Simón, la película dirigida por el joven cineasta Diego Vicentini –con la activa participación como productor de Marcel Rasquin, quien dirigió Hermanos, la cinta que impactó a los venezolanos hace un poco más de una década–, además de sus indudables virtudes cinematográficas por la dirección tan acertada, el guion tan bien tejido, las sólidas actuaciones de sus protagonistas, la música y su producción general, invita a reflexionar acerca de lo ocurrido en 2017 en Caracas, cuando numerosos jóvenes, especialmente estudiantes, enfrentaron a un régimen que se había ido haciendo cada vez más arbitrario, represivo y totalitario.

Ese movimiento estuvo precedido por las protestas de 2014, ‘La Salida’, y especialmente por el desconocimiento por parte del régimen de la voluntad popular en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, que le había concedido una clara victoria a la oposición, al punto de obtener la mayoría calificada de dos tercios en la Asamblea Nacional, lo cual le permitiría –en el marco de la Constitución-  rediseñar los Poderes del Estado que se derivan de ese foro: El Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Moral (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo) y el Consejo Nacional Electoral.

Nicolás Maduro y su grupo desconocieron ese triunfo, optando por anular la elección de los tres diputados opositores de Amazonas, con lo cual esta bancada perdió la mayoría calificada y la posibilidad de renovar las autoridades al frente de los Poderes Públicos. Además, le exigió al TSJ aprobar una ley económica especial que le otorgaba al Ejecutivo todas las atribuciones para legislar en esa área y dejaba sin competencias en ese terreno a los diputados de la AN recién electos. Como esto le pareció insuficiente, Maduro –otra vez con la complicidad del TSJ- convocó una constituyente que estuvo presidida por Diosdado Cabello. Con esta decisión terminó de sepultar el categórico triunfo opositor de 2015.

Mientras esto ocurría en el plano legislativo y jurídico, en el campo económico y social se agudizaba la crisis iniciada en  2014, cuando los precios internacionales del petróleo cayeron de la cima alcanzada años antes, cuando el crudo había escalado hasta $130 dólares por barril. Este desplome tomó al Gobierno sin recursos. Chávez y Maduro habían dilapidado los gigantescos ingresos petroleros en dádivas a Cuba, en proyectos inviables con Odebrecht y en una gigantesca corrupción esparcida por todo el sector público. El Gobierno se quedó sin recursos para atender la educación, la salud y el resto de los servicios públicos. Aparecieron los primeros brotes alarmantes de escasez, desabastecimiento e inflación. El éxodo de los venezolanos hacia el exterior comenzó a cobrar fuerza.

Simón no se pasea por este marco que señalo de forma escueta. No tenía por qué hacerlo. Sin embargo, me pareció importante trazar estas pinceladas de lo que ocurría en 2017 porque de otro modo no puede entenderse la desesperación,  furia y temeridad  de los jóvenes que se enfrentaron al régimen aquel año. Esa lucha desigual, asimétrica, dejó más de cuarenta jóvenes asesinados. Muchos fueron encarcelados, torturados, tuvieron que esconderse y huir o perdieron la vista. La película constituye una reflexión acerca de lo ocurrido durante  esos meses.

Simón se aproxima al tema, no tanto con el propósito de  exaltar y honrar la valentía de esos jóvenes que entregaron su vida, salieron lesionados o la pusieron en riesgo, sino con el fin de invitar a analizar lo que significa luchar con escudos de cartón o de plástico contra tanquetas acorazadas y guardias nacionales blindados. Simón muestra un aparato estatal concebido para ejercer la coerción, reprimir de manera brutal, violar la dignidad y los derechos humanos. Presenta un enorme dispositivo despersonalizado que forma parte sustancial del gran negocio –según señala el principal esbirro, interpretado por Franklin Virgüez- que significa saquear un país que cuenta con cantidades inagotables de petróleo, gas, hierro y minerales preciosos.

Los jóvenes en la película se debaten entre quienes reconocen que no podían lograr la victoria porque se trataba de un enfrentamiento desigual, movido por la fuerza del deseo, pero sin profundidad organizativa; y quienes se sienten frustrados porque consideran que no hicieron lo suficiente y creen que era necesario ser más abnegado, combativo y persistente para alcanzar la victoria. A pesar de que el protagonista termina pidiendo asilo en Estados Unidos, la cinta no llega a ninguna conclusión. Las opciones quedan abiertas. El espectador debe realizar su propia síntesis.

Para mí queda claro que el régimen instalado en 1999 no puede derrotarse a partir del romanticismo, voluntarismo e idealismo que conduce a librar enfrentamientos disparejos en las calles del país, sino a construir de forma disciplinada y sostenida organizaciones políticas, gremiales, sindicales y, en general, sociales, con expresión electoral cuando los comicios se presenten. Sería muy bueno que los dirigentes opositores vean la película. Podrán derivar muchos aprendizajes.

A Simón la asumo como la derrota del romanticismo en política.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

Con frecuencia distintos dirigentes de la oposición subrayan que se mantendrán en la ruta electoral a pesar de los desafueros del Gobierno. Esas recurrentes declaraciones están influidas por el fantasma de la abstención en las elecciones legislativas de 2005, que le permitió a Hugo Chávez apoderarse de la Asamblea Nacional e imponer el Estado autoritario que fue consolidándose con el paso de los años. Otro factor decisivo fue la abstención masiva en los comicios presidenciales de 2018. Henri Falcón, para ese momento distanciado del chavismo, fue el único dirigente que se atrevió a competir con Nicolás Maduro en las arbitrarias elecciones convocadas por la constituyente presidida por Diosdado Cabello. Los jefes del PSUV acusaron a la oposición de abstencionista y de buscar una vía distinta a los comicios para impulsar el cambio de Gobierno.

Una suerte de complejo de culpa debido a esos errores tortura el alma de numerosos líderes opositores. Se sienten obligados a insistir en su convicción de que la vía electoral es la única ruta legítima para lograr las transformaciones que la nación requiere.

