Como suele ocurrir con Nicolás Maduro, su campaña se ha movido entre dos extremos. Anuncia y firma acuerdos en los cuales se compromete a promover una campaña en paz, equilibrada y competitiva, mientras lo que en realidad fomenta es el psicoterror, la violencia y la desigualdad. Como si nadie lo conociera y fuese necesario divulgar su imagen, su figura invade los espacios públicos en todo el país. La publicidad en torno a su reelección copa las redes, la radio, la televisión y los pocos diarios y revistas que aún quedan. Sin embargo, ese derroche de propaganda ha resultado un fracaso. La suya ha sido la peor campaña desde que la publicidad, y no los partidos, empezaron a tener un papel decisivo en la proyección de los candidatos presidenciales.

A Maduro no le ha parecido suficiente saturar con anuncios la atmósfera del país. Además, ha apelado a la persecución y encarcelamiento de los adversarios, y al hostigamiento de todo aquel que se aproxime a Edmundo González, a María Corina Machado y a la Plataforma Unitaria. En esta estrategia basada en el miedo, ha incluido amenazas con terremotos, cataclismos y toda clase de calamidades si él pierde las elecciones, tal como indican todas las encuestadoras serias que operan en Venezuela. En la larga cadena de vaticinios catastróficos que ha formulado, el más peligroso es el que augura un “baño de sangre” si él abandona Miraflores. Este anuncio fue tan preocupante, que el curtido presidente Lula da Silva se sintió alarmado, al punto de que llamó públicamente a su colega venezolano a la sindéresis que exige una responsabilidad tan elevada como es el ejercicio de la presidencia de la República. Para Lula –lo mismo que para Gabriel Boric– el candidato que gana una elección democrática se queda en el cargo al que aspira; y si pierde, se va, y se prepara para una nueva competición. Así de sencillo. Sin traumas ni imposturas.

El agudo comentario del presidente de Brasil –secundado por el expresidente de Argentina Alberto Fernández, ambos militantes de la izquierda democrática– fue tratado, al comienzo, con desprecio por Maduro. Mandó a tomar una taza de manzanilla al mandatario brasileño. Luego, le pidió a su hijo Nicolás (Nicolasito) que le respondiera a través de El País. En esa entrevista con el periódico español, Nicolasito dijo que, si perdían los comicios, el gobierno admitiría la derrota.

De todo el clima de confusión que Maduro ha estimulado, ha quedado el temor acerca de lo que pueda ocurrir la noche del 28 de julio y madrugada del 29. Una jornada que debería estar signada por la tranquilidad, el respeto y la aceptación –tal como sucede en todos los países con sistemas democráticos bien asentados– ha estado acompañada por la angustia y el desasosiego. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrirá al final de la jornada. Este clima de sospechas y dudas no ha sido casual, sino producto de un guion concebido para que los votantes sientan temor de su propia fortaleza como ciudadanos con derecho a elegir quién presidirá el Estado durante los próximos años.

En este ambiente de incertidumbre fabricada, la Fuerza Armada Nacional tiene la obligación de respetar y hacer respetar los resultados que emanen de las urnas de votación. El Plan República se encuentra bajo la coordinación de la FANB. Esa institución sabrá exactamente qué ocurrirá en los centros de votación. Será testigo de cómo se manifiesta la voluntad soberana de la gente. Su cercanía al proceso y su protagonismo la comprometen a defender el voto de los ciudadanos, tal como establece la Constitución Nacional y la Ley de Procesos Electorales. El gobierno no se atreverá a pasar por encima de lo que los electores decidan, si no cuenta con el apoyo –o, mejor dicho, la complicidad- de la institución armada.

El poderoso movimiento social que se ha formado en todo el país, desde los sectores más pobres hasta las clases medias más acomodadas, denota que el pueblo venezolano está dispuesto a defender su victoria porque significa el comienzo del rescate de la democracia y de la reconstrucción económica, social e institucional de Venezuela.

María Corina y Edmundo González han repetido en numerosas oportunidades que su compromiso es con el cambio democrático, pacífico, electoral y constitucional. María Corina ha dicho estar dispuesta a defender el triunfo del pueblo con su propia vida.

Henrique Capriles vio esfumar su liderazgo nacional porque muchos venezolanos se convencieron, de forma equivocada, que no había resguardado con valentía su supuesta victoria frente a Maduro en la elección de abril de 2013. Esa idea se instaló en la conciencia de millones de sus seguidores, a pesar de que Capriles nunca estuvo por delante en las encuestas y los sondeos de opinión daban un empate técnico entre ambos aspirantes.

Ahora, la situación es diametralmente opuesta: las encuestadoras indican una diferencia abismal, apuntalada por los apoteósicos actos en todo el país del tándem González-Machado.

A la FANB hay que exigirle que cumpla con su obligación y no defraude al pueblo. Así evitará cualquier ‘baño de sangre’.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Los maduristas se sienten los amos del poder y actúan en consecuencia con un desparpajo insultante. Creen que Venezuela les pertenece por el hecho de considerarse revolucionarios. Pretenden que su fuente de legitimidad no sea el voto popular, sino el uso ilegítimo de la violencia. A partir de esa visión deformada y enfermiza, atropellan a la oposición con total desvergüenza e impunidad.

Entre los actos más aberrantes que se han visto en la historia de los últimos años, se encuentra el homenaje que le rindió la Asamblea Legislativa del estado Aragua, controlada por el oficialismo, a las tres mujeres que insultaron e intentaron golpear a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia en un popular restaurante de Las Tejerías. El mismo régimen que se ufana de promover acuerdos para, supuestamente, promover la paz, fomenta el terror y la agresión continuamente.

La desmesura de las mujeres aragüeñas forma parte de la interminable cadena de amenazas y chantajes a los que apela la reducida minoría representada por el gobierno de Nicolás Maduro, que convirtió la coerción en su forma predilecta de hacer política y desarrollar la campaña electoral.

