decidió transmitirle el caso a la CIJ, órgano que se declaró competente para conocer el caso y tomar la decisión que considere convenientes.

En este momento el expediente se encuentra en La Haya. Ya Guyana presentó sus argumentos. El 8 abril le corresponde a Venezuela mostrar su contramemoria y refutar los testimonios señalados por Guyana. El punto fundamental reside en que Venezuela cuestiona el Laudo Arbitral de París de 1899, en el cual se consumó el despojo de casi 160.000 kilómetros cuadrados que conforman el terreno en reclamación. En la cita de París, Venezuela no tuvo un delegado directo, sino que la representación de sus intereses estuvo a cargo de un abogado norteamericano. Guyana, por su parte, se aferra a la tesis según la cual el único documento legítimo ese el firmado por Inglaterra y Estados Unidos, con la participación de un juez ruso quien presidió el tribunal.

Según numerosos testimonios, entre ellos los de uno de los delegados norteamericano, Inglaterra manipuló al tribunal para obtener una decisión que la favorecía en detrimento del precario gobierno venezolano de la época y de la nación suramericana. El gran reto que tiene frente a sí el Gobierno de Maduro consiste en acumular todos los recaudos –mapas, notas diplomáticas, documentos militares, declaraciones juradas, reportes de prensa y cualquier otro documento relevante desde la perspectiva de Caracas- que certifiquen la legitimidad del reclamo de Venezuela y les den a los magistrados de la CIJ suficientes elementos de juicio para tomar una decisión que no lesione los intereses venezolanos. Al menos no los perjudique de forma grave.

En las actuales circunstancias, el Gobierno venezolano se encuentra en una situación de enorme debilidad. Desconoce la jurisdicción de la CIJ en relación con la controversia y está adoptando un conjunto de medidas cuyo propósito es anexionarse el territorio en disputa. Este comportamiento beligerante e, incluso, belicista, no conviene a los intereses nacionales, pues la aíslan y debilitan más de lo que ya está. Guyana cuenta con el respaldo de los países de la Caricom, de la Commonwealth, de Brasil y de Estados Unidos. Hasta ahora, las naciones de la Unión Europea no se han pronunciado abiertamente a favor de ningún bando, solo se han limitado a llamar al diálogo y al entendimiento. Pero, tal es el desprestigio internacional de Maduro, que podrían alinearse con Guyana.

El ambiente internacional desfavorece a Venezuela. Los errores de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con respecto a Guyana propiciaron este clima adverso. Además, Guyana ha mantenido a lo largo de décadas una política de poblamiento, acercamiento y colonización de esa zona, que no ha sido contrarrestada por Venezuela. Al contrario, desde 1999, cuando Chávez llegó a Miraflores, comenzó la renuncia sistemática al ejercicio de la soberanía en ese territorio.

Lo que Venezuela finalmente obtenga en este complicado proceso, solo podrá lograrlo apegada a la CIJ. Fuera de ella, lo único que obtendrá es el repudio internacional y una derrota diplomática y legal con un costo incalculable para la nación.

Trino Márquez

@trinomarquezc

A pesar de los precarios resultados obtenidos por el régimen en el referendo consultivo del 3 de diciembre, esa cita colocó en manos del gobierno una bomba que podrá activar cuando lo desee, tal como ya hizo con el llamado a esa consulta, cuyo único propósito era reducir el impacto de la primaria del 22 de octubre y del claro triunfo de María Corina Machado, quien surgió de las urnas electorales como la líder indiscutible de la oposición.

En términos de la participación popular, la jornada del domingo pasado fue un fiasco. Los reportes desde todos los puntos del país indicaban que la gente no se había interesado por ir a expresar su opinión acerca del Esequibo. El lenguaje patriotero y las presiones sobre los empleados públicos, los jubilados y los humildes venezolanos que reciben alguna de las migajas que ocasionalmente reparte Maduro, no fueron suficientes para convencerlos. Ese resulta un tema demasiado alejado de las necesidades reales de los ciudadanos, ocupados en ver cómo sobreviven día a día, cómo consiguen la comida diaria en el país con la más alta inflación en alimentos de todo el planeta: 410% anual de acuerdo con el más reciente informe del Banco Mundial. Los ciudadanos están mucho más preocupados en ver cómo subsisten sin empleo, luz, agua, transporte colectivo y salud pública, que en recuperar un territorio que fue perdiéndose en manos de Chávez, primero, y luego, de Maduro.

Sin embargo, como suele ocurrir en los regímenes autoritarios, los resultados fácticos les importan muy poco a los mandatarios. Lo que realmente interesa es lo que el régimen hace con ellos. La forma como los presenta, los divulga y se aprovecha de ellos. Para eso poseen el control de las instituciones y de un amplio y variado aparato comunicacional que va modelando la visión de la realidad, no importa cuánto esta se acerque o se aleje de la verdad.

