Los terremotos en Venezuela son una tragedia natural masiva y sin precedentes. Se suman a los desastres provocados por seres humanos que han definido la política, la economía y la sociedad del país durante casi tres décadas. Ahora, la naturaleza ha agravado el sufrimiento creado por años de desgobierno.
El momento no podría ser más revelador. Justo cuando el país se enfrenta a esta emergencia humanitaria, las autoridades financieras han reconocido que Venezuela ha acumulado aproximadamente $240.000 millones en obligaciones: la mayor reestructuración de deuda soberana jamás intentada, según el Financial Times. Esa asombrosa carga no fue el resultado de una desgracia económica inevitable. Fue el producto de años de corrupción sistémica, degradación institucional y la irresponsable incompetencia gubernamental que floreció durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La historia demuestra que cuando ocurren catástrofes de esta magnitud, la comunidad internacional responde con generosidad y velocidad. Gobiernos, instituciones multilaterales, organizaciones benéficas y ciudadanos comunes se movilizan para salvar vidas y ayudar a reconstruir a las comunidades devastadas. Pero la experiencia también deja otra lección: en países con instituciones débiles y corrupción arraigada, el mayor desafío a menudo no es recaudar la ayuda, sino garantizar que llegue a quienes más la necesitan. Con demasiada frecuencia, la asistencia de emergencia se desvía, se politiza o simplemente desaparece en burocracias opacas y densas redes de corrupción.
El caso de Venezuela ofrece sobradas razones para la preocupación. El monumental robo de recursos públicos durante los años de Chávez y Maduro se encuentra entre los ejemplos de corrupción estatal mejor documentados en la historia moderna de América Latina. En esos años se debilitaron las instituciones que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas. Desafortunadamente, el gobierno interino que ahora está en el poder gracias a los Estados Unidos no ha demostrado mayor interés en fortalecer las instituciones que podrían prevenir abusos similares. Las buenas intenciones no son suficientes. Los gobiernos donantes y las organizaciones internacionales deberían insistir en una supervisión rigurosa e independiente, contratos transparentes, auditorías en tiempo real y monitoreo directo de la distribución de la ayuda. Los venezolanos merecen tener la certeza de que la asistencia humanitaria aliviará el sufrimiento—no que enriquecerá a intermediarios conectados políticamente o creará nuevas oportunidades para la corrupción.
Las víctimas de este desastre ya han pagado un precio insoportable. No se les debería obligar a pagar de nuevo mediante el desvío o el mal uso de la ayuda que el mundo se está preparando para brindar.
Moisés Naim