Hay que superar esa etapa culposa. Llegó el momento de pasar a la ofensiva. Desde hace casi dos décadas los únicos que creen genuinamente en la importancia del voto, la consulta popular y la democracia son los sectores opositores, con sus matices y diferencias. En cambio, el régimen conspira constantemente contra la democracia representativa y participativa, y contra el significado que la Constitución le confiere al voto como expresión de la voluntad popular.

No voy a contar la historia que muchos conocen. Sin embargo, para no remontarme  a los inicios de la era chavista, voy a recordar lo ocurrido con la Asamblea Nacional electa en 2015. Este foro democrático fue atenazado y anulado por los órganos del Estado controlados por el PSUV, en especial por el TSJ. La cúpula del Poder Judicial llegó al extremo de mantener durante seis años al estado Amazonas sin representación parlamentaria, con el fin de impedir que se formalizara la mayoría absoluta que los votantes del país les habían concedido a los diputados opositores. Luego, legalizó la existencia de ese esperpento llamado Constituyente, electa en 2016, que se convirtió en un ente paralelo a la Asamblea Nacional, único órgano legislativo legítimo previsto en la Carta Magna.

Las tropelías antidemocráticas y antielectorales del régimen han recobrado fuerza con motivo de la organización de la elección primaria organizada por la Plataforma Unitaria para elegir el candidato que la representará en la cita de 2024. El régimen ha activado diversos mecanismos de chantaje, intimidación y descalificación contra un proceso absolutamente democrático, legal y legítimo. Mientras en Argentina el gobierno peronista, primo hermano del gobierno de Maduro, respeta la Constitución al promover y financiar con recursos públicos las Primarias Amplias, Simultáneas, Obligatorias (PASO), el régimen venezolano obstaculiza la marcha de la consulta.

El régimen amenaza a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria con encarcelarlos porque supuestamente el origen de los recursos financieros es opaco. Cierra locales comerciales o establecimientos donde los aspirantes realizan actos proselitistas o simplemente van a cenar. Inventa bulos, magnifica diferencias naturales entre los aspirantes o desinforma a la población. Mantiene inhabilitadas a las figuras más populares. Pareciera que la Primaria constituye una inmensa conspiración contra el Estado, cuando en realidad se trata de un episodio rutinario en cualquier democracia. En el ‘odiado’ imperialismo norteamericano los demócratas y los republicanos organizan sus respetivas primarias sin sobresaltos de ninguna naturaleza.

El torpedeo constante a la Primaria no ha tenido el éxito esperado. El proceso ha seguido su curso a pesar de los contratiempos. El Gobierno se equivocó al pensar que implotaría porque la oposición era incapaz de organizarla debido a sus diferencias y limitaciones. El tiempo para valerse del TSJ con la finalidad de ilegalizarla o ‘inhabilitarla,’ está acabándose. Además, de ser cierto que hay en marcha una negociación en medio de bambalinas entre el Gobierno y la Oposición, con el arbitraje de Estados Unidos, las posibilidades de que Maduro fulmine esa consulta se reducen notablemente. No puede haber diálogo si el régimen dinamita la Primaria, el principal instrumento de la oposición para lograr su representante unitario en la próxima elección presidencial.

La cúpula madurista está intentando salirse del rumbo democrático. Aspira a construir un canal electoral ‘legal’ por el cual circular sin problemas ni sorpresas desagradables. La oposición tendrá que persistir en su estrategia, señalando que el régimen es el único que conspira contra la democracia y las elecciones.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

En una reciente entrevista, el diputado del PSUV José Gregorio Vielma Mora, en un acto de adulancia típico de los regímenes autoritarios personalistas, dijo que “el presidente Nicolás Maduro sufre, le duele el no poder elevar los sueldos a los que merecen los venezolanos que trabajan”. Resulta difícil creer que Maduro «sufra» por algo que solo él ha provocado. Es como imaginarse que Vladimir Putin se angustia por los padecimientos del pueblo ucraniano, afectado por la invasión que el déspota ordenó hace más de año y medio, con el único fin de satisfacer sus deseos expansionistas y reconstruir lo que en el pasado fue el imperio soviético o el imperio zarista.

El salario mínimo y el sueldo promedio de los venezolanos, el más bajo de América Latina y probablemente del planeta, podrían elevarse de forma significativa si el panorama político venezolano se aclarara y en el horizonte apareciera la posibilidad cierta de que las elecciones presidenciales, las únicas estipuladas en la Constitución para el año próximo, se realizaran en un ambiente de respeto a la oposición y de normalidad democrática, tal como sucede en la gran mayoría de las naciones del continente, con excepción de Cuba, Nicaragua y El Salvador, país este que por el flanco del personalismo mesiánico ha pasado a formar parte de los regímenes en los que el presidente y su corte poseen el control pleno de las instituciones del Estado y se persigue sin tregua a los opositores. La única diferencia de Nayib Bukele con los otros autócratas es que disfruta de enorme popularidad y aceptación entre los salvadoreños.

La base más sólida de las dificultades económicas en Venezuela se encuentra en los problemas políticos e institucionales, convertidos en seculares. El deterioro continuo del entorno institucional –entre cuyos componentes se encuentran la feroz represión a las protestas de 2014 y 2017, y la violación sistemática y continua de los derechos humanos-  provocaron las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le han aplicado al gobierno desde  hace varios años. Estas penalizaciones se agudizaron luego de las ilegítimas elecciones de mayo de 2018, en las que Maduro arrolló la carta magna con el fin de empotrarse en Miraflores. Mientras este panorama no cambie, resulta muy improbable que la economía se recupere, que el volumen de inversiones requeridas para la reanimación alcance y que se logren las tasas de producción y productividad indispensables que permitan pagar salarios elevados. Dignos, como se merecen los trabajadores.

Maduro, en vez de enviar mensajes claros en esa dirección, optó por el camino opuesto. Les pide a sus lugartenientes que amenacen con gobernar durante los próximos 200 años. Habla de elecciones libres, pero «libres de sanciones», con lo cual invierte el orden causal lógico de la ecuación. Bombardea a través de oscuros personajes a la primaria opositora y mantiene inhabilitados a María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano. Impide que el Consejo Nacional Electoral colabore con la realización de esa consulta democrática. Amenaza a la Comisión Nacional de Primaria, especialmente a su presidente, Jesús María Casal. Impide que los centros educativos públicos, tradicionalmente utilizados para las citas electorales, colaboren con la CNP. Sus partidarios sabotean, persiguen y hostigan de distintas formas las campañas proselitistas de los distintos candidatos.

