En una economía estabilizada, donde no existen expectativas de que los costos de producción y distribución van a subir súbitamente, los productores, importadores y comerciantes establecen los precios de lo que venden de acuerdo con los costos en que han incurrido, más un margen de beneficio racional. Sin embargo, cuando esa estabilidad no existe porque aquellos costes aumentan substancialmente, o se espera que lo hagan en breve tiempo, los precios no pueden establecerse con base en los costos en que se ha incurrido, sino basados en los costos esperados de reposición. Si un productor está produciendo hoy con insumos importados que adquirió meses atrás con dólares preferenciales, digamos a la tasa Dipro de 10 bolívares por dólar, pero sabe que cuando vaya a reponer esos insumos no lo va a poder seguir haciendo con esos dólares preferenciales, ni tampoco con divisas del Simadi a 670 bolívares por unidad, porque la escasez de moneda extranjera ha reducido a niveles mínimos las aprobaciones de dólares controlados oficiales, no podrá establecer el precio de lo que produce con base en aquel costo de dólar Dipro, sino que tendrá que hacerlo en línea con el precio del único dólar al que tendrá acceso, que es el del mercado libre, pues de esa forma podrá contar con los bolívares para seguir adquiriendo las divisas que necesita para seguir operando, pero a un precio substancialmente mayor.

Más aún, en un ambiente de inflación galopante, como el que existe en Venezuela, todo aumenta de precio vertiginosamente, incluso aquellos costos de producción o de distribución con un bajo o ningún componente importado, ya que las demandas salariales son mayores, como también lo son los precios de los repuestos, los costos de los servicios de mantenimiento y limpieza, los alquileres, etc. Es decir, el productor o comerciante sabe que a futuro va a tener que afrontar unos costos mayores y que crecen cada vez con más intensidad, por lo que tendrá que ir ajustando sus precios regularmente, ya que, de no hacerlo, se estaría condenando a la quiebra.

Esto, sin embargo, tiene sus riesgos, ya que la inflación mina la capacidad de compra de los ingresos de la población, haciendo que los consumidores sean más selectivos y busquen los precios más asequibles, dejando de comprar los productos menos necesarios o más costosos, y substituyéndolos por otros más baratos y accesibles. De allí que, si los aumentos de precios de los oferentes son desproporcionados, o así lo perciben los consumidores, ello puede generar severas contracciones en los volúmenes de venta, viéndose los vendedores en la necesidad de limitar el ajuste de sus precios, ofrecer descuentos, o tomar acciones efectivas para impedir el desplome de sus negocios.

No se evitará el aumento de los precios a través de la imposición de controles absurdos que condenan a trabajar a pérdida o con márgenes exiguos, ni a través de las amenazas y acciones arbitrarias de funcionarios que imponen reducciones compulsivas de precios, sin tomar en consideración las realidades económicas existentes, o confiscan mercancías sin justificación alguna, perpetrando verdaderos robos y abusos de todo tipo. Esas acciones más bien fomentan la inflación, ya que crean graves y crecientes problemas de desabastecimiento.

Los precios se estabilizan a través del abatimiento de la inflación, como lo hicieron múltiples países de la región que en el pasado sufrieron inflaciones aún peores que la nuestra. Eso lo lograron a través de disciplina fiscal y monetaria, de la implantación de políticas cambiarias dinámicas y realistas, del estímulo a la inversión para incentivar y diversificar la producción e incrementar la eficiencia y la productividad de las empresas, y de la eliminación de controles absurdos de precios y de otra índole, permitiendo el funcionamiento eficiente de las fuerzas del mercado, dentro de un marco regulatorio racional que busque evitar prácticas indebidas.

