La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este martes en un debate sobre la situación de Venezuela que el país celebre unas elecciones presidenciales «transparentes, inclusivas y participativas», el próximo 28 de julio
Asimismo, solicitó que se permita que sus trabajadores expulsados en febrero regresen al país.
«Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente», señaló en relación con esa expulsión la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las autoridades maduristas obligaron a trece empleados de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dejar Venezuela en el plazo de 72 horas, después de que el propio Nicolás Maduro les acusara de espionaje y conspiración.
Pese al tenso momento de relaciones entre la ONU y el Gobierno venezolano, que habían pactado la presencia de esa oficina local en 2019, Al-Nashif aseguró que ha habido «cambios positivos» en el país, aunque «queda mucho por hacer».
Destacó que en 2023 no se registró, como había sido el caso antes, el innecesario o desproporcionado uso de la fuerza contra manifestantes, aunque sí se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias, entre otras represalias, a algunos participantes en esas protestas.
También denunció que defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas por parte de las autoridades venezolanas, y citó los casos de los perseguidos activistas Javier Tarazona, fundador de la organización Fundaredes, y la hispano venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.
La «número dos» de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también manifestó la preocupación por las detenciones, intimidaciones y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición.
En ese sentido, Al-Nashif subrayó como un paso adelante la firma en octubre de 2023 del Acuerdo de Barbados entre el Gobierno de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pero hizo un llamamiento a que «se apliquen plenamente de buena fe».
En virtud de esos acuerdos, recordó, se liberó a 34 personas, pero «la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales».
Al-Nashif agregó que desde enero de 2023 la oficina de la ONU ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas se seguridad.
«Permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas», agregó la responsable de Naciones Unidas, quien también lamentó que las autoridades venezolanas ocultaran estas detenciones y posteriormente presentaran cargos contra los arrestados por presunta conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición o lavado de dinero.
La alta comisionada adjunta también indicó que la oficina ha recibido denuncias de malos tratos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia que en algunos casos podrían constituir tortura.
«Es especialmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana», afirmó.
Al-Nashif también subrayó que las sanciones internacionales contra Venezuela exacerban los problemas preexistentes del país y «han tenido un impacto negativo desproporcionado en la población», por lo que reiteró el llamamiento de la oficina de la ONU a que sean anuladas.
En respuesta a esta presentación, la delegación de Venezuela ante el Consejo dijo que este informe ha sido patrocinado por países acostumbrados a intervenir en los asuntos internos de los países, en lugar de optar por «un diálogo genuino y la cooperación».
Sobre el eventual retorno del personal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, dijo que se han mantenido conversaciones con esta instancia para «vislumbrar en el tiempo y en el momento que sea oportuno un nuevo proceso de cooperación técnica (…), sin injerencias ni parcialización política».
EFE
