El gobierno ya nos tiene acostumbrados a sus múltiples acciones orientadas a solucionar problemas nacionales que no llevan a nada y que, después de fracasar rotundamente y de generar cuantiosos gastos y despilfarro, pasan al olvido. Creo que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, de reciente creación, serán otro fracaso más. Estos entes, que están formados por habitantes de pequeñas comunidades, y que se concibieron con la finalidad de solventar el grave problema de escasez de alimentos que sufren los venezolanos, no podrán lograr su objetivo, y muy probablemente degenerarán en más corrupción, ineficacia, clientelismo y discriminación, agravando aún más el problema por el que fueron creados.

Los CLAP tienen un incuestionable tinte político, ya que se fundamentan en cuatro instancias estrechamente vinculadas al oficialismo, como son La Unión Nacional de Mujeres, la Unidad Batalla Bolívar-Chávez, el Frente Francisco de Miranda y los Consejos Comunales, debiendo contar cada CLAP con el certificado, o visto bueno, del Ministerio para las Comunas. Altos voceros gubernamentales han informado que el grueso de la distribución de alimentos a escala nacional se hará directamente y sin intermediarios, para lo cual el Estado comprará el 70% de la producción de las plantas procesadoras de alimentos, comercializando esos productos a través de los CLAP, entes que tendrán un registro del número de familias o casas en su comunidad, a las cuales se les deberá vender periódicamente bolsas de comida a precios subsidiados. Con ello pretende el gobierno, por una parte, acabar con las interminables colas de personas en las puertas de los abastos y supermercados con el fin de comprar cualquier alimento, objetivo que muchas veces se ve frustrado por el rápido agotamiento de las escasas mercancías y, por la otra, eliminar a los vendedores informales, también conocidos como “bachaqueros”, quienes acumulan mercancías con el fin de revenderlas, pero a precios muy superiores a los regulados.

En un primer momento la idea puede parecerle buena a muchos, pero a la larga quedará demostrado que la misma no es funcional ni eficiente, y su implementación acabará agravando el problema de escasez y exacerbando la frustración de la gente al no conseguir alimentos, o tener que adquirirlos a precios muy elevados en el mercado informal.

El sesgo político de estos comités generará la discriminación de las personas no afectas al gobierno, a quienes se les restringirá el acceso a los alimentos distribuidos por los CLAP, pues estos, al igual que varias veces en el pasado, se encargarán de excluir de sus listas de beneficiarios a aquellas familias cuyos miembros sean de la oposición, o hayan firmado en favor del referendo revocatorio contra Maduro. Estos excluidos tendrán que acudir al mercado informal o seguir haciendo colas interminables para comprar alimentos, pero ahora en abastos críticamente desabastecidos debido a la venta forzosa que tendrán que hacer las plantas procesadoras de alimentos al gobierno para proveer a los CLAP. De hecho, el jefe de control de estos nuevos entes informó que el gobierno había acordado con las cadenas privadas que el 50% de la mercancía recibida será comercializada a través de esas redes, y el 50% restante por los CLAP.

Adicionalmente, varios de los que administrarán los alimentos a ser entregados a los comités, o muchos de sus miembros, se transformarán en “bachaqueros”, pues rápidamente verán la posibilidad de desviar y acaparar parte de esos productos, para luego revenderlos en el mercado informal con precios artificialmente altos.

Peligroso el juego del gobierno con los CLAP, pues ello puede profundizar aún más el crítico problema de desabastecimiento, con el agravante de que la discriminación que el mismo posiblemente generará puede tener consecuencias nefastas. Este no es el momento de improvisar. Eso es jugar con fuego.

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En recientes declaraciones, el ministro Pérez Abad informó que el gobierno está próximo a poner en marcha un nuevo sistema de cambio complementario, en el que la tasa de cambio, Dicom, responderá a las realidades del mercado, buscando con ello captar, administrar y colocar divisas en sectores clave que permitan estimular las exportaciones y sustituir las importaciones. ¿Significa esto la eliminación del control cambiario y la migración a un sistema de libre convertibilidad? Definitivamente, no.

Lo que se pretende es sustituir el Sistema Marginal de Divisas, Simadi, cuya tasa ha experimentado un notable incremento, por otro, también controlado, pero en el que el tipo de cambio sea fluctuante y responda a las fuerzas del mercado, permitiendo que Pdvsa y otras empresas públicas, así como exportadores privados e individuos puedan vender divisas a esa tasa. Con ello se buscaría, entre otras cosas, mejorar la precaria situación financiera de la petrolera, flexibilizar el acceso a las divisas controladas, pero a un precio más realista, y estimular las exportaciones. Sin embargo, seguirá vigente el sistema protegido de cambio con una tasa preferencial Dipro, que hoy sigue anclada en el absurdo nivel de diez bolívares por dólar. Este se aplicará a las importaciones esenciales, a los pagos de pensionados en el exterior y a otras operaciones marginales, así como a las divisas requeridas por el sector público para el servicio de deuda externa, viáticos de funcionarios, seguridad, defensa nacional y otros pagos foráneos. Este último sistema será alimentado con divisas de Pdvsa, que seguirán siendo vendidas al BCV a la tasa preferencial.