Pedro Palma

Después de un período de estabilidad del tipo de cambio libre entre marzo y septiembre de 2016, en el que incluso se produjo una leve tendencia a la apreciación del bolívar, desde los últimos días de septiembre se ha producido un verdadero disloque de esa tasa, llegando el dólar fronterizo a encarecerse 120% en tan solo 9 semanas. Ello se ha debido a la conjunción de una serie de circunstancias. La primera de ellas fue el cambio de rumbo de la política cambiaria oficial que se había puesto en marcha en marzo con la designación de Miguel Pérez Abad como vicepresidente del área económica, que buscaba llevar el precio de los dólares no preferenciales utilizados para las importaciones no esenciales, conocidos como Simadi, a niveles más realistas, con el objetivo de sincerar el mercado y de cerrar la enorme brecha entre el precio de esas divisas controladas y las que se transan en el mercado libre, buscando su convergencia. En las fases iniciales de implementación de ese plan se procedió a ajustar aceleradamente la tasa de cambio de esas divisas, que luego serían llamadas divisas complementarias, o Dicom, llevándola de 206 bolívares por dólar a comienzos de marzo, hasta 650 bolívares a mediados de octubre. Ello creó una expectativa, bien fundada o no, de que en un plazo perentorio se podrían adquirir dólares con una mayor fluidez para el grueso de las operaciones cambiarias y a un precio inferior al del mercado libre, lo cual se tradujo en una moderación de la demanda en ese mercado, máxime cuando en esos meses se había moderado el ritmo de expansión de la oferta monetaria. Todo ello cambió a comienzos de agosto de 2016, cuando la salida de Pérez Abad del gabinete significó el fin de aquel plan cambiario, suspendiéndose el ajuste alcista de la tasa Simadi. Ello llevó al convencimiento de que aquella esperanza de convergencia de las dos tasas y sinceración de las operaciones cambiarias no habían sido más que eso, una esperanza, una ilusión, reiniciándose al poco tiempo la tendencia alcista de la tasa libre.

Ello se vio reforzado por el deterioro de las expectativas políticas, al hacerse cada vez menos realistas las posibilidades de realizar un proceso revocatorio para sacar a Maduro del poder, como producto de las múltiples trampas y obstáculos del CNE para dilatar y postergar ese proceso, así como las descaradas decisiones de la Sala Constitucional del TSJ, que en abierta violación de la Constitución dictaba sentencias anulando las decisiones de la AN, legítimamente elegida el 6 de diciembre de 2015, cuando obtuvo una mayoría calificada de dos tercios, de la cual también fue ilegítimamente despojada por el TSJ.

Adicionalmente, la masiva creación de dinero sin respaldo por parte del BCV para financiar gasto público deficitario, particularmente de Pdvsa, ha expandido muy fuertemente el dinero en poder del público en las últimas semanas, permitiendo esto que buena parte de esos medios de pago se canalicen hacia el mercado cambiario, máxime cuando son cada vez mayores las expectativas de que los dólares van a seguir encareciéndose debido a su escasez crítica en Venezuela, ya que los precios del petróleo siguen muy bajos, y muchos piensan que los anuncios de acuerdo en el seno de la OPEP para recortar producción y apuntalar los precios no se ven nada claros. Pero, aun cuando estos se dieren, ello tendría que implicar importantes recortes de producción de sus miembros, lo cual para Venezuela sería una carga muy difícil de llevar, dadas las caídas de producción que se han venido materializando en los últimos meses. Otro factor que podría contribuir a estimular la demanda de divisas, es que su tenencia es vista como una forma de protegerse contra la inflación desatada que estamos sufriendo.

Por todo lo anterior, no sería de extrañar que en lo inmediato el dólar libre siguiera siendo muy costoso, con las consecuencias altamente inflacionarias que ello conlleva.

Pedro Palma

Cuando una economía sufre una alta inflación, una de las variables que estudian los economistas para determinar las causas de ese mal es el comportamiento de las finanzas públicas. Eso se debe a que si un gobierno gasta más de lo que le ingresa y, en consecuencia, incurre en déficit, lo que hace es inyectar al público más recursos a través del gasto de los que substrae vía el cobro de impuestos, lo que genera una expansión de la oferta monetaria que, de ser muy elevada y persistente, genera inflación por la vía del estímulo de demanda. De hecho, hay quienes piensan que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, por lo que sostienen que, si se quiere evitar ese mal, lo que hay que hacer es controlar estrictamente la cantidad de medios de pago en la economía y limitar su ritmo de expansión. Si bien coincido con el criterio de que un aumento desproporcionado de la cantidad de dinero en poder del público genera inflación, creo que entre las causas que originan ese mal, además del monetario, hay muchas otras que coadyuvan a su materialización y agravamiento. Esto es particularmente cierto en Venezuela, donde últimamente un conjunto de fenómenos se han conjugado para generar la galopante inflación que estamos padeciendo. Las severas restricciones de oferta de bienes y servicios producidas por el acoso permanente del gobierno a la empresa privada, la ausencia de inversión que atenta contra la eficiencia y la productividad de los centros de producción, la imposibilidad de acceder a las divisas para importar los insumos requeridos, los desproporcionados controles de precios que condenarían a muchos a trabajar a pérdida, los aumentos compulsivos de salarios, la destrucción sistemática del aparato productivo privado a través de las expropiaciones y las expoliaciones de empresas, la supina ineficiencia productiva de las empresas manejadas por el sector público, y el alto precio de las escasas divisas disponibles, han contribuido a crear una crónica situación de altos costos, escasez y desabastecimiento, y presionado los precios al alza.

