Mi esposa casi que a diario me dice con tono de resignación “deja de preocuparte por Venezuela preocúpate más bien por Colombia que va en ese mismo camino“. Y sí, tiene en parte razón. Dedico por lo menos una tercera parte de mis horas a ese caos que hoy es el vecino país pero la razón es muy clara: si Venezuela no se arregla, Colombia no tiene futuro.

Y para arreglar a Venezuela hay que salir de Maduro y su corte de mafiosos, lo que incluye a su familia, a los hermanos Rodríguez, a Diosdado Cabello y a Padrino López para empezar. ¿Cómo darles una salida cuando todos merecen ir a la cárcel por ladrones, por narcotraficantes y por asesinos? Bueno, eso es lo que busca el presidente Gustavo Petro. Pero no de buena fe o como un mediador. No, con agenda propia en la que el objetivo es mantener a Maduro en el poder. Es decir, no arreglar el problema sino darle estabilidad a la dictadura asesina y mafiosa instalada en ese país.

De eso se trató la reunión con las distintas cancillerías. Y Maduro y su compañero de crímenes, Jorge Rodríguez, le anunciaron con anticipación al evento tanto a Petro como a quienes iban a asistir a la reunión sus condiciones para reiniciar cualquier diálogo con la oposición: levantamiento de sanciones, los 3.200 millones de dólares de ayuda humanitaria, el oro incautado en Inglaterra y hasta la salida de Alex Saab de la cárcel.

En medio de este sainete al que se prestó en especial la Casa Blanca, el expresidente interino, Juan Guaidó, llegó a Bogotá y fue chantajeado por el gobierno colombiano con la seguridad de su familia y de paso fue expulsado del país. El gobierno ante esa gigantesca metida de pata trató de explicarlo acusando a Guaidó pero la verdad es que lo sacaron del país mostrando claramente que Colombia solo favorece los intereses del dictador Maduro.

Como si esto fuera poco no dieron ningún tipo de acceso de los periodistas a los asistentes al evento. Un ambiente controlado como eran las elecciones en la antigua cortina de hierro donde el presidente de turno ganaba con 99,97 % de los votos. ¿A qué le tenía miedo la Cancillería o el gobierno colombiano? ¿A que los periodistas les preguntaran por los presos políticos? ¿O por el narcotráfico y la corrupción en Venezuela? La misma pregunta se podía hacer sobre la expulsión de Guaidó. ¿Le temía tanto el gobierno que Guaidó se reuniera con algunos de los miembros de las delegaciones y les dijera que aliviar las sanciones era un error, contrario a la plataforma unitaria que ya está entregada y quiere que acaben las sanciones?

De todas maneras, no deja de ser preocupante que ningún líder político colombiano de gran calado se haya pronunciado o mejor aún acompañado a Juan Guaidó durante esta tortuosa expulsión. Muestra la soledad de la oposición venezolana y el desgaste en el que está tanto por sus errores y su corrupción como por la falta de efectividad en sus acciones.

Y que además ninguno de los países asistentes se haya pronunciado sobre esta actitud déspota de Petro y su canciller de pacotilla, que hasta se enreda encubriendo una mentira, como lo vimos al tratar de desmentir las amenazas y la expulsión de Guaidó, muestra un doble estándar sobre los derechos humanos pues a fin de cuentas Guaidó es un perseguido de la dictadura mafiosa. Lo que dijo Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, sobre el tema da vergüenza. No es el caso, no vinimos a eso, respondió cuando le preguntaron por la expulsión del expresidente interino al que muchos países que él representa reconocían hace apenas cinco meses.

Un elemento final que dice todo sobre el manejo de Venezuela en Estados Unidos. La delegación de ese país estuvo compuesta casi que exclusivamente por miembros del consejo de seguridad de la Casa Blanca. La presencia del departamento de Estado brilla por su ausencia. Eso quiere decir que el colombo-americano Juan González, asistente consejero nacional de seguridad para el hemisferio occidental, es el encargado único de este tema y por ende el responsable directo por lo que suceda con este asunto es Joe Biden y no Antony Blinken. Solo me pregunto una cosa, ¿qué opinará Jill Biden, quien lloró con la esposa de Guaidó cuando estuvo en la Casa Blanca, de que el gobierno del presidente Petro utilizara la seguridad de ella y sus hijitas para facilitar la expulsión de su esposo de Colombia? Valdría la pena que se enterara.