En el campo militar, les exige al ministro de la Defensa y al comandante de la Guardia Nacional que amenacen a los opositores y sugieran de forma no tan velada, que la institución desconocerá un eventual –y altamente probable- triunfo del candidato unitario. Utiliza los cuerpos represivos y el Poder Judicial para reprimir a los trabajadores que  protestan y condenar a largas penas a los líderes sindicales que dirigen las luchas por conquistar reivindicaciones laborales. Mantiene retenidos ilegalmente a periodistas como Roland Carreño. Hace pocos días la Policía Nacional Bolivariana detuvo de forma arbitraria y torturó al joven estudiante de Antropología de la UCV John Álvarez bajo acusaciones de terrorismo.

Durante el año preelectoral, cuando la oposición elige a su candidato unitario, el régimen intimida, reprime y aterroriza con el fin de proyectar una imagen de fortaleza que no se asienta en el consenso, sino en la coerción. Los maduristas son pésimos alumnos de Antonio Gramsci, a quien tanto decía admirar el comandante Chávez.  Para Gramsci, como se sabe, la nueva democracia, para él la socialista, debía basarse en la persuasión, no en la represión.

Maduro actúa de tal modo que con sus políticas los trabajadores siempre recibirán sueldos y remuneraciones miserables. Eternamente se sobrevivirán en el umbral de la pobreza.

Así que deje de «sufrir» y no obstaculice el camino que conduce a la recuperación de la democracia.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Lo que está ocurriendo en España desde el 23 de julio pasado tendría que llamar la atención de todos los dirigentes políticos y analistas ocupados en seguir el curso de los procesos democráticos. La investidura, o sea la designación del presidente del Gobierno, se ha transformado en un gigantesco problema que, esperemos, sirva para discutir y definir el futuro del sistema político español, con evidentes señales de agotamiento.

Desde que se inició la transición hacia la democracia, tras la muerte de Francisco Franco en 1975, y especialmente luego de la aprobación de la Constitución de 1978, España se convirtió en un ejemplo de una democracia que ha sabido saldar sus cuentas con el pasado y avanzar hacia el porvenir en un ambiente de progresiva inclusión, desarrollo económico y equidad social. El  Partido Socialista Obrero Español –PSOE– y el Partido Popular –PP– se han alternado en el poder durante décadas sin provocar traumas ni sobresaltos. Ambas organizaciones han sostenido principios colocados por encima de las rivalidades y tensiones propias de dos visiones diferentes en torno de las relaciones entre el Estado y la sociedad, con particular énfasis en el papel del sector público como agente redistribuidor del ingreso y creador de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Entre los valores que se han mantenido incólumes se encuentra el de la unidad de España en cuanto nación. Tanto el PSOE como el PP han entendido que el país está conformado por un conjunto heterogéneo  y complejo de regiones y provincias que demandan sus propias especificidades, y que esos reclamos hay que escucharlos y atenderlos. A tenor de esas exigencias, se ha propiciado el reconocimiento, por parte de los órganos del Poder central, de cierto grado de soberanía de las regiones autonómicas, sin atentar contra la unidad nacional ni alentar el separatismo. Cataluña, Galicia, el País Vasco son algunas de las zonas beneficiadas por esa política tolerante.

Esos acuerdos básicos han comenzado a ponerse en riesgo a partir del 23 de julio. El triunfo de Alberto Núñez Feijóo y del PP por un margen bastante menor al proyectado previamente por las encuestas, que lo colocaron lejos de la mayoría absoluta, 176 votos, exigido por el artículo 99 de la Constitución, está llevando a Feijóo a tratar de obtener el respaldo de Vox, una agrupación de derecha montaraz, con un perfil premoderno, alejado de la amplitud que ha tenido el sistema político español y el PP, desde la muerte de Franco. Esa eventual alianza entre un partido de centro liberal como el PP y Vox resulta inconveniente por los mensajes que emite. Con esa coalición forzada Feijóo, más los respaldos que ha logrado, alcanzaría la mayoría que necesita.

Por el lado del PSOE, su líder Pedro Sánchez –para quien lo más importante parece ser mantenerse en el poder a cualquier precio- se muestra dispuesto a pactar Junts per Catalunya, el grupo dirigido por Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española por haber organizado el referendo separatista de 2017. Con el respaldo de Junts, Sánchez obtendría los la mayoría absoluta.

En ambos casos, la investidura del presidente del Gobierno de España, es decir, de Feijóo o Sánchez, depende del apoyo de grupos extremistas, minúsculos, ajenos al amplio centro democrático al cual pertenece la inmensa mayoría de los españoles, y fuera de la atmósfera incluyente dentro de la que se ha desenvuelto el sistema político durante casi medio siglo.

Los simpatizantes de Feijóo argumentan que tienen derecho a formar gobierno porque han obtenido la victoria en dos elecciones consecutivas: las municipales de mayo y las generales de julio. Esos triunfos acreditan a su líder como nuevo Presidente. Se niegan a hablar de sus posibles aliados. No quieren comprometerse públicamente con ellos, aunque la única manera de formar Gobierno sea coaligarse con Vox.

Los seguidores de Sánchez argumentan que la Constitución establece que la investidura  no se define por el candidato con la mayor votación en las elecciones, sino por quien obtenga el mayor respaldo en Congreso de los Diputados, pues el Gobierno es de origen parlamentario. Este factor le da derecho al actual presidente a buscar los apoyos allí donde se encuentren, sin importar que haya quedado en segundo lugar en dos citas electorales seguidas.

Creo que lo más prudente sería convocar nuevas elecciones en un plazo perentorio, con un acuerdo previo en el Congreso en el que se establezcan dos mociones: que el candidato ganador recibirá el respaldo de la segunda fuerza para formar Gobierno y que durante la nueva legislatura se creará una comisión representativa para reformular el mecanismo de elección del presidente del Gobierno.