Pero, volviendo a las causas monetarias, en las últimas semanas se ha visto el resurgimiento de un fenómeno que ha sido uno de los principales causantes de la inflación galopante existente, como también lo fue en varios países latinoamericanos que, en décadas pasadas, padecieron procesos inflacionarios muy agudos, incluso varios de ellos peores que los que hoy tenemos en Venezuela. Me refiero al financiamiento irrestricto de gasto público deficitario por el BCV. En efecto, dadas las limitaciones de ingresos públicos debido a la mermada renta petrolera y al mantenimiento de tipos de cambio oficiales absurdos, un organismo como Pdvsa ha tenido que endeudarse masivamente para financiar los enormes déficits en que incurre, dados los elevados desembolsos que le ha impuesto el gobierno para cubrir programas sociales ajenos a su actividad central, siendo el BCV su gran prestamista. En efecto, la deuda neta de Pdvsa con el instituto emisor ha crecido de forma desproporcionada durante los últimos tiempos, al punto de que durante las dos últimas semanas de octubre la misma creció 34%, y llegó a la astronómica suma de 3,2 billones de bolívares (millones de millones). Eso no es otra cosa que la creación masiva de dinero sin respaldo por parte del BCV, institución que se adentra así en la más perversa y dañina práctica de política monetaria que se aplicó en otras economías latinoamericanas en décadas pasadas, y que tantos estragos inflacionarios causó. Adicionalmente, esa creación desproporcionada de dinero por el instituto emisor ha contribuido a disparar el tipo de cambio libre, lo que agrava aún más el fenómeno inflacionario, ya que, inevitablemente, esa tiende a ser la tasa cambiaria de referencia para el establecimiento de los precios. De continuar las cosas así, nada bueno nos depara el futuro en materia económica.

Pedro Palma

 
Existe una estrecha vinculación entre la inflación y los salarios, ya que cuanto más intenso sea el aumento de los precios, mayores tendrán que ser los ajustes de las compensaciones laborales para evitar la caída de la capacidad de compra de los ingresos de los trabajadores. En otras palabras, cuanto mayor sea la inflación más altos deberán ser los aumentos del salario nominal, para evitar la reducción del salario real.

De allí que varias personas apoyen los ajustes a las remuneraciones decretadas por el gobierno en 2016, incluyendo la que entró en vigencia el 1° de noviembre pasado, aduciendo que estas protegen el poder adquisitivo de las familias y las inmunizan contra la alta inflación que se padece. Eso no es cierto, pues esos ajustes solo compensan temporalmente el encarecimiento de los bienes y servicios, pero a la larga el aumento de los precios termina siendo mayor que el de las remuneraciones. Eso se debe a que el incremento compulsivo de los salarios aumenta la mayoría de los costos de las empresas, no solo los laborales directos, pues sus proveedores también aumentan los precios de los insumos que proveen, y esos mayores costos se transfieren a los precios. Si esa transferencia no fuera posible debido al férreo control de los precios o al temor de que se desplomen los volúmenes de venta, se reducirían los márgenes de beneficio y en muchos casos se generarían pérdidas, y las empresas se verían forzadas a despedir trabajadores o a cerrar sus puertas. Esto es particularmente cierto en el caso de las pequeñas y medianas empresas, altas generadoras de empleo, lo que hace que aquellos aumentos compulsivos de salarios les generen pesadas cargas que, en algunos casos, pueden llevarlas a la quiebra. Adicionalmente, los ajustes salariales recurrentes, sean producto de aumentos decretados o de su indexación automática, no benefician a todos por igual, ya que aquellas personas que no cuentan con un empleo formal no se benefician de aquellos aumentos, pero sí padecen los agravamientos inflacionarios que se generan. En el caso específico del último aumento decretado por el gobierno, lo que se incrementó con más fuerza fue el bono de alimentación, el cual no se incluye en las remuneraciones tomadas en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales, vacaciones y otros beneficios laborales, y no aplica para los pensionados, quienes tan solo se beneficiarán del aumento del salario mínimo. Adicionalmente, los aumentos decretados le imponen una pesada carga al sector público, el cual tiene una severa limitación de recursos, por lo que los mayores gastos que esos aumentos le generarán muy probablemente serán financiados por el BCV, a través de una mayor creación de dinero sin respaldo, lo que agrava el problema inflacionario.