¿Y de la cumbre o el evento como lo llamó el canciller Leyva qué queda? Supuestamente una hoja de ruta que revive las negociaciones en México a cambio de la liberación de los 3.200 millones de dólares de ayuda humanitaria. ¿Será que por solo sentarse en México liberan ese dineral? Si esto pasa es un gran triunfo para Maduro, pero eso si, que no quepa duda, ese dinero si se le entrega a Maduro o a la oposición se lo van a robar. La responsabilidad de la Casa Blanca en este tema es clara.

Nada de los presos políticos, del ELN y las FARC en territorio venezolano o del narcotráfico que utiliza ese país como epicentro de transformación y exportación de la coca. Con México, Estados Unidos sí saca pecho y amenaza por el negocio ilegal del fentanilo, pero con Venezuela y la coca actúan como un manso cordero y miran para el otro lado. Inentendible. Los temas serios que sí implican un cambio quedaron en el tintero. Y la mafia criminal que gobierna a Venezuela muy contenta de que eso sea así.

En esas estamos. Una Venezuela sin futuro al borde de una implosión social que es lo único que puede acabar con esa mafia en el gobierno, tal como pasó con la primavera árabe. Quienes creen que Maduro y sus secuaces van a dejar el poder a través de unas elecciones o son ingenuos, como algunos en la oposición, o son unos calculadores que no les importa dejar ese lío al siguiente gobierno o a la siguiente generación, como piensan quienes en la Casa Blanca manejan el tema de Venezuela.

¿Y Colombia? Que viva con las consecuencias de tener un vecino que siempre lo va a desestabilizar. Una fórmula para el desastre. Gracias Juan González y gracias Jimmy Story.

Francisco Santos

Artículo publicado en La Silla Rota

Sé que nada va a cambiar. Y en un país donde la credibilidad de un asesino, narcotraficante, es amparada y equiparada –por una supuesta justicia transicional– a la de un periodista, víctima de Pablo Escobar y de las Farc, pues poco se puede esperar. Pero el ejercicio hay que hacerlo, quizás más por los hijos, como me dijo una amiga, y por eso escribo estas palabras.

Lo primero, es que nada de lo que dijo Mancuso es nuevo. Incluso confunde temas y fechas. Pero, esencialmente, dijo lo mismo que en 2007 y que ha sido investigado durante 16 años por la Justicia colombiana, sin esta poder obtener un ápice de evidencia que confirme lo dicho por este criminal condenado. Es más, cuando los hechos iban a prescribir, un beneficio legal al que tenía derecho, renuncié a la prescripción para darle a la Fiscalía dos años más para investigar, que es lo que la ley permite. Eso fue hace 13 años. Finalmente, el que nada debe, nada teme.

En el proceso conté todos los detalles de mis dos encuentros con Carlos Castaño, como periodista y activista de derechos humanos. Es más, de la primera de estas reuniones, el señor Mancuso, quien me recogió en el aeropuerto de Montería y, por lo tanto, no estaba imputado/acusado de ningún delito, salió la visita a El Tiempo a reunirse con la unidad de paz que se conformó años antes, precisamente para explicar mejor toda la violencia que vivía Colombia en esos momentos y que tenía acceso a todos los grupos armados ilegales de entonces. Otty Patiño, Carlos Franco, Álvaro Jiménez, entre otros, nos asesoraban en esa unidad para entender y explicar mejor esa violencia.

Correo electrónico

Conté también cómo en las marchas contra el secuestro de finales de 1996, en la de Valledupar, teníamos al sobrino de Simón Trinidad, líder de las Farc, listo para hablar en tarima sobre el secuestro de su madre por parte de Carlos Castaño y exigir su liberación. Al final, la familia lo impidió por ser él un menor y para no aumentar el riesgo de la familia.

Al finalizar la marcha en Valledupar y ante la petición de innumerables víctimas en la plaza a donde habíamos llegado después, busqué al líder del grupo paramilitar que allí actuaba. Mi sorpresa fue inmensa, pues estaba liderado por Mancuso, a quien le pregunté con nombre y apellido por esas personas que habían secuestrado. La mayoría los habían desaparecido, pero a las familias les pude dar por lo menos esa triste razón. Desde que creamos con mi esposa País Libre, la fundación apoyó a las víctimas de secuestro y a sus familias sin importar quién era el victimario. Nuestra labor humanitaria, la libertad, nunca tuvo color político.

Ante la falta de pruebas, el proceso se cerró en 2008 y se dictó un auto inhibitorio. Pero como me lo dijo el mismo fiscal general de entonces, se tuvo que reabrir por la presión de las organizaciones de derechos humanos en 2009. Después de este hecho arbitrario fue que con mi abogado decidimos renunciar a la prescripción, para que no quedara duda de mi compromiso con la justicia y la verdad. Qué ingenuo.