Comentó Pérez Abad que el comportamiento reciente de la tasa Simadi había frenado el avance del dólar negro, cuyo precio había retrocedido en las últimas semanas. De allí que sea válido que nos preguntemos si el funcionamiento del nuevo sistema complementario podrá lograr que el tipo de cambio paralelo siga bajando, cerrando la brecha entre ambas tasas. Eso dependerá en buena medida de la transparencia con que funcione el nuevo sistema, lográndose que la oferta y la demanda de divisas en ese mercado tiendan a equipararse, pues solo así se limitaría la necesidad de acudir al mercado paralelo para comprar moneda extranjera. La oferta dependerá de la cantidad de dólares que podrá vender Pdvsa, y de la disposición de los tenedores privados de divisas, los exportadores entre ellos, de ofrecerlas al tipo de cambio Dicom. La demanda, por su parte, estará estrechamente vinculada a la cantidad de dinero que se pueda canalizar hacia la compra de divisas, por lo que es fundamental restringir la oferta monetaria, para lo cual es indispensable aplicar medidas correctivas al enorme desequilibrio fiscal y suprimir el financiamiento de gasto público deficitario por parte del BCV, es decir, imponer disciplina fiscal y monetaria. Adicionalmente, es necesario minimizar las limitaciones a la adquisición de divisas en el mercado complementario y, simultáneamente, legalizar el mercado paralelo.

El gobierno tiene la esperanza de que la nueva tasa cambiaria fomente las exportaciones, pero ello solo se logrará si los productores locales pueden incrementar su producción, para lo cual tienen que contar con los insumos importados que requieren, es decir, deberán tener acceso a los dólares que se necesitan para realizar esas compras foráneas. Adicionalmente, se tienen que flexibilizar los controles de precios, reconociendo los mayores costos generados por el encarecimiento de la divisa y por la inflación, pues de lo contrario no habrá incremento de la producción que permita aumentar las exportaciones y sustituir importaciones.

Como se ve, el funcionamiento del nuevo sistema y el logro de sus objetivos dependen de múltiples factores, cambiarios y de otra índole, aunque lo deseable es la total eliminación de los controles existentes.

Pedro Palma

 
Cuando esporádicamente se conocen los estimados del índice nacional de precios al consumidor, INPC, calculado por el BCV y por el Instituto Nacional de Estadística, INE, no tardan en manifestarse los disentimientos de múltiples consumidores, quienes sostienen que la intensidad con que verdaderamente aumentan los precios es muy superior a la que indican las variaciones de ese índice. Eso se debe a que los cálculos oficiales del INPC adolecen de distorsiones que se traducen en subestimaciones de los verdaderos incrementos de los precios.

Así, el peso del tipo de cambio paralelo o del mercado negro en la determinación de los precios no es tomado en consideración en los estimados del BCV y del INE, a pesar de que la escasez crónica de divisas preferenciales hace que los precios se establezcan cada vez más basados en los costos esperados de reposición, los cuales están altamente influidos por aquella tasa cambiaria libre, al punto de que alrededor de 40% de la economía venezolana está atada a ese tipo de cambio. Adicionalmente, aquellos cálculos oficiales le dan un peso mayor al que realmente tienen las redes gubernamentales de comercialización de productos subsidiados, tales como Mercal, Bicentenario y Pdval, pero no toman en consideración los altos precios que tienen que pagar muchos consumidores en el mercado negro o informal, al no tener acceso a los productos regulados debido a la crónica escasez que de ellos existe. Es sabido que, después de hacer interminables colas, muchos consumidores no encuentran los productos básicos que necesitan, y se ven obligados a acudir a los vendedores informales, también conocidos como “bachaqueros”, para adquirirlos, pero a un precio sustancialmente mayor al fijado por el regulador, y es una realidad que, a mayor escasez de productos, mayor es el margen especulativo que esos vendedores informales aplican a los productos que ellos acaparan.

En vista de que más de la mitad de la canasta usada para medir la inflación oficial está sujeta a controles de precios, e ignora los problemas asociados a la escasez, al desabastecimiento y a la existencia del mercado negro, se hace necesario calcular otros indicadores que busquen corregir aquellas falencias. De allí que en Ecoanalítica nos hayamos impuesto la tarea de calcular, por una parte, el INPC que insólitamente el BCV se niega a publicar, siguiendo su metodología y ponderaciones y, por la otra, la inflación subyacente, que refleja el valor de los productos no regulados, y los efectos que sobre los precios tienen la escasez, la distorsión cambiaria y la especulación en el mercado negro. Al comparar ambos índices afloran las grandes diferencias que entre ellos existen. Si bien los estimados del INPC nos dicen que la inflación en lo que va de 2016 se ha acelerado con respecto a igual período del año pasado, su aumento intermensual promedio en el primer cuatrimestre se calcula en 11,8%, que al anualizarse, es decir, al aplicar esa tasa mensual a lo largo de los 12 meses del año, nos daría una inflación de 281%. Un cuadro muy distinto se observa en el índice de inflación subyacente, el cual ha experimentado un aumento intermensual de 28,2% en los primeros 4 meses de 2016, lo que equivale a una inflación anualizada de 1.865%.