Por todo lo anterior, sostenemos que los recientes ajustes a las remuneraciones no protegerán a los trabajadores de la inflación, e incluso los afectará, ya que lo que producirán es quiebra de empresas, mayor desempleo y aumento más intenso de los precios. La solución no se alcanza por esa vía. Lo que hay que hacer es afrontar la inflación y abatirla, como lo hicieron varios países hermanos que, en décadas pasadas, sufrieron graves procesos inflacionarios, aún más dramáticos que los que hoy padece Venezuela. ¿Cómo lo hicieron? Dándole prioridad a ese objetivo, e implementando políticas públicas caracterizadas por la disciplina fiscal y monetaria, por la restitución de la autonomía de sus bancos centrales, por los estímulos a la inversión para aumentar la producción, la eficiencia y la productividad de las empresas, por el desmantelamiento de los controles de precios con el fin de permitir la actuación racional de las fuerzas del mercado, y por la implementación de políticas cambiarias dinámicas y racionales.

Con una baja inflación no hay necesidad de decretar aumentos compulsivos de salarios, que tanto daño y distorsión generan.

Pedro Palma

El 28 de septiembre pasado la OPEP anunció un acuerdo para reducir su producción de petróleo con el fin de apuntalar los precios, y será en su reunión del 30 de noviembre de 2016 cuando se establecerán los nuevos límites de extracción de crudos de sus miembros. Ulteriormente, el 10 de octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció en el Congreso Mundial de Energía celebrado en Turquía que Rusia apoya la decisión de la OPEP. Esos anuncios tuvieron unos efectos iniciales en la dirección esperada, y generaron un acentuado aumento de los precios y una ulterior estabilización en niveles que no se veían desde comienzos de junio de este año. En efecto, en los diez días que siguieron al anuncio de la OPEP los precios de los crudos marcadores WTI y Brent aumentaron alrededor de 13%, al superar los 50 dólares por barril, nivel en el que se han mantenido durante las últimas 2 semanas. De hecho, algunas personas piensan que los precios pudieran subir hasta los 60 dólares y mantenerse allí durante el próximo año. No obstante, algunos factores pudieran obstaculizar la materialización de ese escenario optimista.

Por una parte, varios miembros de la OPEP están reacios a disminuir su producción; se incluyen en ese grupo Irán, Iraq, Nigeria y Libia, países que desean recuperar sus participaciones de mercado y aumentar sus ingresos. Por otra parte, de estabilizarse los precios en ese nivel, la producción de shale oil probablemente se incrementaría sólidamente, ya que sus productores en Estados Unidos y otras áreas, que se han visto afectados por los bajos precios de los últimos meses, percibirían que 60 dólares es un precio atractivo para ese tipo de crudo, y reactivarían sus actividades de extracción. De hecho, los anuncios de la OPEP han creado expectativas positivas entre los productores de shale oil, y ellos están muy atentos a las decisiones que se pudieran tomar en la próxima reunión del 30 de noviembre. Por lo tanto, no sería de extrañar que, al igual que en el pasado, de producirse recortes de producción entre los miembros de la OPEP, los mismos sean compensados por una mayor extracción de crudos por parte de otros productores. Adicionalmente, el presidente de Rosneft, la principal compañía petrolera rusa, declaró que Rusia no se sumaría a acuerdos de reducción de producción con el fin de apuntalar los precios, contradiciendo lo que tan solo horas antes había anunciado Putin en Turquía.

Pero ¿qué implicaciones tendría todo esto para Venezuela? Creo que escasas, aun en el mejor de los casos. Si suponemos que se materializa el escenario de estabilización de los precios a 60 dólares durante 2017, las ventajas serían limitadas, ya que el mayor precio, que se ubicaría alrededor de los 50 dólares para la cesta venezolana, vendría acompañado de un recorte convenido de los volúmenes de producción y exportación, que se sumaría a la acelerada declinación de los últimos meses. Sin embargo, el aumento de 15 dólares con respecto al precio promedio de 2016 implicaría un incremento en el ingreso de divisas que permitiría aumentar las importaciones, particularmente las de alimentos, medicinas y otros productos básicos, mitigando la crónica escasez que se padece de estos productos esenciales. Sin duda, ello sería un alivio, pero no más que eso, un alivio, no una solución a los gravísimos problemas que tenemos. Se seguiría padeciendo una altísima inflación, que continuaría minando la capacidad de compra del ingreso de la población e incrementando la pobreza; seguirían allí los graves desequilibrios fiscal, monetario, cambiario y real; y la economía continuaría en recesión, agravando el desempleo.