En vista del fiasco del domingo, lo primero que hizo el régimen fue utilizar al Consejo Nacional Electoral y a su presidente, el señor Elvis Amoroso, para presentar una cifra fraudulenta. Amoroso dijo que más de 10 millones de votantes se habían acercado a los más de 10.000 centros de votación en todo el país. Fue esa una manipulación grotesca de lo que había sucedido. Como el gobierno actúo sin contrapesos institucionales ni supervisores que resguardaran los votos ciudadanos, sobre todo los de quienes se pronunciaron por el NO, las evidencias quedaron reducidas a los reportes de los medios de comunicación y de los ciudadanos convertidos en reporteros de ocasión. Por fortuna, los medios de comunicación internacionales que se encontraban cubriendo el evento fueron testigos excepcionales de la estafa. Podemos suponer que los militares que dirigieron el Plan República y las bases del PSUV menos fanatizadas también deben haber tomado nota del naufragio de ese experimento. Fue la segunda derrota del régimen en menos de dos meses. El primer fracaso fue cuando la oposición organizó la primaria del 22-O. En esa ocasión, el gobierno aseguró que la cita encallaría porque la oposición carecía del músculo financiero y organizativo para llevarla adelante. La primaria fue un éxito fulminante. Esta herida trataron de sanarla con el referendo consultivo, pero no pudieron. Ahora Maduro y su gente cargan con el peso de dos derrotas en la antesala de la campaña presidencial que se realizará en 2024. A Maduro, tan convencido de que será el candidato del PSUV, podría enredársele el panorama. Las cifras de la mayoría de las encuestadoras no lo favorecen.

Con los resultados arrojados por el referendo consultivo, el problema pasa a ser cómo queda la relación del país con el Esequibo. La gente que votó supuestamente le dio un mandato categórico al gobierno: este está obligado a defender ese territorio por todos los medios a su alcance, debe someterse a los Acuerdos de Ginebra  de 1966, puede desconocer las competencias de la Corte Internacional de Justicia y crear el estado de la Guayana Esequiba, entregándoles ciudadanía y cédula de identidad venezolana a los habitantes de ese territorio. El gobierno de Maduro, tan irresponsable en todos los niveles, ahora tiene en sus manos una bomba de tiempo. ¿Cómo usará ese poder que los ciudadanos le entregaron en una votación minúscula? Todos los caminos están abiertos: desde escalar en las provocaciones armadas contra Guyana con el fin de tensar las relaciones, declarar el Estado de emergencia y suspender los comicios de 2024; o no acudir a la cita fijada para abril del próximo año en La Haya, en la cual a Venezuela le corresponde presentar la contramemoria y demostrar en la CIJ que el Laudo Arbitral de París, al que Guyana está aferrado, es írrito y significó una gigantesco despojo de unas tierras que Venezuela viene reclamando desde 1842. Las arbitrariedades comenzaron decretando la orden de captura contra un grupo de dirigentes políticos opuestos al referendo.

Desconocer la jurisdicción de la CIJ sería un grave error. Ya la situación de Venezuela es muy precaria porque Guyana no se ha sujetado a lo pautado en el Acuerdo de Ginebra, sino que ha aplicado una política de ocupación y poblamiento de facto, que en los hechos la ha convertido en la usufructuaria de la zona en reclamación. No es su territorio de derecho, pero sí de hecho. A esta circunstancia la comunidad internacional le concede un enorme significado. Si Venezuela pretende conseguir el respaldo internacional para su causa, tendrá que acudir a la CIJ con todos los recaudos que la acreditan como la legítima dueña de ese territorio.

El referendo convocado por Maduro fue un fracaso político manifiesto. Ahora a los venezolanos nos toca tratar de evitar que se convierta en un desastre diplomático que le cueste el Esequibo a Venezuela.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

Javier Milei se convirtió en el presidente electo de Argentina con una cómoda mayoría sobre su rival, Sergio Massa, el candidato peronista. Su discurso y sus propuestas irreverentes y rupturistas lograron atraer la atención de los millones de votantes que sufragaron por él. Este grueso volumen estuvo integrado por jóvenes desencantados con el sistema político y frustrados porque no ven opciones redentoras en los grupos que controlan el poder desde hace décadas; adultos mayores decepcionados porque la inflación les pulverizó los salarios o las míseras pensiones que reciben; trabajadores empujados a refugiarse en el incierto mundo de la informalidad. Cada sector tenía sus razones específicas para ver en Milei una alternativa de cambio y renovación.

El presidente electo ahora está obligado a cumplir las promesas que lo catapultaron al liderazgo del país. Ya no es el iconoclasta conductor de un programa radial en el que se dedicaba a destruir el sistema vigente, agredir a sus invitados e insultar a todo aquel que no comulgara con su ideario anarco capitalista. Ya no es el agitador poseído que proclama sin pagar ninguna consecuencia que el Estado tiene que reducirse al mínimo y que toda la responsabilidad debe recaer en la sociedad y en la iniciativa privada. Ahora se mueve en el espacio del Estado democrático donde operan ciertas leyes que debe respetar. Donde todos lo observan con atención y lo evalúan. Donde operan los partidos que lo adversan y los grupos de presión que defienden sus intereses particulares, tal como ocurre en todas las naciones democráticas complejas. Y Argentina es de las más tramadas.

Milei no cuenta con mayoría en el Congreso. Tendrá que construirla atrayendo a sus posiciones las capas del peronismo menos estatistas e intervencionistas. Construir la mayoría parlamentaria constituye un requisito indispensable para, por ejemplo, eliminar en un plazo de tres años el Banco Central, tal como lo propuso luego de su victoria. Durante la campaña electoral alguien le advirtió que no era posible llegar a la Casa Rosada y decretar la abolición de esa entidad. Ahora, se fijó un plazo relativamente largo para honrar su promesa. Tomó conciencia, primero, de que Argentina no cuenta con suficientes dólares; y, luego, que debe sanear la economía, poniendo las cuentas en orden. Aunque mantiene su oferta, al menos ha dado muestras de pragmatismo y realismo.