¿Cuál de esas inflaciones es más realista? Creemos que ninguna de las dos, pues aún la economía sigue siendo muy contralada y los precios de muchos productos importados se establecen con base en un tipo de cambio artificialmente bajo y altamente subsidiado. Pero lo que nos dice la inflación subyacente es que existen grandes presiones que están elevando intensamente los precios, y que puede caerse en la hiperinflación si no se toman las medidas para paliarlas. Dado que la brecha entre las dos mediciones se amplía de forma alarmante, las acciones decididas para abatir la inflación, que las hemos identificado en artículos anteriores, son de urgente e impostergable implementación.

Pedro Palma

Cuando se habla de golpe, tendemos a asociar esa palabra con los alzamientos militares que buscan derrocar gobiernos, como los dos que infructuosamente intentaron dar Chávez y sus seguidores golpistas en febrero y noviembre de 1992, y el que le dio el Alto Mando Militar a Chávez en la madrugada del 12 de abril de 2002, cuando, de acuerdo con la información dada al país por la más alta autoridad militar del momento, rodeado por los generales de más alta jerarquía, el Alto Mando Militar, ante los graves hechos del día anterior en la ciudad de Caracas, le había solicitado la renuncia al presidente, “la cual aceptó”. Este último golpe logró su objetivo, aunque de forma efímera, pues Chávez regresó al poder pocas horas después de haber sido derrocado por su cúpula militar.

Pero no. Esos no son los únicos golpes que existen. Durante los últimos años del siglo pasado y en lo que va de este, se han dado en Venezuela varios golpes sui géneris contra entes del Estado, que yo los llamo golpes constitucionales. Por más descabellado que parezca, esos golpes se fundamentan en preceptos constitucionales que les dan un viso de legalidad y legitimidad, a pesar de que los mismos son tan ilegales y despreciables, como cualquier cuartelazo que derroque a un gobierno legítimamente elegido y que ejerza sus funciones de forma democrática y en apego al Estado de Derecho. Un ejemplo de estos es el golpe que le dieron a Carlos Andrés Pérez en 1993, cuando la Corte Suprema de Justicia sentenció que había motivos suficientes para juzgar al presidente, debido al desvío de unos fondos de la partida secreta con cargo a los servicios de inteligencia y seguridad del Estado, lo cual llevó a su destitución y enjuiciamiento. Esto sucedió a pesar de que Pérez había explicado la forma y las razones por las cuales se había tramitado la rectificación presupuestaria de 250 millones de bolívares, operación que se había hecho en estricto apego a la ley. En otras palabras, se inventó un delito que fue utilizado por sus adversarios políticos, incluyendo a los de su propio partido, para sacarlo de la presidencia a través de un mecanismo contemplado en la ley, pero mal utilizado. La Corte Suprema tomó una decisión injusta, actuando como un organismo político más, y no como un tribunal que tenía que impartir justicia de forma imparcial y en apego a la ley. Así se perpetró un golpe, pero con un viso de legalidad y constitucionalidad, que fue aceptado y respetado por la comunidad internacional.

En estos momentos estamos viendo con estupor e indignación cómo la Sala Constitucional del TSJ, totalmente subordinada al Poder Ejecutivo, está dictando sentencias descabelladas que declaran inconstitucionales diversas leyes aprobadas por el nuevo Parlamento, que no solo no tienen ningún viso de inconstitucionalidad, sino que, por el contrario, en varios casos lo que pretenden es corregir entuertos y decisiones gubernamentales reñidos con la Constitución y las leyes. Un ejemplo de ello fue la decisión de esa sala de declarar inconstitucional la reforma de la Ley del BCV, a pesar de que lo que pretendía dicho instrumento era restituir la ley vigente desde 2001, y que fue modificada el 30 de diciembre de 2015 a través de un absurdo decreto ley dictado por el presidente Maduro como parte de la pasada Ley Habilitante, que no puede ser catalogado de otra forma que de un disparate que viola flagrantemente la Constitución. Ulteriores sentencias han invalidado otras leyes, como la de Amnistía, y han pretendido limitar las funciones de la Asamblea Nacional sin fundamento alguno, lo que lleva a pensar que el objetivo último es aniquilar el Parlamento.

Al igual que el infausto golpe perpetrado por Alberto Fujimori al disolver el Congreso peruano en 1992 se inmortalizó como el “fujimorazo”, creo que lo que estamos presenciando aquí son “tribunalazos” que bien podrían catalogarse como golpes constitucionales.

