Matta exige iniciar la devolución de activos expropiado

Matta exige iniciar la devolución de activos expropiado

 

Caracas, 18 de noviembre de 2026.– El Gobierno debe explicar por qué, después de más de siete meses de instalada la comisión encargada de evaluar los bienes públicos y casi tres semanas desde que se anunciara la venta o devolución de los activos no esenciales en manos del Estado, todavía no existen señales concretas del inicio del proceso, mientras empresas, plantas e instalaciones continúan deteriorándose.

Así lo exigió el exdiputado a la Asamblea Nacional y experto en materia energética Elías Matta, quien calificó este anuncio como el reconocimiento de un error histórico y advirtió que cualquier proceso de devolución o venta de activos públicos solo será legítimo si se desarrolla con absoluta transparencia, mediante licitaciones públicas abiertas y mecanismos de participación a través de la Bolsa de Valores.

“Han transcurrido más de siete meses desde la instalación de la comisión y casi tres semanas desde que se anunció, con bombos y platillos, que el proceso estaba avanzado. Sin embargo, hasta hoy no se conoce una sola lista, un cronograma ni un activo devuelto. Mientras tanto, los galpones se desmantelan, las máquinas se oxidan y los trabajadores siguen esperando. Cada día de retraso representa patrimonio que se pierde y valor que ningún inversionista estará dispuesto a pagar después”, sentenció.

Recordó que, según reportes de prensa, ni siquiera se dispone todavía de un inventario completo de los activos que podrían ser restituidos. “Le exigimos al Gobierno que informe cuándo comenzará el proceso, cuáles serán los activos incluidos y bajo qué reglas se llevará a cabo”, manifestó.

El exparlamentario sostuvo que lo que hoy se presenta como una nueva política económica constituye, en realidad, el reconocimiento tácito del fracaso del plan de expropiaciones. Señaló que durante años se despojaron empresas que producían, generaban empleos y pagaban impuestos, muchas de las cuales hoy se encuentran paralizadas, endeudadas o convertidas en chatarra. “Basta ver lo que ocurrió con Sidor. El país pagó dos veces: perdió capacidad productiva y quedó expuesto a demandas internacionales que todavía no se han resuelto”, destacó.

Asimismo, recordó que las nacionalizaciones ordenadas durante el gobierno de Hugo Chávez originaron más de una docena de reclamaciones de arbitraje internacional, muchas de las cuales permanecen sin resolución.

Matta subrayó que el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho de propiedad y establece que la expropiación solo procede por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y el pago oportuno de una justa indemnización. Por su parte, el artículo 116 prohíbe la confiscación de bienes, salvo en los casos expresamente previstos en la Carta Magna.

“La propiedad privada no es una concesión del gobierno de turno, sino un derecho constitucional. Si se hubiese respetado la Constitución, hoy no estaríamos hablando de devolver lo que nunca debió quitarse. Por eso, el primer paso debe ser restituir a sus legítimos propietarios los bienes que les fueron arrebatados sin indemnización y resolver, de manera ordenada, los pasivos derivados de esas expropiaciones”, sostuvo.

En ese sentido, Matta fue enfático al señalar que quienes fueron despojados de sus propiedades sin recibir compensación alguna deben recuperarlas y, además, ser indemnizados por los daños ocasionados durante el tiempo en que permanecieron bajo administración estatal. “Estamos totalmente de acuerdo con la devolución. A quien le quitaron su empresa, su finca o su galpón sin pagarle un centavo, el Estado debe devolverle su propiedad e indemnizarlo por todos los daños causados. No basta con entregar las llaves de unas instalaciones desmanteladas: el Estado tiene que responder por lo que destruyó”, afirmó.

El exparlamentario recordó que el pasado 29 de octubre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el proceso, pero no ofreció detalles sobre cómo se ejecutaría. Esto, a pesar de que la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos fue instalada el 8 de abril, con el empresario Luigi Pisella como representante del sector privado. “Hasta ahora, el país no sabe qué activos se van a ofrecer, cómo se valorarán ni quién decidirá a quién se adjudican. Venezuela no puede cambiar la opacidad de las expropiaciones por la opacidad de las privatizaciones”, advirtió.

Matta también hizo referencia a las declaraciones de Rodríguez durante ese anuncio, cuando afirmó que la propiedad privada es un derecho protegido y garantizado por la Constitución. “Esa frase constituye una confesión. Si hoy reconocen que la propiedad privada está garantizada por la Constitución, están admitiendo que las expropiaciones vulneraron ese derecho. No se puede invocar la Constitución para devolver los bienes y guardar silencio sobre las violaciones que se cometieron al arrebatarlos. Quienes ejecutaron ese plan le deben al país, por lo menos, el reconocimiento del daño causado”, señaló.

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