Maduro dice, delante de un grupo de oficiales y soldados, que habrá una revuelta militar si él no es reelecto por segunda vez, y que –como si estuviésemos en los tiempos de la Guerra Federal- los apellidos no volverán a gobernar Venezuela. Freddy Bernal, el incompetente gobernador del Táchira, afirma que si la oposición obtiene el triunfo, el nuevo Presidente no durará ni un año, pues la presión del madurismo será de tal magnitud, que ese frágil gobierno caerá como un castillo de naipes. En numerosas oportunidades Diosdado Cabello ha señalado, al igual que Maduro, que no entregarán Miraflores ni por las buenas ni por las malas. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB se declara chavista a rabiar.

Una parte importante del Estado se  alineó para hacerles sentir a los venezolanos que es peligroso votar por Edmundo González. Que deben sentir un enorme miedo de expresar su voluntad libremente y obtener una victoria que dé inicio a la recuperación de la democracia y la reconstrucción integral y sostenida del país.

El madurismo pretende que los votantes sientan temor de su propia fuerza. De sus propias posibilidades de impulsar la trasformación nacional mediante el voto. Busca crear un ambiente de psicoterror para que la gente se inhiba de votar por el cambio. Aspira que los votantes se imaginen escenarios catastróficos en el caso de que Maduro pierda la consulta del 28 de julio.

En este plano, el madurismo sigue los patrones tradicionales impuestos por la izquierda atrasada y autoritaria en Cuba y Nicaragua, sólo que en estos dos países el proyecto hegemónico totalitario se impuso, mientras que en Venezuela no lo logró, a pesar del dominio ejercido durante un cuarto de siglo.

En Venezuela, la oposición agrupada en torno de la Plataforma Unitaria Democrática y el liderazgo de María Corina y la candidatura de Edmundo González, ha logrado sobrevivir, fortalecerse y conducir al régimen a la cita del 28J, porque nuestra tradición democrática nació hace noventa años, cuando Juan Vicente Gómez murió, luego de 27 años de haber conservado con puño de hierro su larga tiranía. Las instituciones del orden democrático, entre ellas los partidos políticos, se fraguaron en esa época. Esa larga historia -más las enseñanzas dejadas por la dictadura de Pérez Jiménez y el balance de los errores cometidos en el enfrentamiento contra Chávez y Maduro- ha servido para que el país haya acumulado suficiente fuerza para impedir que el proyecto hegemónico que ha intentado imponer el chavismo-madurismo termine por implantarse.

Desde mediados de 2023, especialmente a partir de la elección Primaria, la sociedad venezolana ha venido manifestando un claro deseo de cambio. Esa aspiración no se ha quedado en el reino de las nebulosas, sino que se expresa de distintas formas: las impresionantes manifestaciones que acompañan a Edmundo González y a María Corina en todo el país, en las cuales tanto los aspirantes como los ciudadanos han vencido todos los obstáculos que les han colocado; la organización de los ciudadanos en ‘comanditos’; el uso de las redes para transmitir la información que el CNE se niega a difundir; la preparación colectiva para encarar la jornada del 28J.

Por todos lados se observa la resiliencia de una sociedad que no ha sucumbido frente a la presión del régimen, ni ha dejado arrollarse por la minoría que proyecta eternizarse en el poder. La fortaleza macerada a lo largo de casi un siglo será la que triunfe el 28J. La arrogancia de los maduristas será derrotada. Pronto comenzará un nuevo ciclo democrático.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Faltan cuatro semanas para la elección del 28 de julio. Impulsada por el gran éxito de la primaria en octubre del año pasado, la expectativa en torno a esa fecha ha crecido de forma sostenida desde el último trimestre de 2023. Hacia mediados del año pasado, la cifra de interesados en sufragar en los comicios previstos para 2024 apenas llegaba a 50% del total de los electores. Ahora, el número se acerca a 70%, con tendencia a aumentar. Para el día de la consulta, entre 75% y 80% podría acudir a votar. La persistente y costosa  estrategia del régimen de fomentar la abstención entre los opositores no le funcionó. La gente se ha dado cuenta de que mientras más alta sea la población que acuda a las urnas, mayor será el margen con el cual triunfe Edmundo González, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, quien ha formado un excepcional tándem con María Corina Machado. Los ciudadanos que aspiran que el país cambie han cobrado conciencia de la importancia de un triunfo categórico, incontrovertible, para minimizar la posibilidad de que el régimen cometa un fraude o desconozca los resultados.

Hasta ahora no se sabe cuál fue el nivel real de participación ciudadana en el simulacro de votación efectuado el domingo 30 de junio, organizado por el CNE y rodeado de puntos rojos, disimulados de azul con el fin de intentar confundir. Sin embargo, algunas de las lecciones más importantes que quedan de ese evento son las siguientes: el proceso de votación es muy sencillo y rápido, y los electores dispuestos a votar por Edmundo González deben estar atentos porque en el tarjetón la primera fila aparece cubierta con la cara de Nicolás Maduro, mientras que el rostro del Edmundo González quedó rodeado por las caras de Maduro y de algunos alacranes.

El CNE no tendrá excusas para no informar en las primeras horas de la noche del 28J al país y al mundo entero, que ese día estará pendiente de lo que ocurra en Venezuela, acerca de los resultados de la consulta. Cualquier retraso tendrá que encender todas las alarmas nacionales e internacionales, pues en los mentideros oficialistas podría estarse planificando una maniobra para ignorar el mandato popular.

