Personas angustiadas caminan por las calles de La Guaira, una ciudad costera a escasos 40 minutos de Caracas. Portan panfletos con rostros impresos de familiares desaparecidos desde el 24 de junio, cuando un inédito «doblete sísmico» sacudió al país con apenas 39 segundos de diferencia. Sus voces ya suenan roncas de tanto gritar nombres hacia las montañas de escombros.
Cinco días después de la catástrofe, la carrera contrarreloj continúa. Lo que comenzó como un esfuerzo heroico de civiles levantando placas de concreto con sus manos desnudas, es hoy un despliegue internacional de rescatistas de al menos 20 países equipados con tecnología de punta, unidades caninas y maquinaria pesada. Sorprendentemente, el terreno aún entrega sobrevivientes, pero el conteo de víctimas fatales no da tregua: el balance oficial ya asciende a 1.450 fallecidos y 3.150 heridos.
El colapso del servicio y la indignación en la «zona cero»
Mientras las morgues de La Guaira se declaran desbordadas y miles de ciudadanos engrosan las listas de desplazados, la indignación popular crece. Las brigadas estatales se concentraron en Caracas inmediatamente después de los temblores. Los residentes de la costa, en cambio, denuncian haber sido abandonados a su suerte durante las primeras 48 horas.
“Todos aquí fuimos voluntarios; el gobierno no nos ayudó en absoluto”, declaró una afectada a The Economist, señalando un edificio residencial colapsado donde aún yace el cuerpo de su tía.
El desastre ha dejado al descubierto el peso de casi tres décadas de deterioro institucional y corrupción sistémica que devastaron la economía venezolana, dejando a hospitales, bomberos y cuerpos de protección civil sin insumos mínimos para responder a una contingencia. Las viejas narrativas oficiales que culpaban exclusivamente al «imperio estadounidense» de las deficiencias internas han perdido su anclaje ante la nueva realidad geopolítica del país.
El factor geopolítico: La vulnerabilidad de la «co-empresa»
La actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, ejerce el control político en el marco de un esquema de gobernabilidad transitoria tutelado de cerca por Washington tras la captura de Nicolás Maduro a principios de año. Este giro estratégico dio paso a una flexibilización de sanciones por parte de la administración de Donald Trump, a cambio de que Rodríguez garantizara estabilidad y reformara el marco legal para incentivar la inversión extranjera en los sectores petrolero y minero.
El propio Trump llegó a calificar este pacto como un éxito rotundo. “Venezuela está mejor ahora que nunca en la historia del país. Es como una empresa conjunta (joint venture)”, afirmó el pasado 26 de marzo. El terremoto, sin embargo, ha puesto en jaque ese relato de normalización.
📊 El costo de la reconstrucción y el despliegue de asistencia
Un análisis satelital preliminar realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula los daños materiales en 6.700 millones de dólares. Ante la magnitud del desastre, Washington calibra el alcance de su intervención:
-
Logística militar: Equipos del Departamento de Defensa repararon la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía para habilitar un puente aéreo humanitario continuo.
-
Fuerza de tarea: Se dispuso el envío de buques militares hacia el litoral central y el despliegue de personal USAR especializado.
-
Debate presupuestario: Exdiplomáticos estadounidenses, como el exembajador James Story, presionan para que se autorice una asistencia total que incluya el despliegue de buques hospitales, argumentando la corresponsabilidad política de EE. UU. en la arquitectura del actual gobierno interino.
¿La instrumentalización de la crisis?
El plan maestro delineado por la diplomacia estadounidense para el país consta de tres etapas rígidas: estabilización, recuperación y transición. La hoja de ruta dictaba que las dos primeras fases se consolidaran bajo el mandato interino de Rodríguez antes de avanzar hacia la tercera fase: la convocatoria a elecciones democráticas.
Sin un cronograma electoral fijado previamente, la magnitud de la catástrofe actual podría convertirse en la justificación perfecta para postergar indefinidamente la transición en las urnas, un escenario que favorece directamente al cuestionado bloque gobernante. Como advierte Story: “Hay motivos fundamentados para creer que esta terrible tragedia será instrumentalizada para postergar el llamado a elecciones”.