La democracia y España necesitan salir fortalecidas de la crisis en el que se encuentran.  El enorme peso alcanzado por las minorías extremistas hay que reducirlo, hasta convertirlo en insignificante.

@trinomarquezc

Ese deseable nuevo gobernante tendrá que exhibir todas las dotes de un político capaz de neutralizar, ganar apoyos y establecer alianzas.

Las agresiones de las que han sido objeto varios candidatos a lo largo de la campaña por la Primaria, representa un claro indicio de las dificultades que tendrá un eventual futuro gobierno encabezado por la oposición.

Hay que recordar que en 2024 solo será electo el Presidente de la República. El resto de los Poderes Públicos se mantendrán como en la actualidad.

La única forma como el régimen puede conservar el poder en las elecciones nacionales es mediante el fraude o la manipulación, una de cuyas expresiones es mantener inhabilitados a los aspirantes sancionados por la Contraloría, o inhabilitar a otros más. La experiencia de Barinas podría repetirse, esta vez a escala nacional. Maduro inhabilitó a Freddy Superlano cuando ganó la gobernación de ese Estado. Luego hizo lo propio con la esposa del líder de Voluntad Popular y, finalmente, el Gobierno aceptó la nominación de Sergio Garrido, dirigente que hasta ese momento se encontraba en la segunda línea en la entidad federal. Si ahora adopta esa estrategia, podría terminar aceptando como candidato no oficialista a un «alacrán» completamente manso, que no represente peligro alguno para la supervivencia de la casta gobernante.

En contrapartida, en el supuesto de que, en efecto, las votaciones nacionales fuesen aceptables para la oposición porque transcurren en un ambiente de equilibrio y transparencia, y el candidato democrático triunfa y su victoria es reconocida por el Gobierno, el nuevo Presidente, o Presidenta, no tendría otra opción que gobernar con el madurismo.

Este posee el control de la cúpula militar (Vladimir Padrino fue ratificado por noveno año consecutivo como ministro de la Defensa), cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, en las gobernaciones y municipios, y domina el Poder Judicial, además del llamado Poder Moral.

El madurismo es una realidad institucional que no conviene obviar ni despreciar. Su desconocimiento puede conducir a errores tan graves como los cometidos por el efímero Gobierno de Pedro Carmona, que despreció los poderes constituidos, pretendiendo abolirlos de un plumazo, como si las realidades institucionales fuesen pura ficción.

El nuevo mandatario que se instale en Miraflores producto del voto ciudadano y del ejercicio de la soberanía popular, será el Presidente de una República, no el Rey de una monarquía absolutista, como muchos creen. Y será el Presidente de una República en crisis, a la que cuesta llamar república porque los mecanismos democráticos han sido utilizados para desvirtuar, maniatar o someter los Poderes Públicos y ponerlos al servicio de la claque enquistada en Miraflores desde hace un cuarto de siglo.

El cuadro institucional del país hará mucho más exigente el arte de gobernar del futuro Presidente y su Consejo de Ministros. La Constitución indica que la Fuerza Armada Nacional es una institución no deliberante subordinada al poder civil y a la soberanía expresada a través del sufragio universal. Sin embargo, el Alto Mando, el ministro de la Defensa y ahora el comandante de la Guardia Nacional, exaltan con frecuencia el legado de un golpista como fue el llamado «comandante eterno» y se declaran chavista.

En este punto existe, obviamente, una paradoja. La FAN actual no es apolítica. ¿Entonces, será obediente a lo que decida el pueblo en las urnas electorales? Uno de los grandes retos de ese futuro Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, competencia que la Constitución le asigna al Presidente de la República, será alinear de nuevo la institución castrense a lo pautado en los principios republicanos y democráticos señalados en la Carta Magna. Desatar este nudo no es sencillo, pero resulta crucial para la paz del país y la supervivencia de ese hipotético Gobierno.

Los proyectos de leyes, el Presupuesto Nacional y todas las disposiciones legales que requieran la aprobación de la Asamblea Nacional, saldrán luego de un arduo debate y tensiones entre los ministros y los diputados. Esa AN, tan complaciente con las arbitrariedades e improvisaciones de Maduro, seguramente se transformará en un implacable fiscalizador de la actuación de los ministros y del jefe de Estado. La Comisión de Contraloría, por ejemplo, que jamás ha pedido la comparecencia de los ministros y presidentes de empresas del Estado responsables del saqueo al que ha sido sometido el sector público, seguramente se convertirá en verdugo de los miembros del Gabinete.

El Tribunal Supremo de Justicia, aunque mucho más acomodaticio que los demás organismos, podría trabajar en comandita con los diputados de la AN con el fin de bloquear o ilegalizar iniciativas del Ejecutivo en distintos campos.

En fin, la atmósfera que rodeará el trabajo del futuro mandatario y su equipo de apoyo será hostil. Nada que ver con ese remanso que consiguió Chávez en 1999, cuando pudo convocar una Constituyente que no estaba contemplada en la Constitución de 1961, crear el «Congresillo» y «refundar» la República, con la anuencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, rendida de forma servil frente a un caudillo militar que había protagonizado el golpe del 4 de febrero de 1992.

Ese deseable nuevo gobernante tendrá que exhibir todas las dotes de un político capaz de neutralizar, ganarse apoyos y establecer alianzas con adversarios rencorosos y vengativos, a los cuales el país no les importa en absoluto. Ese Presidente debe tener claro que se trata derecuperar y reconstruir una nación, no solo de rehacer una economía o tal o cual institución.

Trino Márquez  

El tema relacionado con las sanciones que pesan sobre el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que en ocasiones sale del centro de los reflectores, siempre  gravita en la agenda pública. El gobierno no pierde oportunidad de atribuirles la responsabilidad de todos los males nacionales, aunque la conexión causal entre unos y otros no exista. El debate lo han colocado de nuevo en la agenda las persistentes  declaraciones de Manuel Rosales, gobernador del Zulia, Adán Celis, presidente de Fedecámaras, quienes abogan porque las sanciones sean levantadas de forma inmediata; y la reciente reunión de la junta directiva de ese organismo con varios diputados de la Asamblea Nacional de 2020, a quienes se les entregó una carta dirigida a Jorge Rodríguez.