En donde ha exhibido una inexperiencia, combinada con soberbia, alarmante es en el plano internacional. Esta es una esfera en la cual la estridencia y los arrebatos resultan perjudiciales. Invitar a la toma de posesión a Jair Bolsonaro representa una provocación y una agresión a Lula da Silva y al Gobierno de Brasil. Bolsonaro, bajo el pretexto de un supuesto fraude, ¡siendo él el Presidente!, promovió el año pasado una rebelión sediciosa contra Lula, electo de forma tan democrática como lo fue Milei hace pocos días. Tensar las relaciones con el principal país de la región y uno de los principales socios comerciales de Argentina, implica mucho más que una imprudencia. Con respecto a China, ha dicho que no mantendrá relaciones con ese país ‘comunista’. Hay que aclararle que el régimen chino es autoritario e incluso totalitario, pero desde las reformas de Deng Xiaoping hace más de 40 años, dejó de ser comunista. La propiedad privada cada vez adquiere mayor peso dentro de la composición de PIB. Argentina necesita de un volumen masivo de inversiones que sostengan esa frágil economía. China podría ser un accionista importante. Una cosa es mantener relaciones equilibradas con el imperialista gigante asiático, y otra romper con él.

Su postura contra Nicolás Maduro hay que analizarla con cuidado. Ambos mandatarios se encuentran en los extremos del espectro político. La oposición venezolana tendrá que agradecerle a Milei que, a diferencia de Alberto Fernández, Argentina dejará de ser un aliado internacional del gobernante venezolano. Sin embargo, la mayor contribución de los presidentes latinoamericanos que apoyan el retorno a la democracia en Venezuela, consiste en tenderle un cerco diplomático a Maduro que vaya presionándolo, hasta obligarlo a cumplir con los acuerdos alcanzados en Barbados, cuya cláusula fundamental se refiere a la convocatoria de elecciones libres, competitivas y supervisadas por la comunidad internacional. Para alcanzar ese propósito, me parece más conveniente el consenso y los acuerdos entre países con gobiernos de distintas tendencias. La confrontación abierta con Maduro planteada por Milei, solo llevará a la polarización de los mandatarios de la región. En este contexto, Maduro podría lograr la solidaridad de varios gobernantes y reafirmar su propensión a impedir unos comicios justos. La excusa ideal sería el eventual recrudecimiento de las sanciones. Resulta más útil la posición conciliadora del Reino de Noruega y de los países amigos de Venezuela, que la beligerancia expresada por Milei.

La mayoría de los argentinos se pronunció por Javier Milei. Le deseo suerte a ese país tan hermoso y solidario con los venezolanos que han emigrado.  Le doy el beneficio de la duda al Presidente electo, con todas las reservas que el personaje me produce. Estoy convencido de que deberá ajustarse a las leyes de la política si quiere lograr el éxito.

 
@trinomarquezc

Las nuevas camadas de dirigentes empresariales que han asumido la conducción de los distintos gremios y asociaciones en las que se organiza ese sector han establecido una clara línea de demarcación con la dirigencia protagonista de los sucesos del 11 de abril de 2002 y del paro cívico de 2002-2003. Esta última camada de líderes enfrentó sin ambigüedades los devaneos comunistas y autocráticos de Hugo Chávez. Fue la época en la que el país entendió que la “refundación” de la República a la cual el comandante se había referido durante la campaña electoral de 1998, no era otra cosa que conducir el país por el camino cubano y reproducir en Venezuela el mismo modelo totalitario impuesto por Fidel Castro en la isla antillana.

Es comprensible que los nuevos dirigentes empresariales se distancien de figuras como Pedro Carmona y Carlos Fernandes, entre otros líderes que intentaron cubrir, sin éxito, el vacío dejado, luego de su declinación, por Acción Democrática, Copei y, en mucho menor medida, por el Movimiento al Socialismo y otras agrupaciones de izquierda.

La sociedad venezolana de repente se encontró ante el proyecto hegemónico concebido por Fidel Castro y Hugo Chávez, en ese orden. Para encararlo, echó mano de los instrumentos más engranados disponibles: Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), las dos confederaciones más poderosas de la nación. Esas organizaciones pasaron a ser las guardianas de la democracia, de la propiedad privada –seriamente amenazada–, de la libre iniciativa y de la libertad en el más amplio sentido de la expresión. El fracaso de esa élite empresarial y sindical cuando desafió las pretensiones dictatoriales de  Castro y Chávez, no se debió tanto a que cometió un error en el diagnóstico y el análisis de la situación, sino a que fue incapaz de medir con suficiente claridad los límites de sus propias fuerzas. Se dejó dominar por el pecado de la soberbia. Desechó los aportes que podían darle los dirigentes más curtidos de los partidos que, a pesar de atravesar una crisis severa, contaban con la suficiente experiencia y conocimiento para sortear las dificultades que entrañaba oponerse a dos enemigos letales como el comandante venezolano y el déspota cubano.