No interesa ni siquiera hacer la mínima investigación sobre el bloque Capital y su fundación, que se dio en 2001, cuatro años después de la reunión con Castaño. Tampoco que quien lo fundó fue Miguel Arroyave, líder paramilitar de los Llanos, y que se había creado para controlar el negocio de la droga y otros negocios ilícitos en Bogotá. Es más, hay procesos en los que se preguntó a los verdaderos miembros sobre este tema y claramente desmienten a quien desapareció campesinos, asesinó inocentes y fue extraditado por ser narcotraficante. No, ahora es un honesto ciudadano al que hay que creerle.

Y viene, por pura “coincidencia”, la versión libre de la JEP, sin contrapreguntas, frente a un auditorio de periodistas que ciertamente no habían hecho la tarea de investigar al personaje, su historia y sus denuncias. Parecen tanto la JEP como los periodistas igual de informados sobre un delincuente de esta magnitud. ¿Poner en la picota pública sin derecho a réplica a una persona, cualesquiera que él o ella sean, forma parte de esta justicia restaurativa, o es otro tipo de victimización? Lo cierto es que la JEP no tiene el mismo rasero con los distintos victimarios y con las víctimas de los distintos grupos.

Por eso, de manera pública, le pido a la Fiscalía General de la Nación y al fiscal general, Francisco Barbosa, que por favor levante la reserva del sumario de mi expediente y se la mande a la JEP para que vean que este delincuente no es serio y los está engañando. Así no sirva de nada, no importa.

Sé que nada va a cambiar con este escrito. Así puedan leer hasta la última palabra del expediente, las bodegas de Petro y la izquierda que lo sigue no van a cambiar de opinión. Solo les interesa su verdad, su paz y sus víctimas. Solo creen en su justicia, de ahí la salida de madre del presidente con Barbosa, quien no se pliega a sus peticiones, y lo que no esté en sus creencias o en su narrativa pues no existe y se elimina. Así la evidencia muestre lo contrario.

Por eso titulé este escrito ‘Mi verdad’. Pensando en mis nietos, para que entiendan lo que hoy vivimos. Cada cual tiene su verdad, pero esta es la mía, debidamente respaldada con mis declaraciones ante la Fiscalía. No tengo nada que ocultar ni nada que temer. Mi vida cambió con mi secuestro y la libertad es, desde entonces, mi lucha diaria. Sea Venezuela y la dictadura, el ciudadano y su seguridad, el periodista y su opinión, o Colombia y su democracia. Seguiré en esa lucha sin contemplación, con entrega y asumiendo los riesgos que se vienen con esa tarea. Por eso escribo esta columna y me acerco al fuego del abuso de poder, la injusticia y la intolerancia con total tranquilidad. No tengo rabo de paja.

Francisco Santos

Se imaginan que Gustavo Petro cierre El Tiempo en Colombia. O que Gabriel Boric hiciera lo mismo con El Mercurio en Chile. O Alberto Fernández con La Nación. O Jair Bolsonaro con Folha de São Paulo. Y que un juez le entregara al gobierno de Colombia o Chile o Brasil o a un funcionario de alguno de estos países por una demanda de calumnia los edificios, algunos históricos, donde operan esos medios.

Se imaginan que en Chile, Argentina, Brasil e incluso Colombia, donde ya vivimos algo de esto pero en proporciones menores, asesinaran 15 periodistas en 8 meses. Ante esos casos, la reacción de los medios sería brutal. La reacción de la sociedad civil ni hablar. Y la movilización continental en defensa de la libertad de prensa se sentiría en cada rincón del continente.

Pues bien, eso está sucediendo en tres países de la región. En Venezuela el gobierno mafioso de Nicolás Maduro cerró El Nacional y un juez de bolsillo falló un caso de injuria y calumnia y le entregó la sede de este diario a Diosdado Cabello. Lo mismo pasó con La Prensa en Nicaragua, donde otro gobierno mafioso, el de Daniel Ortega, siguió el ejemplo de su compañero criminal venezolano.

Y en México, en el gobierno de izquierda populista de Andrés Manuel López Obrador llevan 15 periodistas asesinados en lo que va del año. El último, Fredid Román, fundador del periódico La Realidad y columnista del diario Vértice, el lunes pasado.