La destrucción de la industria petrolera y Pdvsa comenzó cuando Hugo Chávez decidió, en el ya lejano 2002, despedir al personal profesional y técnico más calificado de la industria para sustituirlo por militantes del PSUV, quienes no eran evaluados con criterios meritocráticos, sino  por su lealtad con el partido. Desde esa época la actividad petrolera entró en declive hasta llegar al ocaso en el que se encuentra en la actualidad. La asistencia técnica de los iraníes, ¡y hasta de los cubanos!, no ha sido suficiente para detener el declive de Pdvsa, empresa que provocaba la envidia de los demás países petroleros. Las sanciones nada tienen que ver con  ese desplome, iniciado mucho antes de que se hablara de penas contra los gobernantes venezolanos.

La erosión de la industria nacional, la destrucción del empresariado y de la clase obrera, hay que entenderla como parte de la venganza del comandante Chávez contra los empresarios y sindicatos que participaron en los sucesos del 11 de abril de 2002, cuando Chávez estuvo algunas horas fuera de Miraflores, y en el paro cívico de finales de 2002 y principios de 2003, dirigido por Fedecamaras y la CTV, en aquel momento liderada por Carlos Ortega. Al poco tiempo de haber ocurrido esos acontecimientos, los precios internacionales del crudo comenzaron a escalar hasta encaramarse por encima de los cien dólares el barril. Chávez pensó que el crecimiento de China y la India, y otros países en vías de desarrollo, permitiría el aumento de los precios de forma indefinida.

La economía nacional se convirtió, por un lado, en una actividad de puertos porque la mayor parte de los bienes se importaban; y en una actividad estatizada debido a que Chávez, con todos los petrodólares que le ingresaban, creía que podía acabar con la propiedad privada, la iniciativa particular y los sindicatos, sustituyéndolos por empresas administradas por comisarios del Gobierno. Centenas de industrias y empresas de servicios, hatos y haciendas pasaron a manos del régimen. El resultado de ese asalto a los activos de la nación levantados por particulares lo padecemos desde hace varias décadas. Habría que agregar la riqueza acumulada por numerosos ‘enchufados’ durante la vigencia de Cadivi. Las sanciones no guardan ninguna relación con el deterioro de la actividad industrial y comercial y la corrupción generalizada.

Los dirigentes obreros también han pagado las consecuencias del odio y la paranoia del régimen. La CTV en la práctica desapareció por el acoso del Gobierno. En las zonas donde los trabajadores se rebelan contra la esclavitud, sus líderes son castigados con penas bíblicas. Seis dirigentes de Guayana acaban de ser condenados a dieciséis  años de cárcel, acusados de delincuentes y conspiradores. Esto ocurre en un gobierno cuyo presidente se autodenomina ‘Presidente obrero’.

El menoscabo de los servicios públicos –electricidad, agua potable, educación, salud y transporte- tampoco está conectado con las sanciones. Las fortunas amasadas alrededor del negocio de la electricidad por personas vinculadas al régimen, son ampliamente conocidas.

Lo que ocurre es que Maduro utiliza las sanciones para tratar de ocultar la ineficacia, desidia y corrupción del gobierno, y, más recientemente, para justificar la decisión de no convocar un proceso electoral transparente,  que  permita cambiar el gobierno de forma democrática, pacífica y constitucional, como establece la carta magna del 99. El control de los medios de comunicación que posee el régimen, especialmente en el interior del país, ha conseguido convencer a un segmento de la población de la inconveniencia e inutilidad de las sanciones. Los permanentes mensajes a través de la amplia red de medios informativos de los que dispone Maduro, han logrado que la gente le retire el apoyo a las sanciones. Hoy, de acuerdo con distintas encuestadoras, el respaldo popular es sensiblemente menor que en 2021.

El tema no es sencillo de analizar para la oposición porque no se trata de un problema fundamentalmente económico, sino político, con una vertiente interna y, sobre todo, con un ramal conectado con el exterior. Es verdad que las sanciones generan consecuencias negativas tanto para el régimen como para la población. Esta realidad es inocultable. Pero, las sanciones constituyen la única arma de los países democráticos para obligar al régimen a restablecer el Estado de derecho en Venezuela.

El gobierno, responsable de todos los atropellos a la Constitución y a la democracia que han provocado las sanciones, debería dar señales que permitan ir levantándolas progresivamente. Las agresivas declaraciones de Diosdado Cabello no apuntan en esa dirección.

Trino Márquez

@trinomarquezc

El nuevo presidente de Fedecámaras, Adán Celis, se unió a Manuel Rosales, gobernador del Zulia, para pedir el levantamiento de las sanciones internacionales. “Las sanciones solo han empobrecido al país” y «el venezolano que diga que quiere sanciones es un loco», declaró el dirigente empresarial.

Es cierto que Celis no es un líder político. Su interés inmediato no se centra en la conquista del poder, sino en la defensa de su gremio: esos venezolanos que todos los días se enfrentan a numerosas condiciones hostiles con el fin de mantener sus empresas y negocios, pagar el salario de sus trabajadores y cancelar los numerosos impuestos que gravan la actividad económica nacional. Sin embargo, Celis sí es un dirigente social y, ahora, figura principal de una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país, tal como lo registran las encuestas de opinión más reconocidas. En su condición de líder social, debería saber que si no se restablecen las condiciones democráticas, resulta imposible que se reanime la economía nacional. Fedecámaras tendría que pedir la normalidad institucional en todos los órdenes: respeto a los derechos de propiedad y a la libertad de expresión e información; liberación de los presos políticos y de los dirigentes sindicales arbitrariamente detenidos; obediencia al Estado de derecho y a la Constitución en todos los órdenes.