El simulacro de votación, además, fue otro paso dado por el Gobierno con el fin de evidenciar que la cita del 28J se realizará con todos los candidatos aceptados por el CNE hace casi tres meses. En este grupo está incluido Edmundo González. Resulta importante subrayar este dato porque han sido persistentes los rumores acerca de una eventual inhabilitación o bloqueo de la tarjeta electoral de la MUD, la organización que postuló a Edmundo González y a la cual se adhirieron Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento Por Venezuela (MPV). De ocurrir ese exabrupto, por una decisión arbitraria del TSJ, González quedaría fuera de la contienda.

El propio candidato de la PUD ha advertido de esa posibilidad. Considero que, aunque esa desmesura podría darse –a pesar de que estemos en la fase final del proceso- la probabilidad real de que ello suceda es remota. De adoptarse una decisión tan arbitraria como esa, el costo político y económico que pagaría el Gobierno sería altísimo. El desprestigio internacional de Maduro, desesperado por lograr algún grado de legitimidad internacional, aumentaría hasta la estratosfera. Las supuestas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para retomar los acuerdos de Doha –de las cuales Maduro tanto ha alardeado- se romperían inmediatamente y en micropartículas.

El régimen durante las semanas que faltan hasta el 28J lanzará numerosas provocaciones: amenazará a dirigentes, encarcelará activistas, hablará de magnicidios, acusará a los opositores de tramar planes terroristas. Pasará de una acusación a otra sin que sus denuncias tengan ningún soporte o lógica, por elemental que esta sea.

La campaña de Maduro no posee perfil propio. Carece de una consigna impactante y de objetivos claros que unifiquen a sus seguidores. El candidato a la segunda relección luce desgastado por décadas de ejercicio incompetente del poder. En vez de hablar de los beneficios del pasado, se refiere a planes estrambóticos para el futuro. Sus proyectos son tan extravagantes que no logran magnetizar ni siquiera a sus seguidores más incondicionales. Solo puede echar mano de la represión y la intimidación.

Venezuela se encuentra en la dulce espera, al igual que las primerizas durante el último mes del embarazo. Para asegurar que el alumbramiento llegue a feliz término hay que organizarse, votar y defender el voto.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Los veinticinco años de control ideológico y político que el régimen ha ejercido sobre la Fuerza Armada Nacional, llamada Bolivariana desde las reformas de Hugo Chávez, está evidenciándose con estridencia durante las recientes semanas. Ya no se trata sólo de que la institución armada se declara abiertamente ‘chavista’ y se refiere a Chávez como ‘Comandante Eterno’, en una manifestación pomposa de culto a la personalidad, sino que ahora miembros del Alto Mando se pronuncian abiertamente a favor de la reelección de Nicolás Maduro. Ese comportamiento impropio de algunos altos jefes del estamento militar tiene que ser objeto de escrutinio y análisis público, tal como debe ocurrir con el desempeño de toda institución financiada con fondos públicos, cuyo desenvolvimiento impacta la vida ciudadana.

Dos episodios recientes, de los muchos que podrían mencionarse, ilustran la parcialización política de algunos miembros de la alta jerarquía militar. Uno es el mensaje a través de la red social X –antigua Twitter-  del general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, en el que ese oficial se hace eco de una información falsa según la cual María Corina Machado estaría planteando privatizar la FANB y desmantelar el Cicpc y la Dgcim. Además de dar por cierta esa supuesta información, agrega un comentario cuestionando a MCM. A Hernández Lárez se le demostró que el mensaje era falso. Que se trataba de un montaje malintencionado con el propósito de descreditar a la dirigente política, principal referencia popular del candidato Edmundo González Urrutia. Sin embargo, el general no tuvo la delicadeza de retirarlo de la red ni presentar alguna excusa por el evidente error.  Su finalidad era lesionar la imagen de MCM y, por extensión, del aspirante de la Plataforma Unitaria.

El otro evento está representado por la intervención del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, el 24 de junio en el Campo de Carabobo, con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la batalla que selló la independencia de Venezuela. La intervención del ministro, al lado del jefe de Estado, fue abierta y deliberadamente a favor de la continuidad de Maduro en Miraflores, en clara violación de la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

No debería ser necesario recordarles a los miembros del Alto Mando militar que bajo su responsabilidad se encuentra la eficaz ejecución del Plan República, uno de cuyos objetivos fundamentales consiste en garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas de votación en todos los procesos electorales en los que el CNE convoque a la Fuerza Armada. Ahora bien, como esa norma republicana algunas veces parece olvidarse, conviene traerla a colación para que no se les olvide. También es importante refrescarles la memoria para que tengan siempre presente que la Constitución aprobada por Hugo Chávez, calificada por él mismo como ‘la mejor Constitución del mundo’, establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce… indirectamente, mediante el sufragio” (Art.5); y que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre democrático, participativo,… electivo,… pluralista y de mandatos revocables” (Art. 6).

Venezuela, como la gran mayoría de las naciones latinoamericanas, no debe contar con una democracia tutelada por los militares.  La sujeción del Estado y la Sociedad al estamento militar es un resabio de la era premoderna, de la Venezuela rural, sometida a los caudillos militares regionales. Esa etapa debería quedar definitivamente superada. Actualmente no es así porque Chávez se encargó de militarizar el Estado y la Nación, convirtiendo la FAN en una suerte de guardia pretoriana del presidente de la República. Acabó así con casi un siglo de profesionalización del estamento militar y su plena incorporación al sistema republicano y democrático.  Ahora, la institución castrense está obligada a realizar una revisión interna que le permita retornar al antiguo esquema: Ser baluarte del Estado constitucional basado en el respeto inquebrantable al Estado de derecho, a la Democracia y a las instituciones del orden republicano.

La Fuerza Armada Nacional en diciembre de1998, cuando Hugo Chávez obtuvo su primera victoria, había derrotado a la guerrilla profidelista que intentó subvertir el orden democrático en la década de los años sesenta del siglo pasado. Esa misma FAN sofocó los dos intentos de golpes de Estado promovidos por Chávez en 1992. Sin embargo, cuando el antiguo jefe de las asonadas militares decidió someterse a las reglas democráticas y participar en la campaña electoral de 1998, obteniendo la victoria, la institución castrense obedeció el mandato popular, a pesar de las dudas y temores de algunos de los altos mandos.  Esa fue una lección de institucionalidad de los oficiales de la época.

