El Concejo Municipal de El Hatillo acuerda otorgar la ciudadanía honorífica a la jueza María Lourdes Afiuni, el reconocimiento busca honrar a la destacada vecina hatillana tras la reciente extinción definitiva de una causa penal que se extendió por 16 años y se convirtió en un símbolo global de la lucha por la independencia judicial.
En el marco de una sesión ordinaria celebrada este miércoles, fue sometido a aprobación el acuerdo para otorgar la ciudadanía honorífica del municipio El Hatillo a la jurista María Lourdes Afiuni. La medida representa un reconocimiento formal a su trayectoria como servidora pública e integrante de la comunidad hatillana, así como un firme pronunciamiento en favor de los valores democráticos y el Estado de Derecho.
La iniciativa resalta la figura de Afiuni no solo como una vecina ejemplar del municipio, sino como un referente de dignidad e integridad profesional frente a la adversidad institucional.
Un caso emblemático de la justicia venezolana
La historia judicial de María Lourdes Afiuni se remonta a diciembre de 2009, cuando fue detenida arbitrariamente tras dictar una medida cautelar en estricto apego a las leyes venezolanas y a las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su arresto y posterior juzgamiento sin las garantías del debido proceso transformaron su caso en el emblema nacional e internacional del quiebre de la autonomía e independencia del Poder Judicial en Venezuela.
Durante más de década y media, la exjueza estuvo sujeta a privación de libertad, arresto domiciliario y restricciones cautelares que vulneraron sus derechos humanos fundamentales. La persecución en su contra generó pronunciamientos continuos de organismos internacionales, defensores de derechos humanos y juristas de diversas latitudes, quienes denunciaron reiteradamente la instrumentalización de la justicia con fines políticos.
El fin de un proceso de 16 años
Este año se produjo la extinción definitiva de la causa penal instaurada en su contra, cerrando formalmente un expediente que diversos analistas y defensores de derechos humanos han calificado como un proceso que jamás debió haber iniciado.
El acuerdo sometido ante el cuerpo edilicio de El Hatillo enfatiza que la concesión de la ciudadanía honorífica va más allá de un homenaje individual. Constituye una reafirmación institucional de que la integridad, el apego al deber y la búsqueda de la justicia permanecen como pilares fundamentales para la reconstrucción del tejido social y democrático del país.