Celis, Rosales y todos aquellos que demandan el levantamiento de las sanciones internacionales saben que ese castigo es consecuencia de la violación sistemática de los principios democráticos por parte del régimen. Nada tienen que ver con una antipatía especial que genere Nicolás Maduro en los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. En México, Honduras, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina, se instalaron gobiernos de izquierda durante los años recientes. Todos, con sus respectivos matices, triunfaron en procesos electorales incuestionables verificados por la comunidad internacional. Ninguno ha sido sancionado o amenazado por sus tendencias ideológicas.

Venezuela, junto a Nicaragua y Cuba, constituyen la excepción. Sobre esos gobiernos se ha tendido un cerco sanitario porque los tres desconocen la Carta Democrática Interamericana (CDI) y los principios democráticos establecidos por la Organización de Estados Americanos (OEA). Cuba ni siquiera participó en la  discusión de la CDI, y de la OEA fue expulsada hace décadas. Entre esos valores se encuentran el acatamiento a la soberanía popular expresada en las urnas electorales;  procesos comiciales transparentes y equilibrados; y gobiernos alternativos. Todos valores conectados con la posibilidad de que los pueblos elijan sin presiones a sus gobernantes y esa decisión sea obedecida por quienes detentan el poder.

El régimen de Maduro pretende que las sanciones se suspendan sin modificar ni un ápice su comportamiento antidemocrático. Quiere unas elecciones libres, «pero libre de sanciones». ¡No sabe nada! Aspira a que Estados Unidos y la UE lo reconozcan legítimo como a los demás presidentes latinoamericanos, sin retomar las conversaciones en México; manteniendo inhabilitados a los principales aspirantes que participan en la primaria; blandiendo la Espada de Damocles sobre la propia primaria; y conservando el control del Comité de Postulaciones –una de cuyas integrantes es Cilia Flores- encargado de seleccionar el nuevo Consejo Nacional Electoral, lo cual permite suponer que el órgano rector que salga de allí responderá las órdenes de Miraflores. Maduro no emite ni el más tenue mensaje de transparencia, pero reclama que se acaben las sanciones. Entonces, ¿con cuáles instrumentos va a presionar y negociar la comunidad internacional y la oposición?

En Venezuela no existen factores internos capaces de crear el clima que obligue al régimen a dialogar. Los partidos fueron destruidos por la acción letal del chavismo-madurismo y por sus propios errores. Lo mismo ocurrió con gran parte de los sindicatos y gremios, incluidos los más grandes, como el de los maestros y profesores universitarios. Los medios de comunicación privados, cajas de resonancia fundamentales, fueron perseguidos, comprados o clausurados. El movimiento estudiantil, factor de agitación clave, fue diezmado  por el éxodo y la precarización de la educación secundaria y superior. La sociedad civil cuenta con pocos y frágiles instrumentos para modificar el comportamiento de una casta que basa su poder en la represión y el control de todos los organismos de Estado.

El gobierno de Maduro utiliza a los presos políticos –Roland Carreño y Javier Tarazona, entre muchos otros- como fichas para negociar con Estados Unidos y la UE, y sembrar terror entre los opositores. Así lo hizo con el incauto joven norteamericano que vino a visitar a la novia pensando que llegaban a una nación normal, y estuvo preso durante varios años, hasta que el gobierno norteamericano llegó a un acuerdo con Maduro.

Las sanciones se encuentran entre los pocos instrumentos que posee la comunidad internacional para lograr que el régimen acceda a concurrir en 2024 a un proceso electoral transparente y acate la voluntad de los electores. Sin esas sanciones –provocadas y mantenidas por Maduro- el régimen continuará el camino hacia la supresión de todos los derechos y libertades políticas para acercarse más a Cuba y Nicaragua. Les quitará la nacionalidad a los opositores sin ningún costo.

Trino Márquez

@trinomarquezc

Los medios de comunicación han informado que los presidentes Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Alberto Fernández –junto con Josep Borrell, canciller europeo- se reunieron en Bruselas con Delcy Rodríguez, representante de Nicolás Maduro, y Gerardo Blyde, en nombre de la Plataforma Unitaria, con el fin de buscarle una salida negociada a la persistente crisis política venezolana.

Esos mandatarios saben, desde luego, que con encuentros ocasionales y exhortaciones al diálogo no es mucho lo que puede lograrse frente a una casta que se adueñó del país y lo considera suyo. A ninguno de esos líderes, que lidian con naciones tan complicadas como las que gobiernan, hay que explicarle que el proyecto de Nicolás Maduro, prolongación del iniciado por Hugo Chávez, busca la hegemonía total y perenne, lo cual implica el control de todas las instituciones del Estado. Esos personajes conocen muy bien lo ocurrido en el país durante los últimos veinticinco años. Están informados –aunque Lula, Fernández y Petro se hagan los desentendidos e, incluso, adulteren la realidad-  de  lo que  ocurre en Venezuela con los derechos humanos: asesinatos, presos políticos, judicialización de partidos e inhabilitaciones, entre muchos otros desafueros. También saben lo que sucede en los dos modelos seguidos por Maduro: Cuba, la tiranía más longeva del continente, y Nicaragua, sometida al despotismo de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. De todo eso están conscientes, o deberían estarlo, porque los abusos están ampliamente documentados.  Igualmente, saben que quedarse paralizados, no actuar, solo contribuye a la prolongación de la crisis nacional.

Criticar a los gobernantes o considerarlos ingenuos porque propiciaron ese encuentro, me parece incorrecto. También considero desacertado cuestionar a la oposición porque atendió la convocatoria.

Es cierto que la reunión de Bruselas –efectuada en el marco de la Cumbre entre la  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea- resulta una más en la larga cadena de intentos frustrados por lograr que el régimen de Maduro admita que existe una gigantesca crisis generalizada en Venezuela, una de cuyas expresiones más lacerantes es el éxodo continuo de venezolanos hacia el exterior. Esa crisis debe solucionarse mediante conversaciones entre el Gobierno y la Oposición, para lo cual resulta indispensable reconocer a la Plataforma Unitaria como un interlocutor válido y fundamental. Los resultados del encuentro en Bruselas podrían encallar frente a la tozudez del régimen. Incluso, ese es el resultado más probable. Sin embargo, ese eventual fracaso no invalida la iniciativa emprendida por los mandatarios que convocaron la cita, ni la asistencia de Gerardo Blyde.