Aún recuerdo cuando durante un día en 1986 los medios noticiosos de toda Colombia, radio, prensa y televisión no salieron al aire o circularon tras el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano, por parte de Pablo Escobar. Los noticieros de televisión salieron en negro, los de radio en silencio y los periódicos no circularon. Los jóvenes de hoy, que como dice la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez “viven sabroso”, no recuerdan nada de lo que vivió Colombia en décadas violentas anteriores ni mucho menos el narcoterrorismo de los ochenta.

Ante esa amenaza los medios de Colombia se unieron y durante muchos años publicaron investigaciones muy profundas sobre los narcos y su poder, que eran iguales en todos los medios y sin firma. El mensaje era claro, no nos doblegamos. Fue un ejemplo único en el mundo y aunque dejó aún muchos más muertos, el periodismo libre de Colombia sobrevivió.

Por eso, porque viví ese momento cuando un periodista salía de casa y no sabía si regresaba, no puedo entender el silencio que hay hoy alrededor de estas dos brutales amenazas a la libertad de prensa continental. Sí, hay declaraciones. Sí, hay comentarios. Pero eso no basta. Esto pasa en las narices de los medios, de los presidentes democráticos y de la sociedad civil que se moviliza por la destrucción de un bosque pero guarda un silencio cómplice frente a la destrucción de una de las libertades fundamentales en la democracia, la libertad de prensa.

Libertad que está ligada a la libertad de expresión que va por el mismo camino con la privatización de este derecho que hoy ejercen Twitter, Facebook, Instagram y demás aplicaciones de redes sociales que cierran una cuenta sin ningún debido proceso y sin ningún tipo de apelación visible.

Pero volvamos a ese derecho hoy en riesgo inmenso, el de la libertad de prensa.

Cómo se le olvida, o se minimiza, a los periodistas y a los medios, incluyendo a los americanos y europeos, lo que fue La Prensa en su lucha contra el dictador Anastasio Somoza. ¿Se les olvida que su director Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado por defender la causa de la libertad de expresión y de la democracia?

Para mí escuchar al dictador Ortega hablar de La Prensa decomisada y que se va a volver un centro cultural me produce asco, me genera rabia y me llena de desilusión y de temor por el futuro de nuestras libertades. Al igual que lo sucedido en Venezuela. ¿Dónde estuvo el clamor indignado de Latinoamérica cuando un mafioso como Diosdado Cabello se queda con un edificio que hoy es símbolo del sacrificio de la libertad de expresión?

Y lo de México no tiene nombre. Allí matan periodistas y no pasa nada. El colmo de la intimidación llegó hasta el punto de amenazar a quienes fueron al entierro de uno de ellos. Peor aún, López Obrador sigue intimidando desde su programa a los periodistas, sigue dando el ejemplo de que eso se puede hacer lo que los pone en tremendo riesgo. Es más, el programa de protección para los periodistas que tiene México es un chiste que va de acuerdo con lo que el Jefe de Estado opina sobre el periodismo y quienes lo ejercen. Son dispensables.

De nada sirven los comunicados o las relatorías. O sirven la verdad pero se quedan en pronunciamientos. Es hora de pasar a algo más concreto. Y el ejemplo de Colombia puede ser un inicio. Una suma de medios periodísticos, incluyendo los americanos y europeos, podrían armar una campaña que salga en ellos, en sus boletines y en sus páginas web sobre estos tres temas. Cada vez que asesinen a un periodista lo pongan en primera página. Y hagan lo de La Prensa y El Nacional un tema editorial que presione a presidentes y Congresos a no pasar de agache. Se trata de subir el costo de este tipo de actos, facilitar la solidaridad continental frente a este daño que se le hace a la democracia, educar a la sociedad civil y no permitir que estos hechos caigan en el olvido que es lo que los asesinos y los dictadores asumen va a pasar.

Es el peor momento económico pues hoy muchos diarios apenas sobreviven y la radio y la televisión tienen una gigantesca competencia en la web y en los servicios de streaming. La guerra de los clicks es hoy el centro de la disputas por lectores, televidentes o radio oyentes. Pero no olvidemos que los dictadores y los violentos ven en esa libertad la gran amenaza a sus objetivos de control y de éxito económico. Y que los periodistas y los medios son el principal obstáculo.

Si hoy no los defendemos, y estamos haciendo un pésimo trabajo la verdad, nos quedaremos con unas democracias desinformadas, sin medios con credibilidad, con bodegas al acecho de la polarización y el populismo, y con un deterioro de tal tamaño de la capacidad del ciudadano de tomar decisiones informadas que finalmente acabamos sin democracia.

¿Quién le pone el cascabel al gato? Es es la pregunta del millón. Pero empezar es lo que toca.

 Francisco Santos

Artículo publicado en Infobae