 
PEDRO A. PALMA / PALMA.PA1@GMAIL.COM

@PALMAPEDROA

El 15 de abril pasado las reservas internacionales (RI) cerraron en 12,9 millardos de dólares, un nivel muy bajo que no se veía desde mediados de septiembre de 1998, cuando el BCV hizo frente a una fuerte salida de capitales ante las posibilidades cada vez más ciertas del triunfo de Chávez en las elecciones de diciembre de ese año, y el debilitamiento de los precios petroleros debido a la crisis de los países asiáticos, lo cual, combinado con una alta sobrevaluación cambiaria, generó una expectativa de una inminente devaluación. En esa oportunidad el instituto emisor decidió defender el bolívar, implementando una política monetaria muy restrictiva con el fin de limitar la disponibilidad de bolívares para comprar dólares, e incrementando la venta de divisas para atender la mayor demanda de moneda extranjera. Eso hizo que, por una parte, las tasas de interés locales se dispararan a niveles muy elevados y, por la otra, que las RI bajaran a 12,93 millardos de dólares. Ante esa situación, muchos de los que se habían endeudado en bolívares para comprar dólares con el fin de protegerse de la esperada devaluación, decidieron liquidar sus posiciones en moneda extranjera y cancelar sus deudas en bolívares, ahora altamente costosas, ante el convencimiento de que el BCV estaba decidido a no devaluar, para lo cual contaba con unas amplias reservas.

Dijimos ya que el nivel actual de RI es muy bajo, y de hecho es mucho menor que el existente en septiembre de 1998. Eso se debe a que un dólar de hoy compra mucho menos que uno de aquella época, por lo que, si tomamos en consideración el nivel de inflación de los EE. UU., las RI actuales equivalen a 8,9 millardos de dólares de septiembre de 1998. Vale entonces que nos preguntemos por qué han bajado las reservas a esos niveles tan bajos, y qué implicaciones tiene eso para la economía.

Obviamente, la caída de los precios del petróleo que se ha materializado desde mediados de 2014 a esta parte es uno de los factores que ha causado aquella contracción de las RI, pero no es el único. La irresponsable decisión de forzar al BCV a transferir las mal llamadas “reservas excedentes” al Fonden con el fin de financiar gasto público, así como la de asignarle la responsabilidad de pagar parte de la contribución por altos precios petroleros, impuesta a Pdvsa, permitió que se dilapidaran más de 60 millardos de dólares de RI entre 2005 y 2014. La abrupta contracción de los ingresos de divisas debido al desplome más reciente de los precios petroleros, combinado con el menguado nivel de RI, hizo que la disponibilidad de dólares para importar y para cubrir obligaciones externas fuera mucho menor que los niveles requeridos, produciéndose una escasez crítica de divisas. Ello, además de generar una mayor necesidad de financiamiento externo, ha producido una gran presión sobre las RI, haciendo que entre diciembre de 2014 y mediados de abril del presente año estas hayan bajado más de 9.100 millones de dólares, lo cual equivale a una reducción de 41,6%. Las reservas de oro y la tenencia en Derechos Especiales de Giro (DEG) en el Fondo Monetario Internacional, son los componentes que mayor caída han sufrido, pasándose de una tenencia de más de 11,62 millones de onzas troy de oro en diciembre de 2014 a 8,81 millones a fines de 2015, una contracción de 24,3%, siendo muy probable que esa reducción haya continuado en lo que va del presente año. Por su parte, la tenencia de DEG bajó casi 2,5 millardos de dólares en 2015, una caída de 75%.

Todo ello ha incrementado la vulnerabilidad de la economía, exponiéndola cada vez más a la debilidad de los precios petroleros, sobre los que no tenemos capacidad de influencia, pero de los que dependemos de forma casi absoluta, pudiéndose decir que, en buena medida, ello se ha debido a la irresponsabilidad y falta de previsión del gobierno durante la última década.

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Durante las últimas semanas hemos visto reiteradas manifestaciones de bloqueo por parte del Tribunal Supremo de Justicia a cualquier decisión de la Asamblea Nacional que, a juicio del oficialismo, afecte o choque con los intereses del gobierno. Tal fue el caso de la anulación arbitraria de la elección de los diputados de Amazonas, o la invalidación de varias leyes aprobadas por el nuevo Parlamento, por considerarlas inconstitucionales. El más reciente ejemplo es la sentencia de la Sala Constitucional que echó por tierra la nueva Ley del BCV, sancionada el 3 de marzo, la cual pretendía reformar el absurdo y disparatado decreto N° 2179 de reforma parcial de la ley del instituto emisor, dictado por el presidente Nicolás Maduro el último día de vigencia de la más reciente Ley Habilitante.

Al analizar dicha sentencia se asombra uno por lo banal y poco sólida que es. Así, en la nueva ley, al igual que en la que estuvo vigente hasta hace poco, se establecía que la decisión de remover a cualquier miembro del Directorio la tomaría la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes de ese cuerpo, después de cumplirse un procedimiento debidamente sustentado que justificara aquella remoción. Esa norma pretendía sustituir otra contenida en el decreto de diciembre de 2015, según la cual quien toma la decisión de remoción es el presidente de la República. En la sentencia del TSJ se argumenta que la remoción por parte del Parlamento podría afectar la autonomía del instituto emisor ya que, al no ser el órgano competente constitucionalmente para hacer las designaciones, tampoco puede remover a los mencionados funcionarios. Ese punto, sin embargo, no tiene mayor sustento, ya que la autonomía del BCV está mucho más amenazada si es el presidente de la República quien tiene la potestad de remover a cualquier director, en vez de un cuerpo colegiado y plural como la Asamblea Nacional.