En el documento suscrito se exhorta a las partes a retomar el diálogo en México y mantener «una negociación política que desemboque en la organización de elecciones justas para todos, transparentes e inclusivas, que permitan la participación de todos los que lo deseen conforme a la ley y los tratados internacionales en vigor, con acompañamiento internacional». Que el gobierno de Maduro haya firmado un documento de ese tenor resulta un importante logro. Nos encontramos en un año preelectoral y en la antesala de la Primaria, en la que algunas de sus figuras más descollantes –María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano– fueron inhabilitados por la arbitrariedad del gobierno. Este obstáculo tan pesado hay que removerlo. El documento de Bruselas constituye un avance.

En contrapartida, en el texto también se señala que  el “proceso debe acompañarse de un levantamiento de las sanciones de todo tipo, con vistas a su levantamiento completo». En otros términos, la eliminación progresiva de las sanciones queda subordinada a la materialización de acuerdos que concluyan con una elección transparente en 2024. Los asistentes exhortan a Gobierno y Oposición a  «seguir dialogando». Del avance de esas conversaciones se hará un balance en París el próximo 11 de noviembre, en el marco del Foro sobre la Paz.

Los amigos internacionales de la oposición nunca serán enemigos acérrimos de Maduro, ni lo enfrentarán de manera frontal como deben hacerlo los dirigentes políticos nacionales. Siempre actuarán con cierta ambivalencia. Con una sutileza que puede parecer exasperante. Pero, hay que entender que de ese modo se manejan los factores internacionales. Pretender que ellos actúen como si fuesen militantes de la PU constituye un despropósito.

A Maduro hay que ir tejiéndole una red endógena y exógena que vaya envolviéndolo, para que cada día le resulte más difícil y costoso zafarse de los compromisos que contraiga, especialmente con sus propios camaradas.

 Trino Márquez

@trinomarquezc

La casta gobernante pretende continuar en el poder, pero necesita alimentar la idea de que lo que existe en Venezuela es una democracia superior a aquella en la que el panorama político estaba dominado por Acción Democrática y Copei, con la participación, sin restricciones, de otras pequeñas organizaciones como el MAS, Causa R y el Partido Comunista. Nicolás Maduro trata de que no se le compare con Daniel Ortega ni con la tiranía cubana. Se molesta, hasta ofenderse, cuando lo acusan de dictador.

En medio de este juego de simulaciones, saca cuentas que no le cuadran. Está obligado a convocar unas elecciones que parezcan democráticas. El problema reside en que no pueden ser completamente democráticas –es decir, transparentes, equilibradas y supervisadas por organismos internacionales de acuerdo con las normas generales que rigen los comicios presidenciales- porque de ser así Maduro perdería el careo. Esta es la conclusión a la cual llegan todos los sondeos de opinión pública. El régimen lo sabe. La gestión del Gobierno es evaluada de forma negativa por la inmensa mayoría de los venezolanos. Más de dos tercios de los compatriotas rechazan al mandatario y consideran que los numerosos y graves problemas nacionales no se resolverán mientras él se encuentre en Miraflores.

En medio de ese cuadro tan adverso, ¿cómo lograr la cuadratura del círculo? ¿Cómo mantener las apariencias de que en Venezuela impera un sistema democrático y, a la vez, patear las normas inherentes a este esquema de gobierno? La solución que ha conseguido para resolver la paradoja consiste en permitir unos comicios ‘democráticos’ ceñidos a los restringidos criterios manejados por el régimen. Tienen que ser unas elecciones en las cuales los adversarios que intervengan no sean quienes poseen mayor presencia nacional y arraigo popular, sino unos títeres alineados con los intereses del régimen, dispuestos a participar como comediantes en la farsa.

El primer paso en esa dirección fue inhabilitar a María Corina Machado y mantener la suspensión de Henrique Capriles y Luis Superlano, sacados del juego electoral hace algunos años. Como la inhabilitación es un instrumento usado a discreción, podría haber nuevas invalidaciones a medida que vayamos acercándonos a la fecha de las elecciones nacionales. Fecha que el Gobierno anunciará cuando lo considere conveniente. Ningún candidato está exento de quedar excluido, haya o no participado en la Primaria convocada por la oposición.

El otro movimiento apunta a intentar ilegalizar la Primaria. El mecanismo puesto en marcha consiste en valerse de un oscuro personaje vinculado desde hace mucho tiempo con el chavismo, pero que ahora simula ser opositor, para tratar de lograr el objetivo. Ese señor introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el que señala, según lo escribió en su cuenta en twitter, que la Primaria ‘dejó de ser ciudadana’, ya que ahora es ‘sectaria’, además de que los miembros ‘están pasando por encima de la ley’. Supongo que se refiere a los integrantes de la Comisión Nacional. Ese amparo tan grotesco fue admitido por el TSJ, organismo que aseguró, a través de una de sus magistradas, que ‘los derechos de los venezolanos serán respetados’. ¿Será esta la antesala para acabar con la consulta opositora? Eso lo sabremos en los próximos días.

Por ahora, lo único cierto es que la atención nacional que está concitando la cita del 22 de octubre ha desbordado las expectativas que el régimen se había planteado, como de forma acertada lo señala Carmen Beatriz Fernández. Por primera vez en mucho tiempo, es la oposición la que fija la agenda política. La agresión a María Corina lo único que ha hecho es elevar el ánimo de la gente, que ahora se siente más comprometida con la convocatoria, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y aunque el número de inscritos en el exterior para sufragar no fue tan alto como se esperaba, el ambiente que se creó favoreció el entusiasmo despertado por esa cita.