Un cuarto de siglo después se repite una historia similar: La inmensa mayoría del pueblo desea un cambio en la conducción del país y un nuevo Gobierno. El Alto Mando está obligado a acatar la voluntad popular.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Los gobiernos democráticos de América Latina saben que, como lo expresó María Corina Machado, la contienda electoral venezolana “no es un proceso justo, limpio ni libre”. Desde que se realizó la Primaria, pocos días después de la firma del acuerdo de Barbados, el régimen ha mostrado su rostro más opresivo y cínico. La coerción ha ido golpeando a distintos sectores sociales. En la primera fase, a finales de 2023, se limitó a intimidar y atacar los dirigentes más prominentes y a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Ahora el abanico se abrió y las víctimas van desde dirigentes de Vente Venezuela y distintos integrantes del comando de campaña de María Corina y Edmundo González, hasta humildes vendedoras de empanadas y dueños de modestos hoteles y hospedajes donde se detiene la comitiva del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática y la líder nacional opositora en su recorrido por el país.

La maquinaria del Estado se alineó para sembrar pánico entre los electores y proyectar una imagen de solidez de la que el Gobierno carece.  Nicolás Maduro y el PSUV colocaron en un plano muy subalterno la persuasión, dedicándose a mostrar sin rubor los colmillos de la coerción.

En Venezuela, las elecciones no son libres ni justas porque el candidato de la Unidad, María Corina, los grupos que los acompañan y gran parte de la población, están sometidos al constante asedio del régimen; a la descalificación y persecución de los activistas; al chantaje a quienes reciben las limosnas del Gobierno; a las declaraciones amenazantes de miembros del Alto Mando militar, que intervienen de forma impropia y sesgada en el escenario político.

Los detalles de ese ambiente tan hostil tienen que conocerlos los presidentes y gobiernos de la región. Para eso cuentan con embajadores en Venezuela. Especialmente, Gustavo Petro y Lula da Silva seguro están muy bien informados. Sin embargo, ambos decidieron no enviar a Venezuela observadores para la cita del 28 de julio, aunque aplaudo que Lula en una reciente conversación telefónica con Maduro le haya insistido en la necesidad de respetar los acuerdos de Barbados y aceptar observadores internacionales. ¿Entonces, por qué él no los envió?

El argumento esgrimido por Petro, expresado a través de su Canciller, resulta insólito. El embajador dijo ante los medios de comunicación que no había tiempo para preparar una delegación que cumpliera con los requisitos técnicos exigidos por Venezuela. La pobreza del razonamiento es insultante. ¡Ni que se tratara de participar en las elecciones en la India, donde votan más de seiscientos millones de personas y los comicios duran seis semanas!

Petro está acostumbrado a dar giros acrobáticos. Un día se declara partidario de promover el entendimiento entre el gobierno de Maduro y la oposición, y el otro, se desentiende olímpicamente de la suerte de la democracia venezolana, a pesar de conocer las condiciones tan adversas en la que transcurre la lucha de la oposición, y los esfuerzos que realiza para que el Gobierno y el CNE respeten la Constitución y la Ley de Procesos Electorales, ambos textos aprobados por ellos mismos hace ya bastante tiempo.

La decisión de Petro se produjo pocos días después de que el CNE, por orden del Gobierno, retirara la invitación a la Unión Europea para participar, en calidad de observadora, durante la jornada del 28-J. Ese comportamiento hay que asumirlo como un espaldarazo al desplante de Maduro. A pesar de la constante ambigüedad del mandatario colombiano, no deja de sorprender su conducta, pues si algún país se verá seriamente afectado por un eventual –aunque poco probable- triunfo de Maduro, es Colombia. En la actualidad, cerca de dos millones y medio de venezolanos viven en esa nación. De ganar Maduro, el éxodo sería aún mayor y el impacto sobre la sociedad colombiana más profundo del que se observa en la actualidad.

Petro y Lula son las dos figuras más sobresalientes de la izquierda latinoamericana. Su papel el 28-J y las horas y días posteriores será crucial para que Venezuela no se desestabilice. Esperemos que la decisión de no enviar observadores a Venezuela no obedezca a una componenda con el régimen, sino sea producto de un error en la evaluación de lo que sucede en nuestro país y de lo que podría ocurrir a partir de la consulta comicial. Por ahora, Maduro debe estar muy contento. A la negativa de Petro y de Lula, hay que contraponer el entusiasmo de los gobiernos de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Cuba, primos hermanos del gobierno de Maduro. Estos, animados por la invitación de Venezuela, enviarán delegaciones para ver cómo funciona ‘el mejor sistema electoral del mundo’.

De nuevo se demuestra que los venezolanos, a través del compromiso con el cambio, la conducción del liderazgo nacional y la organización popular, somos los únicos capaces de garantizar la recuperación de la democracia y la reconstrucción nacional.

Trino Márquez

@trinomarquezc

La oposición agrupada en torno de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado adelanta la campaña electoral en las peores condiciones registradas desde 1999. Es una cruzada heroica en la que se lucha en dos campos distintos, aunque complementarios entre sí.

El primer frente está formado por el gobierno y el Estado construido por el chavismo-madurismo a lo largo de un cuarto de siglo de ejercicio hegemónico del poder. Debido a que por primera vez desde que llegó a Miraflores el régimen encara unas elecciones en las que luce claramente perdedor, está utilizando de forma descarada todos los mecanismos a su alcance para minimizar e invisibilizar a Edmundo González y a María Corina, las dos figuras que encarnan las esperanzas de cambio.

