Ciertamente la inflación en Venezuela ha alcanzado proporciones tan elevadas que es difícil pensar que el aumento de precios pueda tener efectos positivos sobre una economía. Claramente una inflación superior al 60% dificulta la vida a los actores económicos en un país.

Sin embargo, experiencias de países que han sufrido deflación (disminución de precios) nos enseñan que una inflación moderada es deseable. Es por ello que muchos Bancos Centrales extranjeros, entre los que se incluye la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo mantienen metas inflacionarias anuales de 2%.

Por extraño que le parezca a un venezolano, muchos países del mundo se encuentran luchando activamente contra la tendencia a la baja de los precios. Analicemos a continuación estos efectos positivos y negativos de la inflación.

El beneficio más evidente de la inflación es que incentiva el consumo y la economía. En Venezuela tenemos un caso extremo, donde preferimos consumir nuestros ingresos al instante porque los precios suben aceleradamente. En Japón vemos el efecto contrario y las consecuencias negativas que ha traído.

El país Asiático ha sufrido de deflación prolongada en varios períodos desde la década de los 90. Un japonés experimentando esta caída del nivel de precios prefiere no gastar en cosas no esenciales porque espera que en el futuro estos productos sean más baratos.

Si trasladamos este razonamiento lógico a todos los agentes económicos, el consumo y la inversión caen, creando una recesión económica. Como es de esperar, Japón ha sufrido de contracciones económicas y períodos de crecimiento bastante mediocres.

Otro beneficio es que ayuda a balancear los mercados laborales. Durante períodos de menor crecimiento económico, la demanda de trabajadores cae y aumenta el desempleo. De ser posible una reducción salarial, muchos trabajos podrían ser salvados. Sin embargo, una reducción del salario es un tema delicado.

La inflación entra en el juego disminuyendo el salario real (es decir restando el efecto inflacionario) sin necesidad de cortar salarios a los trabajadores. Este argumento asume tasas inflacionarias bajas cercanas al 2%. Con las elevadas tasas en Venezuela el argumento se cae ya que el salario real del trabajador queda efectivamente destruido.

Un tercer beneficio de la inflación es que permite incentivar la economía manipulando las tasas de interés. El recorte de las tasas de interés es una herramienta estándar utilizada por los bancos centrales para administrar la economía. La teoría es que al bajar las tasas de interés, el costo de endeudarse baja, lo que incentiva el consumo y los proyectos de inversión grandes que requieren de capital prestado.

Sin embargo, la tase de interés mínima posible es 0%, ya que tasas negativas implicarían el absurdo de que el prestamista pague intereses al deudor. Una tasa, digamos de 2% de inflación, conllevaría una tasa de interés real de -2%, dando incentivos a deudores sin requerir que el prestamista le pague por endeudarse.

La alta inflación en Venezuela distorsiona la economía y no permite que estos beneficios ocurran. Las función principal del dinero que es la de facilitar transacciones queda destruida toda vez que los contratos y precios deben renegociarse y ajustarse constantemente. En casos en que no se produzcan ajustes los problemas se disparan.

Tal es el caso de los salarios que no rinden porque están rezagados ante los precios, o los productos que escasean porque su producción deja de ser factible en términos económicos por controles de precios. De igual manera, el número de billetes necesario para hacer compras aumenta descontroladamente al perder estos su valor.

Fotos de Alemania en el período entre las guerras mundiales muestran a niños usando la moneda legal como juguetes. En Venezuela aún estamos lejos de esas tasas de inflación, pero de no corregirse el problema nos veremos obligados a crear billetes de cada vez mayor denominación, o ir al mercado con sacos de papel moneda que pesen más que las compras que realizaremos.

Otro problema de una inflación tan elevada es que destruye la capacidad de ahorro. ¿Por qué ahorrar en Bolívares si el valor de nuestros ahorros se diluye a un ritmo vertiginoso? Las tasas de interés negativas que existen en nuestro país incentivan el endeudamiento en vez del ahorro y dificultan de esa manera la acumulación de capital y la salida de la pobreza del ciudadano trabajador.