No niego, entonces, que los actuales dirigentes gremiales deban andar con cuidado cuando declaran o conceden entrevistas a los medios de comunicación. El terreno en el cual se mueven está minado. La cultura antiempresarial de muchos jerarcas del régimen sigue siendo arraigada. Se debaten entre el guevarismo y el pragmatismo chino, que entendió con claridad que la actividad económica mientras más libre sea, más riqueza crea.  Al hablar en público, los empresarios están obligados, en primer lugar, a defender los intereses de sus agremiados. Ese espíritu realista es comprensible y plausible.

Lo que no comparto es la zalamería de algunos dirigentes con el Gobierno y, especialmente, su falta de compromiso con la democracia, la libertad en sentido amplio y el Estado de derecho.  Parecieran tenerle un miedo cerval al régimen. No se atreven a hablar de las condiciones generales, contextuales, que requiere un país para crecer de forma integral, sostenida e inclusiva. El miedo se convierte en terror cuando se refieren al tema de las sanciones internacionales. Ya muy poca gente está de acuerdo con que Estados Unidos y la Unión Europea le apliquen penalizaciones al régimen, a pesar de todos los desafueros que ha cometido y sigue cometiendo.

Sin embargo, esos líderes deberían saber que siempre resulta útil acotar que las inversiones se dirigen de forma preferente y masiva hacia los países donde impera el Estado de derecho; los tribunales poseen autonomía; la sociedad, a través de los medios de comunicación privados e independientes y de las agrupaciones civiles, pueden denunciar los abusos del gobierno y fiscalizar su acción; se da la alternancia en el poder porque se convocan elecciones libres, sin presiones ni exclusiones, cuyos resultados son acatados y respetados. En esas naciones la actividad económica aumenta porque sus élites inspiran confianza, factor esencial para que las sociedades prosperen, según demuestran todos los indicadores e informaciones de los que se dispone en la actualidad.

 
Trino Márquez 

A los dirigentes empresariales –estoy refiriéndome a los verdaderos emprendedores, no a los que han amasado su fortuna a la sombra del Estado chavista–  no hay que exigirles que se comporten como líderes políticos. Esto sería repetir el error que hace dos décadas les costó muy caro a ellos y al país. Pero tampoco se les debe aceptar que actúen como si vivieran en Narnia y ellos fueran hobbits.

Venezuela está atravesada de desequilibrios, falencias y déficits en todos los sentidos. La claque que se empotró en Miraflores hace un cuarto de siglo, después de haber destruido la economía y las instituciones del país, pretende seguir gobernando eternamente en medio del deterioro generalizado. Los dirigentes empresariales no pueden aislarse ni ignorar este contexto. Sin enfrentarse abiertamente al Gobierno, sí deben abogar por cambios que conviertan a Venezuela en una nación más amigable, equitativa y libre. La democracia debemos defenderla todos.

@trinomarquezc

Los sorprendentes resultados de la primaria desquiciaron la poca cordura que les quedaba a los jerarcas del régimen. Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, entre otros personajes, le vendieron a Nicolás Maduro la idea de que la consulta sería un fracaso. Que colapsaría por el peso de la ineptitud de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria (CNP); la ausencia del Consejo Nacional Electoral (CNE); la escasez de recursos financieros; el acoso y las amenazas a los miembros de mesa y a quienes habían facilitado los locales; y por el hostigamiento contra los ciudadanos, que ejercerían los colectivos el día de la votación.

Todos esos cálculos propios de las mentes autoritarias, se estrellaron contra la realidad que se vivió el 22 de octubre. La gente de todos los estratos sociales –clases medias, populares y sectores pobres- salieron a votar con entusiasmo y decisión. Los ciudadanos soportaron largas colas, la falta repentina de boletas en algunos centros desbordados por el flujo de votantes y la precariedad de numerosos lugares dispuestos para el sufragio. No hubo barrera que los detuviera. La movilización se registró en Caracas, en Maracaibo y en numerosos centros urbanos y rurales, incluso en áreas tradicionalmente dominadas por el oficialismo.

Quienes habían convencido a Maduro de que no corría ningún peligro al permitir que la primaria se realizara y que, por lo tanto, el Acuerdo Preliminar de Barbados podía firmarse sin preocupaciones de ningún tipo, fueron desmentidos por los hechos. El día domingo, los desconcertados ya no eran solo el responsable de la negociación en Barbados y el conductor de Con el mazo dando, sino el propio Nicolás Maduro y su esposa, la señora Cilia Flores.

Vistos los resultados tan desconcertantes, había que inventar un ardid que no dejara tan descolocado al régimen. Jorge Rodríguez comenzó a actuar como esos subalternos que le prometen al jefe cumplir una misión, y luego del fracaso apelan a argumentos extravagantes para intentar justificar el fiasco. Entre todos ellos tramaron un supuesto fraude que la CNP habría cometido contra el país.

En términos estrictamente lógicos, esa acusación carece de sentido. Si hubiese habido tal fraude, lo más sensato por parte del Gobierno era dejar que la oposición persistiese en el error, para que, con unas cifras infladas, la dirigencia llegara la conclusión equivocada de que puede vencer a Maduro en los comicios de 2024.  Además, se trataba de un tema interno que solo le incumbe a la oposición, tal como se estableció el Barbados.