Sin dejar a de arremeter contra Edmundo González, el ensañamiento se ha dirigido especialmente contra María Corina. Sabe que es la líder más importante del país. La persona que sintetiza el descontento y a la vez la esperanza de transformación. Los medios oficiales la ignoran, y cuando se acuerdan de ella es para acusarla de delitos inventados en las salas situacionales del madurismo. La persecución se extiende a los dueños de los modestos hoteles donde se alberga en sus giras por el interior o a los humildes restaurantes donde junto a sus acompañantes se reúnen para comer. No existe espacio donde la paranoia y el rencor madurista no se expresen con insolencia.

En su reciente visita a Apure, María Corina tuvo que sortear toda clase de dificultades para llegar a San Fernando y, a partir de allí, visitar los pueblos de un estado abandonado desde hace muchos años por el régimen, que ahora acaricia la posibilidad de redención. Esa fe en el futuro permitió que María Corina –con la ayuda de la gente- evadiera las alcabalas y todas las demás barreras levantadas por el oficialismo, y se conectara con el pueblo que la recibió con entusiasmo desbordado.

El hostigamiento directo a María Corina se combina con el ensañamiento contra su entorno más cercano. A los miembros de su comando de campaña refugiados en la Embajada de Argentina desde hace más de dos meses, aún no se les ha otorgado el salvoconducto que les permitiría abandonar la sede con destino al país sureño. A la diputada Dignora Hernández y a Henry Alviárez se les ha negado el derecho a comunicarse con sus abogados privados.

El cerco a María Corina también se enlaza con acciones de carácter más general: asedio permanente y cierre de medios informativos que el régimen vincula con la oposición y, ahora, la discusión en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley inquisitorial orientado a controlar las organizaciones no gubernamentales, con el fin de acallarlas y someterlas a la voluntad del Gobierno. No parece casual que la condena a los miembros de la llamada Operación Gedeón –entre 20 y 30 años- haya sido anunciada precisamente por esos días, cuando la campaña electoral comienza a cobrar bríos y las encuestas, respaldadas por los paupérrimos actos de masas, señalan que la popularidad de Nicolás Maduro se arrastra por el piso.

A las embestidas del régimen contra la Plataforma, María Corina y Edmundo González, hay que añadir las agresiones laterales contra la Unidad. Me refiero a los flechazos provenientes del «alacranato», como se le llama a ese sector que pretende presentarse formando parte de una oposición «civilizada», cuando en realidad es un aliado objetivo de Miraflores. Para los miembros de esa claque (excluyo a Enrique Márquez, un aspirante con méritos propios), el verdadero enemigo no es la casta que durante veinticinco años ha destruido al país, sino Edmundo González y María Corina, su compañera de fórmula, quienes supuestamente representan a la derecha rancia, apátrida y proimperialista. Sus integrantes no enfrentan dificultades para desplazarse en aviones comerciales o por carreteras, llegar a hoteles, celebrar reuniones en locales comerciales o comer en los restaurantes que les place. A ellos el régimen no los persigue. A Maduro, ellos le resultan perfectamente funcionales. Proyectan la imagen de amplitud que el oficialismo aspira de forma obsesiva. Por supuesto, esos candidatos no representan ningún peligro para su reelección. Entre todos no llegan ni a 8% en la intención de voto. El electorado los ha castigado porque traicionaron la Unidad e introdujeron una cuña en los deseos de cambio de los venezolanos.

Hasta ahora, la Plataforma Unitaria, Edmundo González y María Corina han logrado llevar adelante una campaña épica. Falta un poco más de dos meses para llegar al 28 de julio. El heroísmo de la dirección política hay que combinarlo con la eficacia organizativa y el activismo popular. El compromiso de la gente con el proyecto de cambio democrático está viéndose en toda la nación. Resulta indispensable mantenerlo y potenciarlo.

Trino Márquez

@trinomarquezc

La Plataforma Unitaria Democrática ha realizado una extraordinaria labor desde su fundación, poco después de desaparecer la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en 2018. Las diez organizaciones que la integran      –claramente enfrentadas al régimen- han logrado mantenerse cohesionadas a pesar de sus diferentes enfoques.

Desde hace varios años, la PUD logró el reconocimiento internacional de los gobiernos que aspiran que la democracia retorne a Venezuela y las elecciones populares vuelvan a ser la fuente de legitimidad de los poderes públicos. Durante este período, los vínculos de la alianza con el Gobierno de Nicolás Maduro han pasado por momentos de enorme tensión, que fueron disipándose sin que el grupo se fragmentara. La etapa más crítica fue cuando la Asamblea Nacional electa en los comicios parlamentarios de 2015 –dominada por la oposición- decidió designar a Juan Guaidó presidente interino, con el fin de cubrir el vacío legal creado por la elección ilegítima de Maduro en la cita electoral de 2018, cuando se realizó la elección presidencial convocada por la Asamblea Constituyente presidida por Diosdado Cabello. Fue esa una etapa de máxima crispación en el ambiente político interno y gigantesca presión sobre Maduro en el plano internacional. Más de cincuenta países en el mundo reconocieron el interinato de Guaidó.

De esa convulsión surgió la necesidad de buscar algunos mecanismos de entendimiento y mediación entre el Gobierno –condenado y aislado en el contexto internacional- y la oposición agrupada en la PUD, que reclamaba el retorno a la normalidad democrática y el restablecimiento de las garantías constitucionales en el ámbito electoral. El Reino de Noruega asumió la iniciativa de convertirse en mediador y promotor de una instancia de diálogo entre Gobierno y Oposición. Desde aquellos primeros pasos hasta el presente los escenarios de esos encuentros han variado. Gobierno y PUD se han reunido, además de en Noruega, en México, República Dominicana y Barbados. En cada una de esas convocatorias, bajo la mirada atenta de los gobiernos testigos y acompañantes, se han firmado documentos, memorandos de entendimiento y acuerdos, luego ignorados o violados olímpicamente por el régimen. A pesar de los desplantes, allí se han mantenido los negociadores de la PUD. Ha permanecido Gerardo Blyde, el jefe de la delegación opositora, encarando las insolencias del oficialismo y las críticas del bando más radical de los opositores que, sin proponer ninguna alternativa factible, señalan que con la “dictadura no se negocia”.