La oposición no ha caído en la provocación montada por el régimen al atacar a María Corina y mantener inhabilitados a Capriles y Superlano, y al acoger el recurso elevado por el chavista vergonzante. La serenidad y firmeza mostrada por la dirigencia opositora debe ser reconocida y alabada. Hay que mantenerse en la ruta electoral a pesar de las maniobras del Gobierno, y de los giros y proposiciones extrañas de algunos dirigentes y partidos opositores, que de forma sorpresiva les piden a los dirigentes inhabilitados que renuncien a mantenerse en la contienda por lograr la representación opositora.

Perseverar en la Primaria con todos los inscritos y en la ruta electoral resulta lo más adecuado. El llamado a la Primaria despertó la esperanza de la gente y, de paso, desestabilizó al régimen, que no tiene tiene el camino allanado para seguir atropellando.

@trinomarquezc

La inhabilitación de María Corina Machado generó un rechazo generalizado tanto dentro como fuera de Venezuela. En la reciente reunión de Mercosur, los presidentes de Paraguay, Abdo Benítez, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fueron categóricos al denunciar el atropello y exigir que se restablezcan las libertades democráticas en Venezuela. Hay que ‘alzar la voz’ contra el gobierno de Nicolás Maduro, dijeron los mandatarios. Luiz Inácio Lula, de Brasil, y Alberto Fernández, de Argentina, fueron –como siempre- más escurridizos. Hay que ‘dialogar’ con Maduro, dijo Lula, luego de admitir que no conocía los detalles de la decisión; tampoco parece saber que las conversaciones en México naufragaron por la persistente negativa del gobernante venezolano.

Igualmente se han pronunciado la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Chile. Hasta el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU, Volker Türk, llamó al gobierno venezolano a garantizar el debido proceso en las inhabilitaciones políticas dictaminadas por la Contraloría.

El régimen contraataca acusando de ‘injerencistas’ a los gobiernos y organizaciones que han opinado contra la arbitrariedad. El único injerencismo que le gusta a Maduro es el de los cubanos, rusos e iraníes. La tiranía cubana, que ha esquilmado a Venezuela, constituye uno de los soportes más sólidos del régimen en el área de la seguridad. También le entregó el manejo de las Notarías y los Registros. ¡Cualquier cosa!

María Corina se suma a la ilegal inhabilitación de Henrique Capriles, víctima del odio encarnizado que le tiene Diosdado Cabello desde que aquél lo derrotó en las elecciones para gobernador de Miranda, cuando Cabello intentó repetir como mandatario de ese estado. A María Corina y a Capriles podrían seguirles otros candidatos a la Primaria. El Gobierno sería capaz de utilizar a su obediente Contralor para sacar de la competencia a Andrés Velásquez, a Delsa Solórzano, a César Pérez Vivas, a Andrés Caleca o a cualquier otro aspirante que despunte en las encuestas y sea considerado por Maduro y su gente como un peligro para su continuidad.

Ese fue el esquema utilizado por Daniel Ortega en Nicaragua, cuando inhabilitó a Cristiana Chamorro, quien lideraba las encuestas. Luego continuó con el resto de los aspirantes que fueron tomando el testigo. Ortega no les dio tregua a sus adversarios. Manejó la maquinaria del Estado para aplastar a sus opositores. Después siguió la razzia con periodistas, escritores y sacerdotes de la Iglesia Católica. Todos los que se asomasen como críticos pasaron a ser declarados enemigos y fueron demolidos. Nicaragua representa una tiranía similar a la que los hermanos Castro impusieron en Cuba hace más de seis décadas. Ese es el modelo que la casta roja pretende establecer en Venezuela.

Ante ese panorama, cómo enfrentar al régimen con algunas posibilidades de impedir que Venezuela termine siendo una copia de Cuba y Nicaragua. La inhabilitación de María Corina y de Capriles constituye una provocación orientada a sacar a los principales opositores –los agrupados en torno de la Plataforma Unitaria y a la Comisión Nacional de Primaria- de la ruta electoral. El Gobierno busca crear frustración y escepticismo con respecto a las posibilidades de lograr cambios democráticos por la vía del sufragio. ¿Para qué organizar la Primaria e ir a votar si el régimen no aceptará al ganador de la consulta y, para cubrir las formalidades legales, impondrá un candidato fantoche manejado por Maduro y su grupo? Esta es la reacción que la élite gobernante espera.

Siendo ese el propósito del Gobierno, lo más sensato es no complacerlo. La PU, la CNP y todos los sectores que quieran plegarse a esa postura, deberían reafirmar su convicción en la estrategia electoral. Los aspirantes inscritos en la Primaria –por supuesto que incluidos María Corina y Capriles- tendrían que seguir recorriendo el país con la convicción de que el enorme malestar existente en Venezuela contra Maduro encontrará en esa campaña las posibilidades de expresarse y potenciarse. Al Gobierno no le será fácil reprimir o sofocar los apoyos que vayan recibiendo los aspirantes en cada estado, municipio o localidad que visiten. La Primaria puede convertirse en esa bujía que esperan los ciudadanos para expresar su desaliento y rabia por la miseria en la que los hundió el régimen.

La campaña por lograr una Primaria exitosa, que atraiga a millones de votantes, debería estar acompañada de más acciones en el plano mundial. La PU tendría que crear una Secretaría Internacional que se dirija regularmente a los Presidentes democráticos de América Latina, a los Parlamentos del continente, a los partidos democráticos del mundo y a diversas instituciones y organizaciones internacionales ocupadas de seguir la marcha de la democracia en el planeta, con el fin de informarles de forma detallada acerca de lo que ocurre en Venezuela, exhortándolos a que se pronuncien a favor del respeto a la libertad, al Estado de derecho, a la soberanía popular y a la Constitución, que, de paso, señala a la votación ciudadana como unos de los derechos fundamentales de la democracia participativa y protagónica.

La dirigencia opositora debe actuar en varios escenarios al mismo tiempo. El enemigo que se encuentra enfrente carece de escrúpulos y sus aliados son las dictaduras más sanguinarias del continente y el mundo. La vía electoral no se reduce a invitar a la gente a votar, primero en la Primaria y luego en las elecciones nacionales. La ruta electoral es mucho más compleja y global que la campaña proselitista y el acto de sufragar. Así conviene asumirla.

@trinomarquezc