Sin embargo, como el problema que le preocupa al régimen no es salvaguardar la pulcritud de las consultas electorales, ni resguardar los derechos políticos de los venezolanos –como cínicamente dicen los dirigentes del PSUV, coro al que se sumó el fiscal Tarek William Saab-, sino anular el enorme impacto alcanzado por la primaria y el glamoroso triunfo de María Corina Machado, decidieron violar todas las normas del sentido común y, sobre todo, colocar en la picota el pacto firmado en Barbados, en el que se comprometieron a promover unas elecciones competitivas y transparentes, con supervisión internacional.

El régimen comprendió exactamente lo sucedido el 22-0. Palpó el enorme descontento existente en la población. El deseo indetenible de cambio y cómo María Corina Machado encarna esa aspiración de reforma y rescate de la nación y la democracia. Los maduristas están conscientes de lo que esta conexión afectiva significa. Ya lo vivieron en 1998, cuando Hugo Chávez logró personificar el hastío de la gente frente al modelo predominante a finales del siglo XX. Esa fuerza liderada por Chávez se convirtió en tromba incontenible. Precisamente, lo que ahora el Gobierno quiere evitar es que ese fenómeno se repita veinticinco años después, con una dirigente que se encuentra en las antípodas del comandante. Por eso, necesitan desdibujar cuanto antes el poderoso mensaje emitido el pasado domingo: el país está hastiado del Gobierno y eligió la líder que puede impulsar los cambios que se necesitan para salir del foso en el que nos hundieron .

La casta gobernante, aferrada al poder y sus privilegios, ve con terror que sus días en Miraflores podrían estar contados si dejan que la primaria quede arraigada en la conciencia popular, como signo de lo que el pueblo puede lograr cuando se decide y se le ofrece una opción factible de cambio.

Como estaba previsto, a partir del 22-0 se inició una nueva etapa de luchas y conquistas. El régimen no podrá ocultar la realidad, aunque la niegue o intente distorsionarla. No le servirán las mentiras, ni los Pitágoras recién vestidos que hacen cálculos excéntricos para intentar demostrar que no votaron dos millones y pico de personas, sino «apenas» 600.000. La primaria fue un triunfo resonante. De allí surgió María Corina como la gran vencedora. Ahora, a ella le corresponderá dar los giros convenientes para –junto a todos los factores que la respalden– convertirse en la candidata oficial de la Unidad democrática.

En términos inmediatos, debemos apoyar a Jesús María Casal, al resto de los miembros de la CNP y de las juntas regionales y a Súmate, para protegerlos de la saña del régimen. Realizaron una extraordinaria labor que el país les agradece.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

En la Venezuela de los últimos veinticinco años siempre es posible toparse con sorpresas desconcertantes. La última la dio el Gobierno en Barbados hace pocos días: se reunió con la oposición en presencia del Reino de Noruega y representantes de otros países para suscribir un pacto en el que, en realidad, se transcriben casi literalmente los principios democráticos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), acerca del compromiso del Estado de respetar los derechos democráticos de las organizaciones y dirigentes políticos, así como de su obligación de velar por el resguardo del derecho de los venezolanos a participar, sin ninguna clase de coacciones o restricciones, en los procesos electorales, esenciales para la conformación de los Poderes públicos en una democracia republicana.

En Barbados la oposición tuvo que suscribir un acuerdo que subraya lo obvio. Lo que nunca debió haberse puesto en tela de juicio. Pero así son las cosas con la gente que ha dirigido el país desde 1999. No mucho más puede esperarse de un régimen que pretende convocar un referendo para preguntarle a la gente si el territorio en disputa con Guyana pertenece o no a Venezuela.

Del acuerdo importa destacar que la única oposición reconocida por Nicolás Maduro y demás jerarcas del régimen es la agrupada en torno a la Plataforma Unitaria. Todas las demás “oposiciones”, como les gusta decir a Maduro y su entorno, quedaron relegadas. No cuentan con la aceptación real del gobierno ni de los factores internacionales en los cuales este se apoyó para retomar el Memorando de Entendimiento firmado en México hace ya bastante tiempo. Este reconocimiento despeja y simplifica el panorama dentro del campo opositor. Precisa los contornos de dos interlocutores claramente definidos: el gobierno, por un lado; y la Plataforma Unitaria, por el otro.

Queda claro también que, a pesar de que Maduro y su gente parecieran haberse acostumbrado a sobrevivir con las sanciones internacionales, estas ejercen un enorme peso, causan grandes preocupaciones y provocan déficits que no pueden ser cubiertos por el auxilio económico de China e Irán. Nicolás Maduro necesita dotarse de una fuente segura y estable de recursos para proveerse de mayor autonomía financiera. Requiere exhibir resultados concretos para la próxima campaña electoral. Estos solo podrán lograrse si dispone de más dinero proveniente de la actividad petrolera y gasífera, atadas ambas a los designios de Estados Unidos. Aquí se produce una conjunción muy sólida de intereses: la Casa Blanca necesita el crudo venezolano y acercar al régimen de Maduro a este lado del planeta, alejándolo del área de influencia de China, Rusia e Irán; y Miraflores requiere que la industria petrolera crezca de nuevo para que los petrodólares vuelvan a circular en ingentes cantidades, especialmente durante la venidera campaña electoral.

La primaria se preservó como método de selección del candidato unitario. Se disiparon las dudas y sospechas que hacían temer por su realización. El régimen se comprometió a no liquidarla introduciendo a última hora un recurso ante el Tribunal Supremo que la anulara.

