La oposición, o una parte de la oposición, se quedó sin el “referendo revocatorio”. Y todo a causa de que tres miembros del CNE decidieron convocar la recolección de las firmas (unas cuatro millones) en un solo día y en un horario que no alcanzaba las 12 horas, lo cual obligó al rector Roberto Picón a publicar una carta en la cual demostraba la imposibilidad de tal hazaña y dejaba colar la denuncia de que el régimen estaba boicoteando el RR.
En igual sentido se pronunciaron la mayoría de los partidos de oposición, al igual que instituciones como la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y directivas de gremios sindicales y empresariales. Pero nada que hiciera rectificar el error del organismo controlado por la dictadura (el CNE), que otra vez reveló a quien sirve y para que sirve.
Quedó, entonces, en el ambiente la pregunta de por qué Maduro, que desde que fue incluido por la Corte Penal Internacional de La Haya en un expediente “por violaciones de los Derechos Humanos”, comenzó a “aflojar la mano” y a tomar medidas que lo alejaran de las dictaduras duras y crueles y a tratar de demostrar que no era él, ni el sistema, los que violaban la Constitución sino funcionarios descarriados y arbitrarios que pagaban cárcel o eran investigados, salía ahora con una violación extrema de la Constitución y negándole un derecho a cuatro millones o más de venezolanos que exigían el revocatorio.
Y la primera respuesta viene por el lado de su incapacidad de verse confrontado por multitudes que, no solo iban a recorrer el país voceando su rechazo al dictador, sino que irían a las urnas a votar porque le revocaran el mandato.
Es decir que, a pesar de contar con la ventaja -que ha aplicado otras veces- de revertir la voluntad popular en un apoyo a su impresentable mandato, Maduro evitó que nacional e internacionalmente se vieran las imágenes de millones de venezolanos por pueblos y ciudades, llanos y montañas, selvas y playas gritándole “No” al peor gobierno que ha conocido Venezuela en toda su historia.
Tal ocurrió en el 2016, cuando siguiendo la pauta que trazó el excandidato presidencial y exgobernador, Henrique Capriles Radonski, de exigirle aceptara convocara un referendo revocatorio para su primer mandato, Maduro simplemente lo boicoteó y después ordenó al CNE de la época, uno que presidía la inefable Tibisay Lucena, que lo declarara improcedente.
Pero ya para esa oportunidad el exlíder de sindicatos autobuseros demostró que no era un sucesor del finado Chávez con la valentía democrática necesaria en un evento donde la oposición, representada mayoritariamente en sus partidos, iba a eyectarlo de Miraflores por el poder de los votos.
De entonces acá, Maduro si ha ido a elecciones, pero procediendo a sacar de juego a los partidos democráticos y sustituyéndolos por fracciones de los mismos que han pasado a representarlos por grupos que, sencillamente, han actuado como esquiroles del dictador.
En otras palabras, que salvo en las primeras elecciones donde resultó electo (13 de abril del 2013) después de aplicarle un fraude monumental a Capriles, Maduro siempre concurre en solitario a las elecciones, y en esas circunstancias, donde, por supuesto, barre.
No era, entonces, jugar al adivino asegurar que Maduro y su pandilla no permitirían ni siquiera la recolección de firmas para el evento, y así, ciertamente, sucedió.
En cuanto a la oposición, no puede decirse que todos los partidos han lamentado la decisión del dictador, pues, ya sabemos -y así lo afirmamos en un artículo anterior- que los partidos del G-4, los que integran al llamado “Interinato” (Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo), preferían que el RR no se realizara, pues si Maduro elegía contarse y lo ganaba con trampas, quedaba claro que si los partidos del gobierno Interino habían asistido, era porque lo reconocían como presidente y entonces, quienes pretendieron sustituirlo, habían actuado al margen de la ley.
La decisión de la dictadura, por consiguiente, de no contarse en el RR, deja la política venezolana con dos gobiernos, uno que podríamos llamar del “Poder Ejecutivo”, y otro, del “Poder Legislativo”, y la fecha para dirimir sus posiciones pasa a las elecciones presidenciales de finales de 2024.
¿Qué ocurrirá en los próximos tres años? ¿Habrá algún suceso que fuerce a Maduro a ponerle fin a la semilegalidad del “Interinato”, para quedar como un dictador en forma, de los de tomo y lomo, sin actuaciones híbridas que permitan decir que aún no llega a comportarse como un dictador tradicional, de los de verdad verdad y hay que seguir dándole el beneficio de la duda hasta que cruce la línea roja?
Es difícil predecirlo, pero no hay duda que si la oposición no se compromete formalmente en una especie de acuerdo a respetar el status quo tal como está y sin concesiones, los días de Guaidó y demás líderes opositores en libertad, están contados.
Lo mismo podría decirse de la comunidad internacional y en especial de Estados Unidos, en el sentido de comprometerse a no invadir ni ejercer presiones contra el país del gobierno del “Socialismo del Siglo XXI”.
En cuanto a la oposición, también tendría que cumplir algunas reglas de oro, si quiere embestir y derrocar la dictadura y escapar al dictum de las presidenciales del 2024.
La primera sería forjar una unidad que enlace a todas las militancias y liderazgos antimaduristas. La segunda, comenzar a movilizar de nuevo al pueblo en la calle. Y la tercera, lograr un apoyo internacional que no esquive la posibilidad de alguna acción militar contra la dictadura, de ser necesaria.
Pero igualmente el G-4, para mantenerse entre las opciones para liderar los cambios y acciones, debe revisar las actuaciones del llamado “Interinato” y limpiarlo de las denuncias de corrupción que lo han acosado en los últimos meses.
Si no, de mantenerse tanto el régimen, como la oposición, en la actual coyuntura de cohabitación forzada -como los matrimonios obligados-, solo un tercer factor estaría en capacidad de insurgir y llevarse en su estallido tanto a la dictadura, como a la oposición.
Manuel Malaver