Como se ve, las decisiones que pudieran tomar los miembros de la OPEP en su próxima reunión podrían generarle a Venezuela, del lado optimista, unas ventajas marginales, pudiendo estas compararse a un calmante, mas no a la cura de la grave enfermedad que nos aqueja.

Pedro Palma

El reciente anuncio de canje de los bonos de Pdvsa 2017 por otro con vencimiento en 2020, el cual pagará un rendimiento superior a los de los bonos que se pretende canjear, y respaldados con una garantía de pago constituida por 50,1% de las acciones de Citgo, es otra manifestación del alto costo que le ha implicado a Venezuela la errada y absurda política económica implementada en la última década, y más específicamente las políticas cambiaria y fiscal del período 2008-2012.

Como ya he explicado en artículos anteriores, después del colapso de los precios petroleros de la segunda mitad de 2008, Cadivi restringió notablemente el acceso a los dólares preferenciales. Ello forzó a múltiples importadores a migrar al mercado paralelo, donde se podían obtener divisas lícitamente a través de la permuta de títulos valores, pero a un precio mayor que el tipo de cambio oficial, este último artificialmente bajo y subsidiado.

En mayo de 2010 se ilegalizó el mercado paralelo, aduciéndose que la tasa de cambio libre era muy alta y especulativa, y se creó el Sitme, sistema según el cual la permuta de títulos valores sería ahora hecha exclusivamente a través del BCV. Eso complicó aún más las cosas, pues no solo siguió muy restringido el acceso a los dólares preferenciales, sino que los montos que se podían obtener a través del Sitme eran muy bajos, y no existía la opción para los importadores de acudir al mercado libre por ser este ilegal; ello generó cuellos de botella a múltiples productores, lo que agravó la escasez de bienes. Esa insuficiencia de moneda extranjera se dio a pesar de que los precios petroleros estaban en franco aumento, particularmente desde el último trimestre de 2010, y superaron los 100 dólares el barril en 2011, entre otras razones, debido a la sustracción masiva de divisas a Pdvsa y al BCV para nutrir al Fonden, fondo creado con el fin de financiar el desbocado gasto público, y para dar dádivas y préstamos subsidiados a países afectos al régimen.

Eso se tradujo en la necesidad de incrementar la emisión de costosos bonos denominados en moneda extranjera por parte de la República y de Pdvsa con el fin de nutrir al Sitme, lo que generó una carga financiera desproporcionada, ya que esos bonos eran vendidos en moneda local a la tasa de cambio oficial artificialmente baja de 5,30 bolívares por dólar, pero generaban unas obligaciones en divisas por demás costosas, debido a los elevados rendimientos que estos papeles tenían que pagar, en algunos casos superiores a 10% y a 12%, como producto de la alta percepción de riesgo que sobre Venezuela existía en los mercados internacionales. Resumiendo, el sector público incurría en un costoso endeudamiento de largo plazo en moneda extranjera a cambio de unos pocos bolívares, con el fin de venderle dólares artificialmente baratos al público. No fue sino en febrero de 2013 cuando altos voceros del gobierno reconocieron que el Sitme era un absurdo, a pesar de las múltiples advertencias que se le hicieron al respecto durante los tres años de vigencia de ese sistema.

Pues bien, ahora se están pagando las consecuencias de esas erradas políticas, pues están venciendo los bonos en dólares que se adquirieron en bolívares al bajísimo tipo de cambio oficial, lo que genera unas pesadas cargas financieras, precisamente en momentos en que los ingresos de divisas han mermado debido a los bajos precios petroleros actuales. Por ello ha surgido la necesidad de hacer costosas ofertas de canje de esos papeles con el fin de postergar los pagos de amortización, sin que aún estén claras las posibilidades de éxito de esos esfuerzos. No quiero ni pensar en un escenario futuro en el que persistan los bajos precios petroleros y comiencen a vencer los bonos que pagan rendimientos superiores a 10% y 12%, pues las posibilidades de canjearlos por otros con vencimientos más remotos serían muy bajas y altamente onerosas.