Todos estos componentes constituyen aspectos positivos del acuerdo. Avances con relación a un acercamiento entre la oposición y el gobierno que estaba congelado y parecía haberse esfumado para siempre. Junto a estos signos claramente afirmativos, existen otros que quedaron flotando en las nebulosas y solo el tiempo dirá si podrán alcanzarse. El más importante es el de la inhabilitación de María Corina, la única aspirante inhabilitada que compite en la primaria y que, de acuerdo con todas las encuestas, será la ganadora de esa consulta. María Corina es como una especie de kryptonita para el régimen. No quiere acercarse a ella, pues la líder de Vente Venezuela ha logrado captar y potenciar el descontento popular como ninguna otra figura política nacional. Es la dirigente más apreciada y respetada por los venezolanos. En cualquier competencia libre y equilibrada, tal como señala el acuerdo parcial, le ganaría a Maduro. Hablar sin eufemismos de “inhabilitados” es referirse a María Corina. Por eso entiendo que el tema no haya sido incluido en el documento final. Después de la primaria vendrá una dura batalla para hacer valer frente a los organismos del Estado madurista su legitimidad como aspirante a la Presidencia de la República. Ese será otro ciclo de exigencias, negociaciones y conquistas.

También quedó por precisar el delicado tema de los presos políticos y los derechos humanos, área donde el régimen ha recibido una verdadera felpa desde hace bastante tiempo, tanto en Naciones Unidas como en la Corte Interamericana. Este será, desde luego, uno de los capítulos que habrá que abordar en las nuevas rondas de negociaciones.

El acuerdo parcial quedó inconcluso, sin duda alguna, pero, hasta nuevo aviso, hay que apoyarlo por completo. Gerardo Blyde y su equipo se han ganado ese respaldo. Veremos qué pasa el próximo domingo en la primaria. Los invito a votar.

 Trino Márquez

En la Venezuela gobernada por el madurismo, subclase del chavismo, cualquier acto convocado por la oposición es sometido a la amenaza, la persecución y el chantaje. Basta que los sectores opositores manifiesten su deseo de convocar una concentración, una marcha o, en este caso, la decisión de elegir el candidato unitario a través de la consulta popular, para que se activen todos los mecanismos de intimidación, violencia y coacción con los cuales cuenta el gobierno. Inmediatamente los opositores entran en el terreno de la incertidumbre: ¿podrá convocarse la marcha?; ¿hasta dónde la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional dejarán llegar a los manifestantes? La respuesta a esta clase de preguntas siempre queda en las nebulosas. Las autoridades responsables de despejar las interrogantes propician los rumores para mantener la confusión.

Con motivo de la primaria, la ambivalencia se ha exacerbado. Faltan menos de tres semanas para el 22 de octubre y nadie puede asegurar con total certeza que la votación convocada por la Plataforma Unitaria, bajo la rectoría de la Comisión Nacional de Primaria, se  realizará en esa fecha sin contratiempos, dentro del clima de normalidad democrática que prevalece en la mayoría de las naciones de América Latina  y el mundo occidental.

El Consejo Nacional Electoral, después de cinco meses de haber recibido una comunicación en la que la CNP solicitaba apoyo técnico, dio una respuesta tardía e insatisfactoria, en la que proponía el apoyo logístico a la cita, con la condición de que los comicios se realizaran un mes después de la fecha fijada. Necesitó casi un semestre para terminar diciendo –luego de que la CNP había solucionado un amplio conjunto de escollos- que estaba dispuesto a cooperar si la comisión se sometía al caprichoso  cronograma del organismo comicial. Por supuesto que la respuesta de la Plataforma Unitaria tenía que ser negativa. El nuevo CNE, en el cual prevalece de forma descarada el oficialismo, debía aparecer en el escenario para cooperar con el proceso de consulta, no para torpedearlo.

Frente a la categórica y lógica  réplica de la Plataforma Unitaria, a través de la CNP, el CNE presidido por Elvis Amoroso –verdugo de María Corina Machado, Henrique Capriles y Luis Superlano- ripostó en tono de chantaje que el organismo cúpula del Poder Electoral tiene la “competencia exclusiva” para organizar la Primaria. Esta forma arrogante de responder no es inocente, como nada de lo que hace el oficialismo.

La amenaza deja filtrar que si la Primaria no es con el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, órgano garante de la ‘legalidad bolivariana’, podría adoptar la decisión de suspenderla. De ese modo, el CNE le estaría transfiriendo al TSJ la responsabilidad  de abortar el proceso. La democracia quedaría preservada. El TSJ haría la corrección jurídica. Castigaría, ‘ajustado a Derecho’, a los díscolos opositores que no terminan de entender que el Estado constitucional bolivariano debe ser respetado. De paso, por allí se reactivó ese oscuro personaje llamado Luis Ratti, para insistir en que está esperando la respuesta del TSJ acerca de su impugnación a la primaria. La comunicación del CNE y la solicitud del señor Ratti podrían ser la oportunidad que el Poder Judicial está esperando para intervenir prohibiendo “legalmente” la convocatoria.

En esas zonas opacas se mueve el régimen. En este momento debe de estar sacando cuentas y planteándose interrogantes. ¿Cómo continuar negociando  con los opositores que fueron a México -con la mediación de Estados Unidos- sin tener que suspender la Primaria? ¿Se mantendrán operando en Venezuela Chevron y las otras empresas si el Gobierno decide acabar con la consulta opositora? ¿Qué ocurrirá con las sanciones internacionales si resuelve apretar las tuercas y darle una patada a la mesa?