Dice la sentencia del TSJ que resulta evidente que lo que se pretende con la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional es asegurar, por parte de la mayoría del Parlamento, el control político del BCV lo cual riñe con los preceptos de la Constitución. En consecuencia, rechaza la ley por inconstitucional y ratifica la vigencia del decreto con rango de ley de diciembre de 2015, permitiendo que el presidente de la República decida que el BCV siga financiando el gasto público deficitario, supuestamente para evitar un perjuicio al interés público, a pesar de la prohibición explícita de la Constitución a ese tipo de práctica, al establecer en su artículo 320 que el BCV “no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias”. Adicionalmente, y en contravención con lo establecido en la carta magna, se le permite al primer magistrado ordenarle al instituto emisor suspender la publicación de información, con el fin de preservar la estabilidad económica de la nación. También exime a las autoridades del Banco Central a comparecer ante la Asamblea Nacional, a pesar de que el artículo 319 de la Constitución dice: “El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten e incluirán los análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la ley”.

Como se ve, son estas sentencias del TSJ las que violan la Constitución, organización que lo que hace es defender los intereses del gobierno, en vez de impartir justicia de forma imparcial y en apego a la ley.

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Recientemente el BCV publicó las cifras de inflación del año 2015; esta se ubicó, en promedio, en 180,9%, el nivel más alto del que se tenga memoria en Venezuela y el más elevado a escala mundial. No obstante, muchos aducen que la inflación que se padece es substancialmente mayor. Eso se debe a que lo que más impacta a cualquier ciudadano es el incremento de los precios de los productos más básicos, como los alimentos, los cuales han experimentado aumentos mucho más agudos.

Adicionalmente, creemos que aquella inflación promedio reportada fue subestimada, ya que la metodología para su cálculo fue modificada a través de la revisión de las ponderaciones aplicadas a las distintas agrupaciones de productos y servicios, posiblemente con la finalidad de reportar una inflación más baja. Expliquemos esto.

Mensualmente el BCV y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) determinan el comportamiento a escala nacional de los precios de múltiples bienes y servicios, agrupados en trece bloques, tales como alimentos y bebidas no alcohólicas, vestido y calzado, salud, etc. De esa forma se puede determinar cómo han variado los precios de los distintos componentes que constituyen cada una de esas agrupaciones, y se calcula un índice de precios para cada una de ellas. Así se establece cuál ha sido el aumento que han experimentado los precios de los componentes de cada bloque durante un período dado, como un mes o un año, y se puede decir que, por ejemplo, en 2015 los precios de los componentes incluidos en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 315%, en promedio, mientras que los de la agrupación vestido y calzado se incrementaron 146,5%.

A los fines de calcular cuál fue el aumento global de precios, se calcula un índice general nacional como el promedio de los índices de las trece agrupaciones, y se pondera o sopesa cada uno de ellos de acuerdo con la importancia que en el presupuesto familiar tiene cada grupo. Obviamente, la agrupación que mayor importancia tiene es la de alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que otras, como equipamiento del hogar o comunicaciones, tienen pesos mucho más bajos. Esas ponderaciones tradicionalmente se mantienen constantes a lo largo de varios años, aun cuando se puede argumentar que con el paso del tiempo la importancia de los distintos grupos en los patrones de consumo familiar puede variar, y deben ajustarse, en consecuencia, las ponderaciones respectivas. Sin embargo, lo que ha sido tradicional es que el BCV y el INE mantengan constantes las ponderaciones por períodos prolongados, tal como fue el caso del lapso comprendido entre 2008 y mediados de 2014. Aun cuando no se ha suministrado información alguna, es obvio que las ponderaciones fueron modificadas a partir de la segunda mitad de 2014, bajando el peso del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. De haberse mantenido las ponderaciones sin modificación, en Ecoanalítica hemos calculado que la inflación de 2014 habría sido 76% y no 68,5%, como se reportó, y la de 2015 habría sido 240,5% y no 180,9%.

Incluso, si aceptamos el criterio que justifica el ajuste de las ponderaciones a lo largo del tiempo, los cálculos oficiales seguirían estando subestimados, pues en períodos de recesión económica, como los que se han vivido en los últimos años, en los que se reduce la capacidad de compra de la población y aumenta la pobreza, lo que es lógico esperar es que aumente el peso de los grupos de productos básicos, como los alimentos y las medicinas, en los presupuestos familiares, y se debe, en consecuencia, aumentar la ponderación de estos rubros en el cálculo de la inflación general. De ser ese el caso, la inflación de los dos últimos años habría sido aún mayor que aquella calculada sobre la base de mantener constantes las ponderaciones de las distintas agrupaciones que, como ya se dijo, fue de 76% para 2014 y 240,5% para el año pasado.

