Los ataques contra la Fuerza Pública en Colombia aumentaron un 62 % en el periodo 2024-2025 con respecto a los dos años previos, a la vez que se expandieron territorialmente y se multiplicó el uso de drones, alertó la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) en un informe divulgado este martes.
“Estamos en un momento de la historia de la violencia organizada en Colombia en donde no solamente hay más disputas entre actores armados no estatales entre sí (…) sino que esas organizaciones están atacando de manera mucho más clara y concreta en una ofensiva militar contra el Estado colombiano”, aseguró a EFE el director del área Conflicto y Seguridad de la FIP, Javier Flórez.
Según el documento ‘Recuperar la ventaja’, las zonas afectadas por la violencia pasaron de siete en 2022 a 14 en 2025, con especial incidencia en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Meta y Guaviare y las regiones del Catatumbo y la Amazonía colombiana.
La disputa por el espacio aéreo
A esta expansión territorial se sumó el incremento del uso de drones, ya que los ataques de los grupos armados ilegales contra la Fuerza Pública pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, lo que supone un crecimiento del 132 % en un solo año.
Flórez consideró a este respecto que la adaptabilidad tecnológica de algunos grupos armados (ya sea de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y otros grupos criminales) tiene «en jaque» a las Fuerzas Militares ante la pérdida del control aéreo, algo que antes no estaba disputado.
“Hoy en día, el dominio del espacio aéreo está en disputa entre el Estado y los grupos armados, que con unas capacidades financieras muy bajas -no tienen que gastar mucha plata ni poner en riesgo a sus hombres- están generando un daño muy grande y una incertidumbre muy compleja para nuestras Fuerzas Militares, pero también para la población civil y obviamente para nuestra Policía», indicó.
La FIP señaló que esta transformación tecnológica aumenta las exigencias para el Estado, que debe responder a amenazas más dispersas e incorporar nuevas herramientas a sus operaciones.
Más de 96.000 víctimas en 2025
El incremento de la violencia también tuvo un impacto sobre la población, ya que en 2025 el desplazamiento forzado masivo superó las 96.000 víctimas, mientras que los confinamientos afectaron a cerca de 155.000 personas, según las cifras recogidas por la FIP.
Frente a este escenario, la Fuerza Pública aumentó sus operaciones con 234 acciones en 2025, un 34,5 % más que en 2024, en un esfuerzo que, sin embargo, no se tradujo en una reducción de la expansión de estas organizaciones, según la FIP.
Asimismo, la cifra de integrantes de estos grupos armados ilegales pasó de 21.958 en 2024 a 27.121 en 2025.
Este crecimiento también se evidenció en el control territorial que ejercen estas organizaciones, que pasó de 562 municipios a 627, lo que representa cerca de un 57 % de todo el país. EFE