De la ambigüedad y dilemas del régimen, la oposición debe tomar ventajas. La suspensión arbitraria de la Primaria debido a que la Plataforma Unitaria no acepta la participación del CNE, tendría un costo elevado para Maduro y su gente. Ellos saben que sus aliados internacionales pueden brindarles apoyo político, pero no financiero. La reciente visita de Maduro a China fue un fracaso económico. En 2024, el régimen necesitará dinero fresco para repartir. ¿De dónde va a sacarlo? En el horizonte solo se ve el negocio petrolero, en el cual Estados Unidos posee la clave.

Las complejas y exitosas elecciones en la UCV, donde se eligieron varios cientos de representantes a los organismos del cogobierno universitario, además de las autoridades rectorales y decanales, se realizaron sin la presencia del CNE. Así es que no resulta inevitable el apoyo de ese organismo para la primaria.

La única “competencia exclusiva” del CNE reside en garantizar la democracia protagónica mencionada en la Constitución. La Primaria representa un acto democrático soberano de la sociedad civil empoderada. El gobierno tiene que respetarla.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Simón, la película dirigida por el joven cineasta Diego Vicentini –con la activa participación como productor de Marcel Rasquin, quien dirigió Hermanos, la cinta que impactó a los venezolanos hace un poco más de una década–, además de sus indudables virtudes cinematográficas por la dirección tan acertada, el guion tan bien tejido, las sólidas actuaciones de sus protagonistas, la música y su producción general, invita a reflexionar acerca de lo ocurrido en 2017 en Caracas, cuando numerosos jóvenes, especialmente estudiantes, enfrentaron a un régimen que se había ido haciendo cada vez más arbitrario, represivo y totalitario.

Ese movimiento estuvo precedido por las protestas de 2014, ‘La Salida’, y especialmente por el desconocimiento por parte del régimen de la voluntad popular en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, que le había concedido una clara victoria a la oposición, al punto de obtener la mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional, lo cual le permitiría –en el marco de la Constitución-  rediseñar los Poderes del Estado que se derivan de ese foro: El Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Moral (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo) y el Consejo Nacional Electoral.

Nicolás Maduro y su grupo desconocieron ese triunfo, optando por anular la elección de los tres diputados opositores de Amazonas, con lo cual esta bancada perdió la mayoría calificada y la posibilidad de renovar las autoridades al frente de los Poderes Públicos. Además, le exigió al TSJ aprobar una ley económica especial que le otorgaba al Ejecutivo todas las atribuciones para legislar en esa área y dejaba sin competencias en ese terreno a los diputados de la AN recién electos. Como esto le pareció insuficiente, Maduro –otra vez con la complicidad del TSJ- convocó una constituyente que estuvo presidida por Diosdado Cabello. Con esta decisión terminó de sepultar el categórico triunfo opositor de 2015.

Mientras esto ocurría en el plano legislativo y jurídico, en el campo económico y social se agudizaba la crisis iniciada en  2014, cuando los precios internacionales del petróleo cayeron de la cima alcanzada años antes, cuando el crudo había escalado hasta $130 dólares por barril. Este desplome tomó al Gobierno sin recursos. Chávez y Maduro habían dilapidado los gigantescos ingresos petroleros en dádivas a Cuba, en proyectos inviables con Odebrecht y en una gigantesca corrupción esparcida por todo el sector público. El Gobierno se quedó sin recursos para atender la educación, la salud y el resto de los servicios públicos. Aparecieron los primeros brotes alarmantes de escasez, desabastecimiento e inflación. El éxodo de los venezolanos hacia el exterior comenzó a cobrar fuerza.

Simón no se pasea por este marco que señalo de forma escueta. No tenía por qué hacerlo. Sin embargo, me pareció importante trazar estas pinceladas de lo que ocurría en 2017 porque de otro modo no puede entenderse la desesperación,  furia y temeridad  de los jóvenes que se enfrentaron al régimen aquel año. Esa lucha desigual, asimétrica, dejó más de cuarenta jóvenes asesinados. Muchos fueron encarcelados, torturados, tuvieron que esconderse y huir o perdieron la vista. La película constituye una reflexión acerca de lo ocurrido durante  esos meses.

Simón se aproxima al tema, no tanto con el propósito de  exaltar y honrar la valentía de esos jóvenes que entregaron su vida, salieron lesionados o la pusieron en riesgo, sino con el fin de invitar a analizar lo que significa luchar con escudos de cartón o de plástico contra tanquetas acorazadas y guardias nacionales blindados. Simón muestra un aparato estatal concebido para ejercer la coerción, reprimir de manera brutal, violar la dignidad y los derechos humanos. Presenta un enorme dispositivo despersonalizado que forma parte sustancial del gran negocio –según señala el principal esbirro, interpretado por Franklin Virgüez- que significa saquear un país que cuenta con cantidades inagotables de petróleo, gas, hierro y minerales preciosos.

Los jóvenes en la película se debaten entre quienes reconocen que no podían lograr la victoria porque se trataba de un enfrentamiento desigual, movido por la fuerza del deseo, pero sin profundidad organizativa; y quienes se sienten frustrados porque consideran que no hicieron lo suficiente y creen que era necesario ser más abnegado, combativo y persistente para alcanzar la victoria. A pesar de que el protagonista termina pidiendo asilo en Estados Unidos, la cinta no llega a ninguna conclusión. Las opciones quedan abiertas. El espectador debe realizar su propia síntesis.