Pedro Palma

El miércoles 17 de febrero pasado el presidente Maduro anunció tres medidas económicas a las que quiero referirme. La primera fue el aumento del precio de la gasolina, esperado desde hace décadas y eludido por nuestros gobernantes de manera irresponsable y costosa. Tal era la convicción de que no era posible seguir accediendo gratuitamente a un recurso tan importante y estratégico, que el aumento superior a 6.000% en el precio de la gasolina de 95 octanos fue aceptado de inmediato. Ahora bien, ¿debemos esperar que los nuevos precios se mantengan inalterados por un buen tiempo? Pienso que no, ya que estos siguen siendo muy bajos en comparación con cualquier estándar internacional y, si los mismos se mantuvieren fijos por un período prolongado, la inflación se encargaría de desvanecerlos rápidamente. De hecho, si comparamos el de la gasolina de 95 octanos con el precio en Colombia o en muchos otros países de la región, este sigue siendo mucho menor, por lo que pudiera continuar el contrabando de extracción a países vecinos, aun cuando generando unos márgenes de ganancia más moderados. De allí el anuncio oficial de que se piensa colocar estaciones de servicio en las zonas fronterizas, en las que se cobre la gasolina a precios internacionales y en dólares o en pesos colombianos, aun cuando dudo que una medida de ese tipo realmente elimine el contrabando o lo reduzca significativamente.

Un segundo anuncio fue el del aumento de los salarios y de las compensaciones a través de los tiques de consumo, buscando con ello resarcir la pérdida de la capacidad de compra de las remuneraciones de los trabajadores. Sin duda, en un ambiente de alta y creciente inflación, como la que se padece en Venezuela, los ajustes periódicos de las remuneraciones son necesarios, pero estos nunca neutralizan totalmente la erosión de los ingresos reales producida por el aumento de los precios, ya que, incluso en las economías con indexaciones automáticas de los salarios de acuerdo con la inflación, los ajustes de los ingresos siempre van rezagados al aumento de los precios, siendo común el ensanchamiento de la brecha, entre otras razones porque los ajustes de las compensaciones laborales incrementan los costos, presionando los precios al alza.

La tercera medida se refiere a las modificaciones de las tasas de cambio controladas, al ajustar la tasa preferencial de 6,30 bolívares por dólar a 10, y convertir el Sistema Marginal de Divisas (Simadi) en un sistema complementario flotante, en el que la tasa de cambio fluctuará a partir de los 200 bolívares por dólar. Si bien este último esquema aún no se ha definido, dudo que el mismo sea un verdadero esquema de tipo de cambio flotante, siendo lo más probable que la autoridad cambiaria ajuste periódicamente la tasa, sin que la misma responda a las fuerzas del mercado. Si bien la sobrevaluación cambiaria hacía imperioso el ajuste de la tasa preferencial, esa corrección solo enmienda marginalmente aquel problema. Otro aspecto es que el nuevo esquema no va a eliminar el mercado paralelo y su extraordinario efecto distorsionante, al seguir siendo utilizada la tasa de cambio de frontera como la referencia del valor del dólar, dadas las severas restricciones que seguirán existiendo para acceder a las divisas controladas. Adicionalmente, los ajustes de las tasas de cambio oficiales generarán importantes ajustes de precios.

Como se ve, las tres medidas analizadas, si bien eran necesarias y tienen la orientación correcta, no corrigen las distorsiones existentes en la comercialización de la gasolina, en el salario real y en el esquema cambiario, solo las mitigan y, adicionalmente, generarán presiones alcistas de precios.  Finalmente, si se quiere tener estabilidad en el precio de la gasolina, en los salarios y en el precio del dólar, lo primero que hay que hacer es abatir la inflación, lo cual requiere mucho más que tres medidas aisladas.

 
Pedro A Palma

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Entre 2004 y mediados de 2008 los precios petroleros experimentaron un sostenido e intenso crecimiento, esto generó sólidos aumentos de los ingresos públicos. Ello llevó al gobierno a implementar una política de gasto fuertemente expansiva, y se inyectaron a la economía ingentes recursos que expandían la oferta de dinero y estimulaban el consumo y la producción, lo que se tradujo en una bonanza económica.

n ese lapso, y en los años que siguieron, se desató un despilfarro de recursos que a la larga generó enormes déficits públicos, los cuales fueron financiados por el BCV a través de la creación masiva de dinero sin respaldo o a través de la contratación de deuda. Esas erogaciones se realizaban no solo a través de la ejecución presupuestaria ordinaria, sino también a través del manejo de fondos que eran administrados al libre arbitrio del Poder Ejecutivo, sin rendir cuentas a nadie, ni responder a ninguna planificación o presupuesto. Uno de ellos era el Fonden, que en tan solo 8 años recibió más de 120 millardos de dólares a través de ingentes transferencias de recursos de Pdvsa y de reservas internacionales del BCV. Ello, combinado con un corroído control de cambios vigente desde 2003, permitió la materialización de corruptelas de todo tipo, que se tradujeron en robos de fondos públicos por montos inimaginables. Solo para dar una idea, a comienzos de 2013 funcionarios del más alto rango declararon que de los más de 50 millardos de dólares que en 2012 se le habían asignado a Cadivi, la organización que manejaba el control cambiario, cerca de 20 millardos habían ido a parar a empresas fantasmas.