Pedro Palma

 
En la fase del ajuste económico que inevitablemente habrá que implementar en un futuro próximo con el fin de afrontar los severos desequilibrios que padece la economía, tendrá que contarse con importantes cantidades de divisas, que se requerirán para poder realizar urgentes e inevitables transacciones y pagos externos. Se necesitarán abundantes recursos para incrementar la producción interna y realizar importaciones de insumos y de bienes terminados, así como para servir la deuda externa, para desmantelar el corrompido control de cambios y migrar hacia un sistema cambiario más dinámico y racional, y para implementar otras urgentes e impostergables acciones

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Pero, ¿se dispone de esas divisas en las cantidades requeridas? Definitivamente, no. Una de las razones ha sido la merma de los ingresos petroleros debido al desplome de los precios en la segunda mitad de 2014 y su ulterior estabilización en niveles muy bajos, combinada con la sostenida caída de los volúmenes de producción y exportación de hidrocarburos. Otra razón ha sido el pésimo uso que se ha hecho durante los últimos tres lustros de las divisas que han ingresado, debido al despilfarro, la corrupción rampante y la ausencia de chequeos y controles en el manejo de los fondos públicos, traduciéndose todo ello en la dilapidación de los más altos ingresos petroleros de nuestra historia. También hay que mencionar el irresponsable manejo de las reservas internacionales del país, al obligarse al BCV a transferir 60 millardos de dólares de estas al Fonden con la finalidad de financiar gasto público, recursos que, conjuntamente con los transferidos por Pdvsa a ese fondo, fueron administrados al libre albedrío del Poder Ejecutivo, sin rendirle cuentas a nadie, ni informar acerca del uso y destino de esos recursos.

Por ello las reservas internacionales han experimentado una severa caída hasta llegar a niveles críticos, al punto de que a comienzos de septiembre estas no llegaban a los 12 millardos de dólares, nivel muy bajo para una economía como la venezolana que tanto depende de los volátiles precios petroleros, habiéndose tenido que utilizar gran parte de las reservas mantenidas en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y desprenderse de la mitad de las reservas de oro.

Cabe entonces preguntarse: ¿de dónde saldrán los abundantes recursos que se requerirán para llevar adelante el inevitable ajuste, una vez que quienes estén al frente del gobierno afronten la situación caótica que se vive? Obviamente, una parte provendrá de las exportaciones futuras, pero eso no será suficiente, dados los bajos precios petroleros que muy probablemente persistirán por un tiempo, las limitaciones de producción de crudos existentes y los compromisos de envíos de hidrocarburos a China para pagar la deuda contraída con ese país. Otra fuente de generación de divisas será la reprivatización de algunas empresas que fueron estatalizadas por el gobierno chavista, que hoy se encuentran paralizadas o produciendo muy poco; sin embargo, la materialización de esos ingresos tomará tiempo, pues los procesos de privatización son lentos y prolongados. De allí que los cuantiosos recursos que se requerirán en relativo breve tiempo tendrán que venir del endeudamiento. No obstante, los procedimientos para obtener préstamos de organismos multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, son engorrosos y dilatados, por lo que creo que a quienes les toque implementar el ajuste tendrán que buscar la forma de obtener un crédito puente, similar a los que en el pasado se le otorgaron a México cuando ese país sufrió severas crisis, pudiendo así obtener cuantiosos recursos en breve lapso. Eso fue posible por el decidido apoyo del gobierno norteamericano, que además de proveer fondos en cantidades importantes, medió con organismos multilaterales para agilizar el otorgamiento de importantes préstamos a ese país.

Pedro Palma

En días pasados falleció Carlos Rafael Silva, apreciado colega, amigo y maestro, quien le dedicó su vida profesional al servicio de su país y a la docencia, ocupando importantes cargos que desempeño con probidad, eficiencia y dedicación plena. Comenzó su actividad laboral a fines de la década de los años cuarenta del siglo pasado cuando, aún como estudiante de economía en la UCV, entró a trabajar como pasante en el BCV, organización a la que le dedicó la mayor parte de su vida y en la que llegó a ocupar las más altas posiciones, siendo su presidente a fines de los años 70 y comienzos de los 80. A la caída de la dictadura de Pérez Jiménez fue designado Superintendente de Bancos, delicada posición en esos turbulentos tiempos de crisis económica y política, para luego ser nombrado en 1961 Primer Vicepresidente y Gerente General del instituto emisor, cargo que desempeñó durante más de tres lustros, siendo responsable del manejo administrativo y operativo de esa importante organización. Durante ese largo período veló por el mantenimiento y consolidación del alto estándar técnico que caracterizó al BCV, contando con la colaboración de destacados economistas, tales como Ernesto Peltzer, Bernardo Ferrán, Felipe Pazos, Ruth de Krivoy y otros.

También le dedicó buena parte de su tiempo a la actividad docente, siendo profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, institución esta última en la que fue Decano de la Facultad de Economía durante cinco años, teniendo yo la suerte de haber sido su alumno a mediados de la década de los sesenta, cuando regentaba la cátedra de finanzas públicas en esa universidad. Fue ministro durante las administraciones de tres presidentes, ocupando las carteras de Educación, Hacienda y Fondo de Inversiones de Venezuela. Paralelamente, se desempeñó como Gobernador del Fondo Monetario Internacional, como presidente del Consejo Ministerial del Fondo de la OPEP, y como presidente durante dos años del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo, o Grupo de los 24 (G-24), el cual fue creado en 1971 con la finalidad de participar en las negociaciones para la reforma del sistema monetario internacional, buscando así proteger los intereses de los países de menores ingresos.