De esas conversaciones truncadas y algunas veces decepcionantes, surgió el compromiso firmado en Barbados de cumplir el mandato constitucional de realizar la elección de 2024, respetando algunas de las normas básicas de toda elección democrática. Una de ellas, que la oposición pudiese seleccionar su propio candidato. Es cierto que María Corina Machado, electa en la Primaria del año pasado, fue inhabilitada de forma ilegal, y que luego Corina Yoris, la elegida por MCM para sustituirla, fue rechazada por el CNE sin que existiese ninguna razón para reprobarla. Sin embargo, gracias al temple de la PUD, al final Edmundo González Urrutia pudo inscribirse como representante de la oposición unida. En torno al diplomático de carrera se ha aglutinado la línea opositora que no contemporiza ni se deja comprar por el Gobierno.

Hoy Maduro se encuentra cada vez más atrapado en medio de un proceso que no quería y contra el cual ha conspirado de múltiples formas: ignorando los convenios firmados; persiguiendo a dirigentes que se negaron a convalidar documentos que consideraban abusivos (este es el caso de Julio Borges, quien  no aceptó suscribir el texto presentado por el régimen en República Dominicana); persiguiendo a miembros del comando de campaña de MCM; impidiendo que los venezolanos en el exterior se inscribieran en el Registro Electoral;  y creando de numerosas formas un ambiente turbio y pesado en torno a la cita del 29 de julio. Ahora, las circunstancias están llevando a Maduro a enfrentarse con González Urrutia, con apenas 20% de aceptación popular y con una oposición que no se atomizó en un archipiélago de alacranes, como él pretendía, sino con un aspirante que representa más de la mitad de los votantes, indignados por la ruina del país y porque se les negó el derecho a votar por MCM, la líder popular que emergió con fuerza arrolladora en los últimos años.

La tríada conformada por la Plataforma Unitaria, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no surgió del azar, sino de una paciente reflexión de la dirección política opositora en torno a los errores cometidos en el pasado, entre ellos el abstencionismo y la prepotencia, y de la definición de una estrategia que coloca el acento en la conveniencia de subrayar las zonas de encuentro y acuerdos.

Bajo la conducción de la PUD, el trabajo incansable de María Corina Machado y el aplomo de Edmundo González Urrutia, será posible comenzar a reconstruir la democracia y el país.

@trinomarquezc

Nicolás Maduro no encuentra la forma de elevar el apoyo del pueblo. La incompetencia y corrupción del régimen, produjeron un divorcio con libelo entre Maduro y los ciudadanos. Ahora su desafío consiste en mantenerse en el poder sabiendo que representa una minoría muy reducida y que, además, carece de los recursos financieros que le permitirían atraer votos y despertar cierto entusiasmo. La opción que le va quedando se reduce a incrementar la represión contra sus adversarios hasta límites que causen terror entre los dirigentes y activistas de la oposición, e intentar construir una leyenda en torno a su liderazgo, basada en su decisión de enfrentar la corrupción de sus propios camaradas y su valentía para desmantelar golpes de Estado, conjuras y magnicidios.

La represión contra sus contendientes ha venido aumentando de forma continua. Los militantes de Vente Venezuela y Primero Justicia, y los dirigentes sindicales y gremiales son sus favoritos. Ya que no puede detener ese torbellino llamado María Corina Machado, que se desplaza por el interior del país con una fuerza avasallante, arremete contra los activistas que organizan las movilizaciones de la dirigente. Su reciente gira por el estado Portuguesa dejó como saldo varios líderes regionales apresados por el Sebin, acusados de terrorismo. ¡Sí, de terrorismo! En un recorrido en el que la violencia la puso el Gobierno. Bajo la misma acusación insólita se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela varias personas del comando nacional de MCM, entre ellas Magalli Meda, jefa del equipo. Hay que sumar a esta lista las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas de Rocío San Miguel, Dignora Hernández y Henry Alviárez, entre muchos otros opositores castigados por el Gobierno.

En otro plano, el régimen ha golpeado duro al ya debilitado movimiento sindical y gremial, que exige respetar las convenciones colectivas e incrementar los miserables salarios que ganan los trabajadores. El ‘presidente obrero’ ha aplicado una política antiobrera como nunca antes se había visto en Venezuela. Su estrategia antiinflacionaria ha tenido como uno de sus ejes el control drástico de los incrementos salariales, con la finalidad de contraer la demanda y contener la subida de los precios. Aunque el salario mínimo y, por lo tanto, las pensiones del Seguro Social se mantienen congelados en Bs. 130 ($3.5), el 1 de mayo se decretó el aumento del sueldo mínimo integral a $130, lo cual compensa un poco la erosión del poder adquisitivo.

La represión y persecución de los militantes opositores, se ha combinado con el desmantelamiento de la red de corrupción en torno a Pdvsa y las criptomonedas. Esa investigación ha dado resultados sin duda plausibles, aunque extrañamente tardíos.  Los jefes de esa vasta operación de saqueo de los recursos públicos debían ser descubiertos y castigados con todo el rigor que exige el daño patrimonial causado a la nación. Sin embargo, a medida que van conociéndose los detalles del caso, va quedando claro que además del ataque a los corruptos más depredadores, el Gobierno buscaba saldar cuentas con Tarek El Aisami y la banda que pretendía arrebatarle el poder a Nicolás Maduro. Aquí es donde se produce el parto con fórceps. Con la intención de desacreditar a conocidos dirigentes de la oposición, algunos de los cuales se encuentran en Venezuela y otros en el exterior, el Gobierno está estableciendo unos vínculos artificiales.

