Argentina vuelve a copar titulares ante un inminente ‘default’ que podría ocurrir en los próximos 40 días. Los problemas actuales de Argentina no son los mismos que los que la empujaron al ‘default’ de 2001, pero la situación actual tiene su origen en la crisis de principios de la pasada década. En 2001 Argentina se declaró insolvente y dejó de pagar más de $80 mil millones en deuda emitida más intereses. Tras años de negociaciones, Argentina acordó en 2005 y 2010 intercambiar la deuda que mantenía por nuevos bonos con un valor aproximado de 30% de la deuda anterior. Es decir, un acreedor que debía recibir $1 al vencimiento de los bonos, solo recibiría 30 centavos. Este procedimiento es normal cuando un país entra en default.
El país en problemas obtiene de esta manera cierto alivio en sus cuentas, mientras que los acreedores toman un ´haircut’ (literalmente corte de pelo). Este es el riesgo financiero que corren los acreedores y por el cual ciertos países deben pagar tasas más elevadas en su deuda. En las reestructuraciones de 2005 y 2010 Argentina logró que el 93% de sus acreedores aceptaran el ´haircut` propuesto. El 7% de los tenedores de bonos restantes, muchos de ellos fondos de inversión internacionales especializados en inversiones en deuda con problemas no aceptaron el ‘haircut’ e iniciaron una demanda en la Corte de Nueva York para recibir el pago de la deuda en su totalidad incluyendo intereses acumulados.
Estos acreedores, liderados por Elliot Management y Aurelius, se amparan en la cláusula “pari passu” de los bonos que estipula que los bonos no reestructurados deben recibir el mismo trato que los bonos reestructurados. Es decir, si los bonos anteriores reciben pagos, los bonos nuevos también deben recibirlo.
La corte decidió que Argentina no puede pagar los intereses que debe en la deuda reestructurada si no paga también en su totalidad a aquellos acreedores que no aceptaron la reestructuración. Esto genera muchas dudas acerca del futuro cercano de la economía Argentina: ¿Por qué preocupa una decisión de la Corte de Nueva York en Argentina?, ¿Qué opciones tiene Argentina ante esta situación?, ¿Qué implicaciones tienen esas opciones?.
La decisión tomada por la Corte de Nueva York afecta a Argentina debido a que clausulas contractuales de la deuda en cuestión estipulan que los bonos deben regirse por la ley de Nueva York. Esto se hace ya que a menudo los inversionistas internacionales requieren un grado de protección mayor al que consideran que puede ofrecerle la ley local de algunos países. Además, ciertos fondos están limitados a invertir en deuda que se rija por leyes estadounidenses.
Recientes declaraciones de Axel Kicillof, ministro de economía argentino, sugieren que Argentina intentará cambiar la jurisdicción de la deuda pendiente a Argentina. Esta solución parece poco realista por varias razones. Principalmente requeriría que una mayoría de los acreedores aceptaran el cambio, algo poco probable y que en todo caso requeriría más tiempo que el que Argentina tiene para evitar el default. Los próximos intereses deben ser pagados el 30 de Junio, tras los cuales Argentina gozaría de un periodo de gracia por 30 días antes de incurrir en default.
Existe la posibilidad de que las Cortes estadounidenses acusen a los inversionistas que acepten de ayudar a Argentina a romper la ley. Además, se dificultaría el proceso a través del cual bancos estadounidenses actúan de intermediarios entre acreedores y el gobierno Argentino. En caso de que esta propuesta sea aceptada, el valor de la deuda Argentina, igual podría sufrir una caída, considerando que muchos fondos e inversionistas extranjeros venderán sus títulos si pasan a regirse por ley Argentina. Esta medida parece ser mas una medida de presión de Kicillof que una opción real, sobre todo considerando que un cambio de jurisdicción de este tipo no ha ocurrido jamás. Otro efecto del cambio de jurisdicción seria un potencial ´default´ técnico ya que Argentina estaría incumpliendo el contrato original de los bonos.
Otra opción para Argentina sería pagar lo que solicitan los fondos de inversión que el país Suramericano ha denominado “fondos buitre”. Sin embargo esta opción es poco atractiva. En primer lugar, la suma que piden los fondos asciende a $1.500 millones, y podría causar demandas similares de otros acreedores que harían subir el monto a $15.000 millones. Este monto implicaría desembolsar más de la mitad de las reservas internacionales de Argentina que se encuentran por debajo de $29.000 millones y que han venido en declive recientemente. De igual manera crearía un precedente peligroso para otros países con fundamentos macroeconómicos pobres. Esta opción no parece ser muy factible tampoco, sobre todo después de que la presidenta Argentina calificara la acción de los fondos como una extorsión.
La mejor opción para ambas partes implicaría una negociación. La complejidad de la situación es tal que ninguna de las partes debería lograr sus metas totalmente. Si Argentina llevara los bonos a ley local, los fondos demandantes deberán plegarse al ´haircut’ y no lograrían la ganancia que esperan. Sin embargo, la comunidad internacional castigaría a Argentina exigiendo un mayor rendimiento de su deuda y otras garantías. Recientemente, S&P redujo la calificación de la deuda Argentina a CCC-, y el rendimiento de bonos Argentinos con vencimiento en 2033 alcanzó niveles superiores a 12%.
Igualmente, dificultaría el acceso de Argentina a mercados internacionales, opacando los recientes esfuerzos que Argentina ha hecho en esta materia incluyendo la indemnización a Repsol por la nacionalización de YPF en 2012. Por otro lado, Argentina argumenta con mucha lógica que no es coherente destruir la economía de un país para pagar lo que exigen estos fondos. Drenar las reservas internacionales para satisfacer a estos tenedores de bonos no parece un camino correcto. De igual manera, los fondos deben asumir su responsabilidad. Cuando se le presta dinero a una persona insolvente, no solo es culpable el que se endeuda, sino también el que le presta irresponsablemente.
Lo mismo ocurre al comprar deuda de países. El camino de negociación será complicado, aunque deberíamos ver avances en las próximas 6 semanas si el país desea evitar el default. A estas alturas Argentina ha enviado señales mixtas acerca de su deseo de participar en una negociación. Esperemos que se logre un acuerdo y Argentina logre continuar su avance para reconciliarse con los mercados de deuda internacionales.
CARLOS ALBERTO GRASSO
ECONOMISTA