Silva fue Individuo de Número Fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, organización de la que fue presidente, siendo un activo partícipe en todas las actividades de esa institución, hasta que por razones de salud se vio forzado a distanciarse de la misma. De hecho, fue un activo promotor de los múltiples documentos que ha elaborado esta Academia, en los que se han hecho análisis críticos sobre problemas económicos, políticas públicas implementadas o acciones de gobierno, y planteado soluciones para afrontar o corregir los problemas o consecuencias que aquellas acciones hayan podido generar.  En este sentido cabe mencionar la posición crítica que siempre tuvo a las pesadas cargas que inconstitucionalmente se le impusieron al BCV durante los años de la administración de Chávez, obligándosele a financiar gasto público deficitario a través de la transferencia al Poder Ejecutivo de unas utilidades cambiarias ficticias o de masivas cantidades de reservas internacionales, acción esta última que ha incrementado la vulnerabilidad de la economía a reducciones abruptas de los precios petroleros, como la que hemos estado padeciendo desde mediados de 2014 a esta parte.

Mucha falta harán personas con la experiencia y la sabiduría de Carlos Rafael Silva en las etapas de corrección de los profundos desequilibrios que hoy padece la economía, y en la implementación de una estrategia de desarrollo sustentable de largo plazo que se deberá aplicar en los años por venir, para así enrumbar al país por una senda de progreso y mejor calidad de vida.

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Hace pocos días se dieron a conocer los estados financieros consolidados de Pdvsa al 31 de diciembre de 2015 con sus respectivas notas contables, y el Informe de Gestión Anual de dicha empresa correspondiente al año pasado. El análisis de esos documentos ratifica lo que se ha venido alertando desde hace varios años, en el sentido de que la gestión de esa organización la está llevando a la ruina.

La transferencia compulsiva de cuantiosos recursos a fondos destinados a financiar gasto público, como es el caso del Fonden, el Fondo Miranda y otros, así como la obligación que se le ha impuesto a esa institución de destinar una enorme cantidad de dinero al financiamiento de operaciones que nada tienen que ver con su actividad medular, la han condenado a padecer una severa estrechez financiera, y a abandonar o descuidar una serie de tareas fundamentales del negocio petrolero. Ello se ha traducido en una caída sostenida de su capacidad de producción y de sus volúmenes de exportación, situación que se ha agravado por el desplome de los precios petroleros de los dos últimos años.

Múltiples son los ejemplos que se pueden citar para soportar lo dicho. Uno es la desproporcionada carga que tiene que asumir Pdvsa para financiar los distintos programas sociales del gobierno, muchos de ellos conocidos como “misiones”. De hecho, los aportes que por ese concepto tuvo que hacer esa empresa en 2015 superaron los 19,2 millardos de dólares, una cifra 21,2% mayor que la de 2014, a pesar de la caída de 49,5% del precio promedio de exportación.

Adicionalmente, Pdvsa está obligada a pagar con despachos petroleros la cuantiosa deuda contraída por el gobierno con China, a pesar de que esa empresa no ha sido la que ha recibido ni ha utilizado los fondos obtenidos a través de esos préstamos. De hecho, de acuerdo a la información recién publicada, el año pasado Pdvsa despachó al país asiático 579 mil barriles diarios (MBD) de crudo y productos, de los cuales 375 MBD se destinaron al pago de capital e intereses de la deuda contraída, por lo que tan solo 204 MBD, es decir un 35% del volumen enviado, le produjeron ingresos a la empresa.

Otra pesada carga la generan los Acuerdos de Cooperación Energética suscritos con distintos países de la región, según los cuales los pagos de una buena parte de los hidrocarburos vendidos son financiados a largo plazo con intereses de 1% y 2%. Si bien las ventas dentro de los convenios de Petrocaribe, Alba y otros a países distintos a Cuba pasaron de 108,9 MBD en 2014 a 88,3 MBD en 2015 (una contracción de 18,9%), la situación con Cuba fue muy diferente. De hecho, los volúmenes de crudo y productos despachados a ese país dentro del marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, aumentaron 9,4% en 2015 con respecto al año precedente, llegando a 97,8 MBD, ventas que no las paga el país caribeño en efectivo, pues estas son objeto de compensación con los servicios médicos prestados a través de la misión Barrio Adentro II. El valor de esos despachos, en base al precio promedio de exportación de ese año de 44,65 dólares por barril, fue de 1.593,9 millones de dólares.

