Hace tres meses Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en medio de una grave crisis política. Contra todos los pronósticos, su rival, Henrique Capriles, había obtenido una votación histórica para la oposición en tres lustros. Apenas lo separó de la victoria un ínfimo porcentaje de votos (una distancia de un punto y medio) que derivó en sospechas de fraude.
Solo las inequidades del proceso electoral venezolano —la parcialidad del Consejo Electoral, el descarado uso de los recursos del Estado con fines proselitistas o la amenaza de represalias a los beneficiarios de los programas sociales— y las irregularidades en el día de la votación habían impedido un histórico relevo en el palacio de Miraflores.
Esa ajustada derrota colocaba al chavismo frente a un gran revés político. Un mes antes, el 5 de marzo de 2013, cuando fue declarado muerto el presidente Hugo Chávez, sus herederos parecían destinados a sucederlo sin mucha resistencia.
La derrota provocó nuevas lecturas. Se dudaba entonces de la capacidad que tendría el Gobierno de mandar sin convocar a la mitad que le había votado en contra. Para la segunda semana de mayo, una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) mostraba que 51,3% de los ciudadanos tenían una opinión negativa de la situación del país. La percepción del aspecto político era incluso peor. Seis de cada 10 pensaban entonces que la situación era inestable.
Tres meses después, mientras el recuerdo de Chávez se diluye en la rutina de una vida compleja, que no deja espacio para el culto al héroe, Maduro se afianza y la oposición se debilita entrampada en su propia estrategia, que consiste en esperar que prospere la impugnación de las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, mientras apuesta al desgaste de un Gobierno que no tiene el imán de Chávez y a ganar más espacios en las municipales del próximo 8 de diciembre. Ya sufrieron su primera derrota.
A mediados de semana la Sala Constitucional desestimó una recusación de los abogados de Capriles para impedir que los siete magistrados titulares de la sala, chavistas confesos, intervinieran en la causa.
La oposición sigue sin darle dirección política a las recurrentes protestas y demandas sociales. Hace una semana Capriles dijo que la gente no debía esperar el visto bueno del líder para organizarse y buscar soluciones a sus problemas.
En ese escenario de voluntaria desmovilización Maduro ha administrado el caos y se ha afianzado en el cargo. Valgan estas cifras para ilustrar la crisis económica de este país: entre diciembre y junio la moneda local, el bolívar, se ha devaluado un 172%; las ventas petroleras del primer trimestre del año —el 96% de los ingresos— cayeron a 21.300 millones de dólares, un 13,41% menos que en el mismo periodo de 2012, y el índice de desabastecimiento de productos básicos llegó al 20,5% en mayo, una cifra jamás alcanzada en tiempos de Chávez.
Hasta el 11 de julio las reservas internacionales habían caído en 5.363 millones con respecto al mismo periodo del año pasado. Solo se contaba con dinero contante y sonante para 15 días de importaciones, según los cálculos del economista Pedro Palma.
La tasa de inflación acumulada en el primer semestre es la expresión más concreta de todos los malestares del venezolano. La cifra de 24,99% superó al marcador de todo 2012 (20,09%). El Gobierno supo entender que la crisis se agudizaría si no generaba las condiciones para que la empresa privada pudiera trabajar sin tantas restricciones. Una reunión con el empresario Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar, la segunda fortuna del país, simbolizó la cohabitación por la que el Gobierno apostó en aras de suavizar un modelo socialista que luce agotado y de su propia supervivencia.
En aquellos días, cuando la escasez apremiaba y Venezuela era el centro de la atención del mundo por la falta de papel higiénico, Maduro acusó a Mendoza de ser el principal responsable del desabastecimiento al no producir al máximo. Tras esa cita la comunicación con los empresarios comenzó a fluir, aunque estos no están satisfechos con los acuerdos alcanzados con el Gobierno.
Para cumplir con esos acuerdos se reformó el gabinete económico. Maduro relevó entonces al dogmático Jorge Giordani del Ministerio de Finanzas y lo sustituyó por Nelson Merentes, que ha diseñado un mecanismo alternativo a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para obtener dólares de forma legal (en Venezuela rige un control de cambios desde febrero de 2003).
Aunque apenas se han efectuado dos subastas en el año, se espera que se convoquen nuevas pujas con regular periodicidad. Al Gobierno le urge corregir la reducción del 87,7% de la oferta de dólares por vías alternas a Cadivi en el primer semestre de 2013. Este año se adjudicaron apenas 639 millones comparados con los 5.197 millones del primer semestre de 2012.
Todas esas concesiones al sector privado no se corresponden con la estrategia asumida para enfrentar a la oposición. Contradiciendo lo que vaticinaban los analistas el 15 de abril —que sería imposible gobernar sin acuerdos políticos—, el chavismo se ha seguido comportando como si el otro no existiera y ha estrechado el cerco sobre sus rivales. Dos de los tres gobernadores de la oposición están siendo investigados por la Asamblea Nacional por malversación de fondos. Sobre la espalda del restante, Henrique Capriles, se cierne la presunta responsabilidad de las nueve muertes ocurridas tras el rechazo del estrecho resultado de las elecciones.
El Gobierno amenaza cada tanto con enjuiciarlo por ese hecho. Eso tal vez nunca ocurra, pero sí ha logrado que el dirigente prefiriera seguir su reclamo en los despachos de los tribunales y no en la calle.
Otros dos diputados, María Corina Machado y Richard Mardo, serán investigados también. La antigua candidata presidencial, por una escucha difundida por el Gobierno en la cual criticaba a sus compañeros de la Mesa de la Unidad por la estrategia seguida después de las elecciones. Mardo lo tiene mucho más difícil. El Supremo encontró motivos para quitarle la inmunidad parlamentaria y enjuiciarlo por blanqueo de capitales y defraudación tributaria.
El Gobierno asegura que está haciendo una lucha sin cuartel contra la corrupción sin distinciones políticas. Pero en el chavismo solo caen peces chicos: 7 funcionarios de migraciones en el Estado de Táchira, 14 ciudadanos acusados de cobrar beneficios para entregar ayudas sociales, otras 7 personas relacionadas con el desfalco al Fondo Chino. Maduro ha usado ese ejemplo para aleccionar a los suyos.
En eso sí se parece a Chávez, pero también en otros aspectos: copiosas intervenciones en la cadena de televisión del Estado, largas caminatas por la provincia para cumplir con el denominado “Gobierno de calle” y bailes con la comunidad. El pasado domingo también agregó otro hito al anunciar su primera expropiación. Sucedió en el Estado de Apure, donde anunció la toma de un terreno para construir viviendas. Poco antes anunciaba que había logrado “estabilizar la revolución”. /JM
Fuente: El País de España
