La utilización del Poder Judicial para perseguir opositores es una de las más sólidas acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro que se formulan ante la Corte Penal Internacional. Hay distintas modalidades para someter a quien disienta, desde la detención arbitraria hasta la confiscación patrimonial. En la primera se abre un juicio y luego este se congela (Roland Carreño, por ejemplo). La segunda presenta una demanda sin fundamento para que los jueces dicten sentencias complacientes sin fundamento (El Nacional, por ejemplo).
Todo ello obedece a que la revolución bolivariana se ha ocupado de degradar al Poder Judicial y colocar ahí a fichas del partido PSUV y de los enchufados que controlan hoy el poder en Venezuela. El nepotismo y el clientelismo son moneda de cuenta en la magistratura. No es la preparación intelectual sino la sumisión ante el poder lo que califica para ser magistrado. Muy lejos están figuras estelares como José Román Duque Sánchez, Rafael Rodríguez Méndez, Eloy Lares Martínez, José Gabriel Sarmiento Núñez, José Santiago Núñez Aristimuño, René Plaz Bruzual, entre otros, quienes encarnaban la figura del magistrado independiente e idóneo.
Es en este contexto como puede leerse la denuncia que acaba de presentar el Foro Penal con relación a los presos políticos que tienen más de 3 años sin ser condenados. De acuerdo con los números que indica esta ONG, son 155 militares y 133 civiles los que están detenidos sin haber sido debidamente procesados. Esto viola el artículo 26 de la Constitución que exige que los juicios sean breves, porque es lo que ordena el principio de la tutela judicial efectiva. Pero esto es letra muerta en un modelo que no se detiene en las formas, salvo cuando quiere aparentar ante la comunidad internacional que respeta la legalidad y los derechos humanos.
Las detenciones irregulares de los presos políticos es material para engrosar –si es que no estuviese suficientemente documentado– el expediente ante la Corte Penal Internacional. Ante ella el régimen se empeña en apelar a recursos torticeros para alargar el proceso y evadir que se decida conforme a la verdad: estamos ante un régimen que usa la persecución judicial para silenciar a quien disienta de él o aspire derrotarlo electoralmente.
El silencio del contrincante por medio de la manipulación de la justicia para la privación de la libertad a mansalva. Es que el Poder Judicial no cumple con los estándares internacionales en materia de justicia. De ahí que Venezuela ocupa el último lugar en los índices de medición del Estado de derecho. El Poder Judicial está secuestrado por el poder político. El control no se disimula, más bien se hace sentir. Esto patrocina la corrupción, la persecución arbitraria al opositor y la impunidad en beneficio de los compañeros revolucionarios. Basta escuchar los programas que se transmiten desde el canal del Estado para ver el disfrute de la impunidad y del ventajismo.
La carrera judicial es inexistente, lo que queda demostrado porque la gran mayoría de los jueces son provisorios para garantizar, de esta manera, aún más su control. No habrá en Venezuela posibilidad de restablecer las instituciones y la libertad si no se reforma el Poder Judicial y se establece la carrera judicial.
En nuestro sistema germano-romano no puede haber un delito si no está previsto en la Ley (nullum crimen, nulla poena sine legge), pero esto no funciona en el modelo chavista-madurista. Este considera que quien disienta del régimen es culpable de “traición a la patria”, sin presunción de inocencia. La situación de los presos políticos, sin debido proceso y sin condenas, revela que estamos ante uno de los gobiernos más siniestros de la historia de Venezuela. Y todo ello es conocido por los jueces de la Corte Penal Internacional. Es cuestión de tiempo para que se haga justicia.
Editorial de El Nacional