El consumo se incentiva en detrimento del ahorro y pasamos a vivir en el día a día sin capacidad de crear reservas para el futuro. El problema es peor para las personas retiradas ya que enfrentar la vejez sin ahorros y con pensiones devaluadas es un reto gigante.

Una discusión completa de los daños que causa una elevada inflación requeriría muchas más páginas de las disponibles en este artículo. Sin embargo, espero haber transmitido la idea principal: La inflación es parte esencial de una economía sana, pero si se descontrola puede destruir cualquier economía y hacer la vida imposible a los ciudadanos de un país. Resolver el problema de elevada inflación en Venezuela no será sencillo.

Indexar precios y contratos a la inflación (es decir ajustarlos automáticamente dependiendo de la tasa inflacionaria) puede reducir la dificultad para los ciudadanos, pero introduciría un componente estructural en la inflación que prolongaría el problema. Dolarizar la economía como hizo Ecuador hace unos años controlaría la inflación, pero traería conflictos en términos de soberanía e identidad nacional, y le quitaría efectividad al Banco Central para implementar políticas monetarias.

El aumento de las tasas de interés crearía una fuerte recesión que ningún político Venezolano desearía enfrentar independientemente del partido en el que milite. Lo mismo ocurriría con un doloroso pero necesario recorte del gasto público.

Las soluciones abundan pero los problemas que conllevan impiden tomar decisiones a la ligera. Sin embargo, Latinoamérica demostró durante la década de 1990 que bajar la inflación es posible.

La experiencia latinoamericana sin embargo demuestra también que para lograrlo, independientemente del camino propuesto, se necesitan dos ingredientes fundamentales: voluntad política para hacer frente a los ajustes necesarios, y credibilidad tanto en las autoridades como en el plan propuesto. El reto para las autoridades Venezolanas será lograr estas dos condiciones para sustentar cualquier estrategia.

 Por Carlos Alberto Grasso Padrón. Economista

 ca_grasso@hotmail.com

Argentina vuelve a copar titulares ante un inminente ‘default’ que podría ocurrir en los próximos 40 días. Los problemas actuales de Argentina no son los mismos que los que la empujaron al ‘default’ de 2001, pero la situación actual tiene su origen en la crisis de principios de la pasada década. En 2001 Argentina se declaró insolvente y dejó de pagar más de $80 mil millones en deuda emitida más intereses. Tras años de negociaciones, Argentina acordó en 2005 y 2010 intercambiar la deuda que mantenía por nuevos bonos con un valor aproximado de 30% de la deuda anterior. Es decir, un acreedor que debía recibir $1 al vencimiento de los bonos, solo recibiría 30 centavos. Este procedimiento es normal cuando un país entra en default.

El país en problemas obtiene de esta manera cierto alivio en sus cuentas, mientras que los acreedores toman un ´haircut’ (literalmente corte de pelo). Este es el riesgo financiero que corren los acreedores y por el cual ciertos países deben pagar tasas más elevadas en su deuda. En las reestructuraciones de 2005 y 2010 Argentina logró que el 93% de sus acreedores aceptaran el ´haircut` propuesto. El 7% de los tenedores de bonos restantes, muchos de ellos fondos de inversión internacionales especializados en inversiones en deuda con problemas no aceptaron el ‘haircut’ e iniciaron una demanda en la Corte de Nueva York para recibir el pago de la deuda en su totalidad incluyendo intereses acumulados.

Estos acreedores, liderados por Elliot Management y Aurelius, se amparan en la cláusula “pari passu” de los bonos que estipula que los bonos no reestructurados deben recibir el mismo trato que los bonos reestructurados. Es decir, si los bonos anteriores reciben pagos, los bonos nuevos también deben recibirlo.

La corte decidió que Argentina no puede pagar los intereses que debe en la deuda reestructurada si no paga también en su totalidad a aquellos acreedores que no aceptaron la reestructuración. Esto genera muchas dudas acerca del futuro cercano de la economía Argentina: ¿Por qué preocupa una decisión de la Corte de Nueva York en Argentina?, ¿Qué opciones tiene Argentina ante esta situación?, ¿Qué implicaciones tienen esas opciones?.