Adicionalmente, las finanzas de Pdvsa fueron severamente afectadas, al obligársele a financiar múltiples y costosísimos programas sociales que nada tenían que ver con su actividad medular, y forzándosele a destinar un creciente número de barriles de exportación al pago de la deuda con China, y al envío de altos volúmenes de petróleo subsidiado a países con los que se han celebrado convenios de cooperación energética, incluida Cuba, a la que se le ha suministrado cerca de 100.000 barriles diarios, que son compensados a través del envío de médicos cubanos para atender la Misión Barrio Adentro. No obstante, los altos precios petroleros del período 2004 hasta mediados de 2008 y, nuevamente, entre 2011 y junio de 2014 generaban muchos dólares que velaban la deteriorada situación financiera de Pdvsa y el riesgo de una caída brusca de ingresos de divisas, de las que tanto dependemos. Esa situación cambió en la segunda mitad de 2008, cuando se desplomaron los precios debido al estallido de la crisis financiera de ese año, así como en el lapso que comenzó en la segunda mitad de 2014 hasta nuestros días, cuando los precios volvieron a caer, al pasar de 99 dólares en junio de ese año a tan solo 25 hoy.

La historia nos ha enseñado que, así como los precios petroleros suben súbitamente, estos también se desploman, por lo que hay que ser precavidos, aplicar políticas económicas prudentes y ahorrar parte de los ingresos adicionales en los buenos años petroleros, para contar con recursos con qué mitigar los menores ingresos en los períodos de bajos precios. Esa recomendación, que repetidamente le dimos varios economistas al gobierno –no solo al actual, sino también a los anteriores–, fue reiteradamente desoída. Pues bien, esa imprevisión la estamos pagando muy cara, ya que, en vez de haberse creado un robusto fondo de estabilización macroeconómica y haberse implementado políticas sensatas en los buenos años petroleros, lo que se hizo fue despilfarrar, acosar y destruir buena parte del sector productivo privado, expropiar y expoliar empresas que al pasar a manos públicas se volvieron ineficientes, y poner la economía a depender más que nunca de las importaciones. Ello nos ha condenado a padecer una escasez extrema, una inflación galopante, un empobrecimiento crítico y una depresión económica asfixiante.

Pedro Palma

PALMA.PA1@GMAIL.COM

@PALMAPEDROA

El 16 de diciembre de 2015 la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó su tasa de interés referencial en un cuarto de punto porcentual, poniendo así fin a una congelación de esta durante 9 años. Eso hizo más atractiva la tenencia de dólares, y estimuló la liquidación de activos en acciones, opciones de compra de commodities y otras formas, contribuyendo ello a debilitar aún más varias divisas como la libra y el yen, y a acentuar la tendencia a la baja de los mercados de valores y de los precios de muchos productos básicos. Esa situación se exacerbó por la reciente minidevaluación del yuan chino, lo cual aumentó el escepticismo de los inversionistas acerca de la estabilidad de esa moneda, llevando a muchos de ellos a liquidar sus inversiones en ese país para adquirir dólares, y protegerse de la esperada depreciación del yuan. Eso generó el desplome de la bolsa de valores de Shanghái, cuyo índice bajó casi 19% en tan solo un mes, contribuyendo ello al debilitamiento más acentuado de los principales mercados bursátiles, que cayeron cerca de 10% en promedio durante los primeros 20 días de enero de este año.

Esa tendencia cambió bruscamente el viernes 22 de enero pasado, cuando los presidentes de los bancos centrales de los países industrializados, reunidos en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza, decidieron actuar con el fin de tranquilizar a los nerviosos inversionistas, entre quienes se estaba consolidando una expectativa muy negativa acerca del futuro de la economía mundial, hablándose de una posible nueva crisis global similar a la de 2008. Varias de las autoridades monetarias allí reunidas anunciaron su intención de poner en marcha políticas monetarias expansivas con el fin de estimular las economías industrializadas, y un alto funcionario chino declaró que el gobierno de su país no tenía planeado devaluar nuevamente el yuan en el futuro previsible. Esos anuncios hicieron que ese día la bolsa de Shanghái subiera más de 5% y que los mercados de valores de Estados Unidos, Europa y Japón se recuperaran en promedio en más de 2,5%. Los precios de loscommodities, por su parte, también experimentaron fuertes alzas ese día, no siendo el petróleo una excepción, al punto de que los crudos marcadores Brent y WTI experimentaron aumentos superiores a 9%. No obstante, esa euforia duró poco, ya que unas declaraciones del presidente de Aramco, la gigante petrolera de Arabia Saudita, en las que dijo que su país intentaba y podía mantener bajos los precios petroleros por un largo tiempo, hizo que el lunes 25 de enero aquellos crudos marcadores bajaran más de 5%.