Maduro, a través del Fiscal, se refiere a una conspiración orientada a derrocarlo mediante un golpe insurreccional. El giro se ve forzado. El acercamiento de líderes opositores con antiguos adversarios, que entran en conflicto con los subordinados de quienes detentan el poder es de los hechos más comunes en la historia política. Incluso, sucede con más frecuencia en los modelos autoritarios. Hay que recordar que en los meses previos al golpe del 4F, Hugo Chávez y otros conjurados establecieron contactos con personas que habían detentado cargos importantes durante el período democrático. El madurismo oculta esos episodios.

Ahora, el Gobierno trata de empantanar a la oposición en complots con el fin de enrarecer el clima electoral, asociando partidos de la Plataforma Unitaria con proyectos alejados de la vía electoral. La intención luce clara. Podrán decir: ‘con quienes conspiran contra la democracia (la de ellos) resulta imposible ir a comicios’. Por allí se abre la brecha para perseguir, acusar e ilegalizar a quienes supuestamente participaron en la conjura. La oposición saldría descalificada, mientras Maduro aparecería como el líder triunfante. La víctima que no se deja acorralar por sus enemigos.

Leyendas rocambolescas como las que están urdiendo alrededor de la corrupción de Pdvsa y la traición de El Aisami a Maduro, las veremos con frecuencia en los meses que restan hasta el 29J.

La oposición tendrá que estar preparada para encarar todas las calumnias, amenazas, detenciones y desapariciones forzosas de las que el régimen echará mano en su vano intento de evitar la derrota en las votaciones de julio.

La represión sistemática es la única forma de intentar triunfar con solo 20% de apoyo popular.

@trinomarquezc

El CNE aceptó finalmente la renuncia del gobernador Manuel Rosales a la candidatura presidencial y el respaldo a Edmundo González Urrutia (EGU) por parte de Un Nuevo Tiempo (UNT) y del Movimiento Por Venezuela (MPV), luego de la presión internacional desatada contra Nicolás Maduro durante las horas previas al cierre del plazo para modificar el tarjetón electoral. Hasta la tarde del 23 de abril aún no se sabía si la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –la de la manito- iba a ser inhabilitada por la Sala Electoral del TSJ, si EGU quedaría sin partido que lo postulara y si Manuel Rosales sería la única opción real de la oposición para participar en los comicios del 28 de julio. El suspenso era total. Los rumores y conjeturas elevaron la tensión al máximo. Parecía que estábamos en medio de una película de Alfred Hitchcock.

El Gobierno se inhibió de cumplir los pronósticos por las providenciales intervenciones ese mismo día de los presidentes de Brasil           -Lula da Silva-, de Chile –Gabriel Boric-, del canciller de España –José  Manuel Albares- y de Francisco Palmieri –representante de Estados Unidos para las relaciones con Venezuela-;  además, por la presencia en Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) -Karim Khan- y de la comisión de expertos electorales de la ONU dispuestos a participar como observadores en los comicios de julio.

Todos esos factores se alinearon para lograr que Maduro le ordenara al CNE la admisión de EGU como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), derecho que previamente le negó a María Corina Machado y a Corina Yoris. El costo de desconocer las opiniones de los actores que habían mediado en la crisis habría sido demasiado elevado para el régimen, especialmente en el momento actual que las sanciones petroleras han recrudecido y podrían agravarse en el futuro cercano, cuando el Gobierno necesita proyectar la imagen de estabilidad y prosperidad económica, a través del populismo al cual echa mano en cada campaña comicial.

Si no surgen nuevas y repentinas ‘sorpresas’, puede decirse que la oposición cuenta con un candidato oficial para la cita del 28J. La escogencia de EGU, diplomático de larga carrera, como candidato unitario presenta varias ventajas importantes.

Fue elegido de forma unánime por las diez organizaciones que componen la PUD. Quedó demostrado que la alianza se tomó en serio la tarea de consultar, dialogar, limar asperezas internas y alcanzar un acuerdo estratégico. La ecuanimidad con la cual la PUD encaró las dificultades y los tropiezos fue una evidente demostración de que ese sería el estilo de gobernar Venezuela en el futuro.

La unanimidad alcanzada refleja que MCM, máxima líder de la oposición, participó en el debate y estuvo de acuerdo con el acuerdo. Puede suponerse que EGU fue asumido por MCM como otra versión de Corina Yoris, con la ventaja que en el proceso de selección del hoy candidato intervinieron de forma más activa las organizaciones integrantes de la PUD. Lo cual le da mayor representatividad a Edmundo González Urrutia.

La selección del abanderado presidencial no produjo desgarraduras internas en la PUD y la unidad se preservó y fortaleció. Manuel Rosales contribuyó a esa cohesión al apoyar el acuerdo, retirar su candidatura y ofrecer la tarjeta de UNT al aspirante electo. El gobernador cumplió con lo prometido, dejando mal parados a sus detractores.

Quedó de manifiesto que, a pesar de todas las restricciones e inconvenientes impuestos por el régimen –especialmente el bloqueo de MCM-, la PUD pudo elegir su propio candidato. No fue Nicolás Maduro y sus aliados quienes lo impusieron.

Se evidenció que, así como en circunstancias tan adversas la PUD pudo organizar y cristalizar con enorme éxito la Primaria de octubre 2023, igualmente se encuentra en condiciones de diseñar y desarrollar una campaña presidencial exitosa en 2024.

MCM deberá entrar en una nueva y decisiva fase. Ella constituye un factor clave en el éxito de la campaña electoral y en la victoria del candidato que respaldó, con el fin de rescatar por la vía electoral la democracia y el bienestar nacional.