La decisión tomada por la Corte de Nueva York afecta a Argentina debido a que clausulas contractuales de la deuda en cuestión estipulan que los bonos deben regirse por la ley de Nueva York. Esto se hace ya que a menudo los inversionistas internacionales requieren un grado de protección mayor al que consideran que puede ofrecerle la ley local de algunos países. Además, ciertos fondos están limitados a invertir en deuda que se rija por leyes estadounidenses.

Recientes declaraciones de Axel Kicillof, ministro de economía argentino, sugieren que Argentina intentará cambiar la jurisdicción de la deuda pendiente a Argentina. Esta solución parece poco realista por varias razones. Principalmente requeriría que una mayoría de los acreedores aceptaran el cambio, algo poco probable y que en todo caso requeriría más tiempo que el que Argentina tiene para evitar el default. Los próximos intereses deben ser pagados el 30 de Junio, tras los cuales Argentina gozaría de un periodo de gracia por 30 días antes de incurrir en default.

Existe la posibilidad de que las Cortes estadounidenses acusen a los inversionistas que acepten de ayudar a Argentina a romper la ley. Además, se dificultaría el proceso a través del cual bancos estadounidenses actúan de intermediarios entre acreedores y el gobierno Argentino. En caso de que esta propuesta sea aceptada, el valor de la deuda Argentina, igual podría sufrir una caída, considerando que muchos fondos e inversionistas extranjeros venderán sus títulos si pasan a regirse por ley Argentina. Esta medida parece ser mas una medida de presión de Kicillof que una opción real, sobre todo considerando que un cambio de jurisdicción de este tipo no ha ocurrido jamás. Otro efecto del cambio de jurisdicción seria un potencial ´default´ técnico ya que Argentina estaría incumpliendo el contrato original de los bonos.

Otra opción para Argentina sería pagar lo que solicitan los fondos de inversión que el país Suramericano ha denominado “fondos buitre”. Sin embargo esta opción es poco atractiva. En primer lugar, la suma que piden los fondos asciende a $1.500 millones, y podría causar demandas similares de otros acreedores que harían subir el monto a $15.000 millones. Este monto implicaría desembolsar más de la mitad de las reservas internacionales de Argentina que se encuentran por debajo de $29.000 millones y que han venido en declive recientemente. De igual manera crearía un precedente peligroso para otros países con fundamentos macroeconómicos pobres. Esta opción no parece ser muy factible tampoco, sobre todo después de que la presidenta Argentina calificara la acción de los fondos como una extorsión.

La mejor opción para ambas partes implicaría una negociación. La complejidad de la situación es tal que ninguna de las partes debería lograr sus metas totalmente. Si Argentina llevara los bonos a ley local, los fondos demandantes deberán plegarse al ´haircut’ y no lograrían la ganancia que esperan. Sin embargo, la comunidad internacional castigaría a Argentina exigiendo un mayor rendimiento de su deuda y otras garantías. Recientemente, S&P redujo la calificación de la deuda Argentina a CCC-, y el rendimiento de bonos Argentinos con vencimiento en 2033 alcanzó niveles superiores a 12%.

Igualmente, dificultaría el acceso de Argentina a mercados internacionales, opacando los recientes esfuerzos que Argentina ha hecho en esta materia incluyendo la indemnización a Repsol por la nacionalización de YPF en 2012. Por otro lado, Argentina argumenta con mucha lógica que no es coherente destruir la economía de un país para pagar lo que exigen estos fondos. Drenar las reservas internacionales para satisfacer a estos tenedores de bonos no parece un camino correcto. De igual manera, los fondos deben asumir su responsabilidad. Cuando se le presta dinero a una persona insolvente, no solo es culpable el que se endeuda, sino también el que le presta irresponsablemente.

Lo mismo ocurre al comprar deuda de países. El camino de negociación será complicado, aunque deberíamos ver avances en las próximas 6 semanas si el país desea evitar el default. A estas alturas Argentina ha enviado señales mixtas acerca de su deseo de participar en una negociación. Esperemos que se logre un acuerdo y Argentina logre continuar su avance para reconciliarse con los mercados de deuda internacionales.

CARLOS ALBERTO GRASSO

ECONOMISTA