Para mí queda claro que el régimen instalado en 1999 no puede derrotarse a partir del romanticismo, voluntarismo e idealismo que conduce a librar enfrentamientos disparejos en las calles del país, sino a construir de forma disciplinada y sostenida organizaciones políticas, gremiales, sindicales y, en general, sociales, con expresión electoral cuando los comicios se presenten. Sería muy bueno que los dirigentes opositores vean la película. Podrán derivar muchos aprendizajes.

A Simón la asumo como la derrota del romanticismo en política.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

Con frecuencia distintos dirigentes de la oposición subrayan que se mantendrán en la ruta electoral a pesar de los desafueros del Gobierno. Esas recurrentes declaraciones están influidas por el fantasma de la abstención en las elecciones legislativas de 2005, que le permitió a Hugo Chávez apoderarse de la Asamblea Nacional e imponer el Estado autoritario que fue consolidándose con el paso de los años. Otro factor decisivo fue la abstención masiva en los comicios presidenciales de 2018. Henri Falcón, para ese momento distanciado del chavismo, fue el único dirigente que se atrevió a competir con Nicolás Maduro en las arbitrarias elecciones convocadas por la constituyente presidida por Diosdado Cabello. Los jefes del PSUV acusaron a la oposición de abstencionista y de buscar una vía distinta a los comicios para impulsar el cambio de Gobierno.

Una suerte de complejo de culpa debido a esos errores tortura el alma de numerosos líderes opositores. Se sienten obligados a insistir en su convicción de que la vía electoral es la única ruta legítima para lograr las transformaciones que la nación requiere.

Hay que superar esa etapa culposa. Llegó el momento de pasar a la ofensiva. Desde hace casi dos décadas los únicos que creen genuinamente en la importancia del voto, la consulta popular y la democracia son los sectores opositores, con sus matices y diferencias. En cambio, el régimen conspira constantemente contra la democracia representativa y participativa, y contra el significado que la Constitución le confiere al voto como expresión de la voluntad popular.

No voy a contar la historia que muchos conocen. Sin embargo, para no remontarme  a los inicios de la era chavista, voy a recordar lo ocurrido con la Asamblea Nacional electa en 2015. Este foro democrático fue atenazado y anulado por los órganos del Estado controlados por el PSUV, en especial por el TSJ. La cúpula del Poder Judicial llegó al extremo de mantener durante seis años al estado Amazonas sin representación parlamentaria, con el fin de impedir que se formalizara la mayoría absoluta que los votantes del país les habían concedido a los diputados opositores. Luego, legalizó la existencia de ese esperpento llamado Constituyente, electa en 2016, que se convirtió en un ente paralelo a la Asamblea Nacional, único órgano legislativo legítimo previsto en la Carta Magna.

Las tropelías antidemocráticas y antielectorales del régimen han recobrado fuerza con motivo de la organización de la elección primaria organizada por la Plataforma Unitaria para elegir el candidato que la representará en la cita de 2024. El régimen ha activado diversos mecanismos de chantaje, intimidación y descalificación contra un proceso absolutamente democrático, legal y legítimo. Mientras en Argentina el gobierno peronista, primo hermano del gobierno de Maduro, respeta la Constitución al promover y financiar con recursos públicos las Primarias Amplias, Simultáneas, Obligatorias (PASO), el régimen venezolano obstaculiza la marcha de la consulta.

El régimen amenaza a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria con encarcelarlos porque supuestamente el origen de los recursos financieros es opaco. Cierra locales comerciales o establecimientos donde los aspirantes realizan actos proselitistas o simplemente van a cenar. Inventa bulos, magnifica diferencias naturales entre los aspirantes o desinforma a la población. Mantiene inhabilitadas a las figuras más populares. Pareciera que la Primaria constituye una inmensa conspiración contra el Estado, cuando en realidad se trata de un episodio rutinario en cualquier democracia. En el ‘odiado’ imperialismo norteamericano los demócratas y los republicanos organizan sus respetivas primarias sin sobresaltos de ninguna naturaleza.

El torpedeo constante a la Primaria no ha tenido el éxito esperado. El proceso ha seguido su curso a pesar de los contratiempos. El Gobierno se equivocó al pensar que implotaría porque la oposición era incapaz de organizarla debido a sus diferencias y limitaciones. El tiempo para valerse del TSJ con la finalidad de ilegalizarla o ‘inhabilitarla,’ está acabándose. Además, de ser cierto que hay en marcha una negociación en medio de bambalinas entre el Gobierno y la Oposición, con el arbitraje de Estados Unidos, las posibilidades de que Maduro fulmine esa consulta se reducen notablemente. No puede haber diálogo si el régimen dinamita la Primaria, el principal instrumento de la oposición para lograr su representante unitario en la próxima elección presidencial.

La cúpula madurista está intentando salirse del rumbo democrático. Aspira a construir un canal electoral ‘legal’ por el cual circular sin problemas ni sorpresas desagradables. La oposición tendrá que persistir en su estrategia, señalando que el régimen es el único que conspira contra la democracia y las elecciones.

 Trino Márquez

@trinomarquezc