A partir de ahora, todos los demócratas deben fortalecer la nominación de EGU. En sus primeras intervenciones públicas, el aspirante se ha proyectado como un estadista. Una persona aplomada, alejada del histrionismo dominante durante un cuarto de siglo, que llama sin exclusiones a la paz, la reconstrucción del país y la unidad nacional.

La sindéresis está retornando. La visión global de Venezuela y el Estado están reapareciendo. Ahora, el compromiso consiste en lograr que haya valido la pena que Edmundo González Urrutia sea el candidato unitario contra viento y marea.

@trinomarquezc

El régimen instalado en Miraflores hace un cuarto de siglo considera su continuidad como una especie de derecho adquirido. Un beneficio basado en el dominio de la Fuerza Armada y las demás instituciones del Estado, logrado tras décadas de control. La casta gobernante niega la alternancia en el poder y desprecia el voto popular como instrumento para elegir las autoridades de los poderes públicos. Viola constantemente la Constitución que ellos mismos aprobaron por amplia mayoría en 1999.

Con el paso de los años mantener la hegemonía se les ha ido complicando cada vez más. Nicolás Maduro no posee el carisma de Hugo Chávez, ni el caudal de petrodólares en el cual navegó el comandante, regalo divino que le permitió aplicar políticas populistas diseñadas para comprar y deslumbrar a las masas. Chávez durante un cierto período pudo ganar elecciones sin verse obligado a recurrir a amenazas, extorsión y fraude. En algunos momentos su popularidad llegó a superar 70%. Maduro no posee ese encanto. Solo lo une al caudillo fallecido su apetito insaciable y el goce obsceno que él y su camarilla sienten por el poder. Maduro está frente al reto de preservarse en la cúspide con el respaldo de menos de una cuarta parte de la población.

Por el lado opositor, el desafío se centra en hacer valer el peso de la inmensa mayoría que rechaza al Gobierno –cerca de 80%- por su inconmensurable ineptitud, pero que no cuenta con grandes partidos; ni con federaciones, sindicatos y gremios poderosos; ni con un movimiento estudiantil que actúe como factor de agitación; ni con una sociedad civil bien tramada capaz de proteger sus derechos. En estas condiciones de debilidad, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y María Corina Machado (MCM) les exigen a los jerarcas del régimen que se ajusten a lo establecido en las leyes, especialmente a lo señalado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).

Aunque la presión internacional es intensa, no se ve factible que Maduro admita concurrir a unos comicios competitivos y justos, como aparece señalado en los acuerdos de Barbados. Sin embargo, tampoco le está resultando fácil repetir la historia de 2018, cuando le ordenó al CNE fabricar un traje a la medida de sus ambiciones. En esta ocasión son muchos los sectores afectados. Los gobiernos de la región serán los primeros perjudicados si Maduro decide imponer su voluntad de por las malas, más allá de lo que ya lo ha hecho.

En las elecciones del 28 de julio es posible que la oposición triunfe y que se inicie la transición hacia la recuperación de la democracia y la reconstrucción nacional. Para que esa meta se logre deben superarse algunas barreras. Destaco las siguientes.

En primer lugar, hay que poner de acuerdo a la PUD, MCM y Manuel Rosales. La desintegración de esa trilogía significaría renunciar a la posibilidad de conseguir la victoria. Luego, -a pesar de los obstáculos, amenazas y la represión inocultables- hay que abandonar las posturas fatalistas y derrotistas basadas en análisis teleológicos. Es decir, en ese tipo ‘análisis’ que parte del presupuesto según el cual el Gobierno no va a dejarse arrebatar el mando mediante el voto popular. Sea quien fuere el candidato, consideran quienes así piensan, esa figura será inhabilitada si despunta en las encuestas y se convierte en una seria amenaza para las pretensiones continuistas de Maduro y su claque. A partir de esa visión, lo más coherente y honesto con la gente sería llamar desde ya a la abstención, para no ‘legitimar’ ni ‘blanquear’ el manchado rostro de Maduro, con unos comicios que desde su propio nacimiento están viciados y su resultado escrito con anticipación.

El otro prejuicio que debe combatirse sostiene que sólo MCM encarna las posibilidades de cambio, y si no es ella o Corina Yoris la aspirante, no vale la pena acudir a las urnas electorales. Yo he sido un entusiasta seguidor de MCM. Voté por ella en la Primaria. Considero que es la dirigente política que mejor se conecta con la gente. Estimo que sería una excelente candidata y una extraordinaria Presidenta. Pero, admito que estamos acorralados por un régimen hegemónico que busca perpetuarse pisoteando el Estado de derecho, y que deben aprovechare las rendijas que abre para intentar colarse por ellas con el fin de construir una alternativa que haga posible reencontrarse con la democracia y la prosperidad.

Si se acepta que nos encontramos atenazados por el cepo de un gobierno autoritario, y que carecemos del músculo organizativo para salirnos de esa cuadrícula y fijar nosotros las reglas, o al menos lograr que se cumplan las existentes, entonces la consecuencia lógica es que actuemos según las normas impuestas, con el fin de modificarlas cuando poseamos la capacidad de hacerlo.

De acuerdo con lo establecido por el CNE, el candidato de la PUD deberá salir de los doce aspirantes admitidos por el organismo.  Edmundo González, Manuel Rosales y Enrique Márquez representan las opciones reales. Con cualquiera de ellos es posible triunfar, pero se necesita el apoyo activo de MCM.

En este momento conviene recordar la trágica experiencia de Nicaragua: En 2006, los liberales –demócratas que constituían la amplia mayoría- se enfrentaron divididos a Daniel Ortega, pensando que cualquiera de las dos facciones podía derrotarlo. Desde hace 18 años se instaló en ese país una de las tiranías más oprobiosas y estables del mundo.

@trinomarquezc