Todo lo anterior demuestra la altísima volatilidad de los mercados globales en la actualidad, los cuales están reaccionando de forma desproporcionada a acontecimientos de relativa poca monta, como ajustes marginales de tasas de interés en Estados Unidos o pequeñas devaluaciones de una moneda como el yuan, acciones que en otras épocas se consideraban normales.

Esa situación puede reflejarse de forma importante sobre una economía como la venezolana, tan dependiente de sus exportaciones petroleras, haciéndola particularmente vulnerable. Como se sabe, el precio promedio de la cesta venezolana pasó de algo más de 99 dólares en junio de 2014 a tan solo 21,63 dólares en la semana del 18 al 22 de enero de 2016, no existiendo sólidas razones para esperar un cambio de tendencia en el futuro inmediato. Por el contrario, en unos mercados internacionales tan volátiles y sensibles como los actuales, cualquier adversidad puede suceder, no siendo de extrañar que los precios petroleros sigan deprimidos por un tiempo o experimenten bruscas caídas, máxime después del reciente levantamiento de las sanciones a Irán por Estados Unidos y algunos países europeos, lo cual muy posiblemente llevará a un nuevo aumento de la oferta mundial de petróleo, pudiendo ello presionar aún más los precios a la baja.

El 16 de diciembre de 2015 la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó su tasa de interés referencial en un cuarto de punto porcentual, poniendo así fin a una congelación de esta durante 9 años. Eso hizo más atractiva la tenencia de dólares, y estimuló la liquidación de activos en acciones, opciones de compra de commodities y otras formas, contribuyendo ello a debilitar aún más varias divisas como la libra y el yen, y a acentuar la tendencia a la baja de los mercados de valores y de los precios de muchos productos básicos. Esa situación se exacerbó por la reciente minidevaluación del yuan chino, lo cual aumentó el escepticismo de los inversionistas acerca de la estabilidad de esa moneda, llevando a muchos de ellos a liquidar sus inversiones en ese país para adquirir dólares, y protegerse de la esperada depreciación del yuan. Eso generó el desplome de la bolsa de valores de Shanghái, cuyo índice bajó casi 19% en tan solo un mes, contribuyendo ello al debilitamiento más acentuado de los principales mercados bursátiles, que cayeron cerca de 10% en promedio durante los primeros 20 días de enero de este año.

Esa tendencia cambió bruscamente el viernes 22 de enero pasado, cuando los presidentes de los bancos centrales de los países industrializados, reunidos en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza, decidieron actuar con el fin de tranquilizar a los nerviosos inversionistas, entre quienes se estaba consolidando una expectativa muy negativa acerca del futuro de la economía mundial, hablándose de una posible nueva crisis global similar a la de 2008. Varias de las autoridades monetarias allí reunidas anunciaron su intención de poner en marcha políticas monetarias expansivas con el fin de estimular las economías industrializadas, y un alto funcionario chino declaró que el gobierno de su país no tenía planeado devaluar nuevamente el yuan en el futuro previsible. Esos anuncios hicieron que ese día la bolsa de Shanghái subiera más de 5% y que los mercados de valores de Estados Unidos, Europa y Japón se recuperaran en promedio en más de 2,5%. Los precios de loscommodities, por su parte, también experimentaron fuertes alzas ese día, no siendo el petróleo una excepción, al punto de que los crudos marcadores Brent y WTI experimentaron aumentos superiores a 9%. No obstante, esa euforia duró poco, ya que unas declaraciones del presidente de Aramco, la gigante petrolera de Arabia Saudita, en las que dijo que su país intentaba y podía mantener bajos los precios petroleros por un largo tiempo, hizo que el lunes 25 de enero aquellos crudos marcadores bajaran más de 5%.

Todo lo anterior demuestra la altísima volatilidad de los mercados globales en la actualidad, los cuales están reaccionando de forma desproporcionada a acontecimientos de relativa poca monta, como ajustes marginales de tasas de interés en Estados Unidos o pequeñas devaluaciones de una moneda como el yuan, acciones que en otras épocas se consideraban normales.

Esa situación puede reflejarse de forma importante sobre una economía como la venezolana, tan dependiente de sus exportaciones petroleras, haciéndola particularmente vulnerable. Como se sabe, el precio promedio de la cesta venezolana pasó de algo más de 99 dólares en junio de 2014 a tan solo 21,63 dólares en la semana del 18 al 22 de enero de 2016, no existiendo sólidas razones para esperar un cambio de tendencia en el futuro inmediato. Por el contrario, en unos mercados internacionales tan volátiles y sensibles como los actuales, cualquier adversidad puede suceder, no siendo de extrañar que los precios petroleros sigan deprimidos por un tiempo o experimenten bruscas caídas, máxime después del reciente levantamiento de las sanciones a Irán por Estados Unidos y algunos países europeos, lo cual muy posiblemente llevará a un nuevo aumento de la oferta mundial de petróleo, pudiendo ello presionar aún más los precios a la baja.

 
Pedro Palma