Si se toman como ciertos los estimados presentados en distintos documentos, según los cuales el gobierno cubano le cobra a Venezuela un monto en torno a los 14.000 dólares mensuales por cada uno de los 28.000 especialistas de salud que presta sus servicios en la Misión Barrio Adentro, cifra, por cierto, muy superior a la que se le paga a cualquier médico venezolano en los hospitales públicos, el valor de los crudos y productos enviados a ese país el año pasado solo compensaría un tercio del costo de la asistencia médica cubana, quedando aún por pagar más de 3.100 millones de dólares.

Con cargas financieras como las descritas se condena a la ruina a cualquier empresa, por lo que la trillada frase “ahora Pdvsa es del pueblo” no es más que una burda y chocante falacia.

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El resultado del referéndum del 23 de junio en el Reino Unido (RU) para decidir sobre su permanencia o no en la Unión Europea (UE) nos dejó un mal sabor a muchos, pues al imponerse la opción de salir de esa importante comunidad, mejor conocida como Brexit, era lógico concluir que las consecuencias serán negativas en términos netos para todos los miembros de esa unión y para la comunidad internacional en general, pero en particular para los británicos, que son los que más van a perder.

Como se sabe, las reacciones no se hicieron esperar. En los días siguientes se desplomaron los mercados accionarios, la libra y el euro sufrieron fuertes caídas frente al dólar y al yen, y los precios de la mayor parte de los productos básicos, o commodities, bajaron fuertemente, generando todo ello alarma entre muchos de los que, tan solo pocas horas antes, habían votado por el Brexit, así como entre los europeos y la población internacional en general. Pero esas consecuencias inmediatas no serán las únicas. Si bien algunas de estas sobrerreacciones iniciales pueden corregirse en el futuro próximo, existe un práctico consenso entre los analistas sobre las adversas repercusiones económicas, políticas y sociales que están por operarse en el corto y mediano plazo, tanto en Europa como a escala global, aun cuando su intensidad e inmediatez son todavía imposibles de predecir.

Una de las consecuencias económicas será la disminución en el comercio entre el RU y la UE debido a las mayores tarifas, barreras y otros costos que se aplicarán a esas transacciones, generando esto menores niveles de actividad económica y de ingreso para los europeos, y en particular para el RU. El flujo de inversiones que desde los distintos miembros de la unión hacía la Gran Bretaña también se reducirá, propiciando que, por una parte, la productividad disminuya en esa nación, lo que restringirá sus posibilidades de crecimiento económico y su competitividad y, por la otra, limite la generación de fuentes de trabajo, lo cual afectará con particular fuerza a los jóvenes británicos, quienes no solo verán limitadas las oportunidades locales de empleo, sino también las posibilidades de trabajar en los otros países de la UE sin limitación alguna, como hasta ahora. De hecho, la pérdida de ventajas laborales implícitas en el Brexit influyó notablemente para que la gran mayoría de los jóvenes votara a favor de la permanencia en la UE.

Además de la penalización al liderazgo político británico por el resultado del referéndum, el Brexit también puede generar consecuencias geopolíticas adversas, tanto dentro como fuera del RU. El desagrado de los escoceses y de los irlandeses del norte por la inminente salida de la UE puede renovar sus sentimientos independentistas en el futuro inmediato, y lo sucedido puede animar a los líderes de varios grupos políticos extremistas y populistas de otros países de Europa a plantearse la posibilidad de promover iniciativas de separación similares, lo cual, de lograrse, podría debilitar severamente la solidez y sobrevivencia de la integración del viejo continente.

El Brexit también puede afectar negativamente a los países emergentes a través de la merma de sus exportaciones a la UE, así como por los menores precios de los commodities debido al fortalecimiento del dólar y a la menguada actividad productiva y comercial internacional. Eso afectaría con particular fuerza a los países altamente dependientes de las exportaciones de esos productos básicos, como es el caso de Venezuela, que no solo sufriría por la nueva baja de los precios, sino también por los menores volúmenes de producción y exportación de petróleo, y por sus críticamente bajas reservas internacionales.

En conclusión, decisiones colectivas altamente influidas por mensajes populistas engañosos pueden hacer mucho daño, no solo a las comunidades que las toman, sino también al mundo en general. De eso ya tenemos experiencia los venezolanos.

PEDRO A. PALMA

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