La oposición venezolana, que se medirá este domingo en unas primarias, ha concentrado toda su fuerza en las elecciones presidenciales de 2024, una carrera a la que vuelve luego de una década alejada de las urnas, aún con críticas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y llena de limitaciones y contradicciones.
En abril de 2013, cuando Nicolás Maduro fue anunciado como ganador de la Presidencia, se quebró definitivamente la confianza de sus contrarios, hasta entonces unidos en coalición, en el árbitro electoral. La oposición cantó fraude y no reconoció, ni siquiera hoy, la victoria del líder chavista, obtenida con un 1,5 % de ventaja.
A esas cuestionadas votaciones le siguieron oleadas de protestas antigubernamentales, llamados a la abstención y otros intentos infructuosos por sacar al chavismo del poder, mientras Maduro, señalado de antidemocrático por varios países, se reelegía en 2018, conforme aumentaba el número de opositores inhabilitados para disputarle el cargo.
El mismo presidente que, según la oposición tradicional, nunca ha ganado unos comicios democráticos, competitivos y transparentes, se perfila como el adversario a vencer en 2024, cuando el antichavismo prevé volver a unir todas sus capacidades al servicio de una candidatura, sin certeza sobre la viabilidad de esta apuesta.
La apuesta electoral
Aunque el grueso del antichavismo no concurrió a otras presidenciales en la última década, hizo dos grandes apuestas electorales que buscaron convertir en el finiquito de la llamada revolución bolivariana.
En 2015, tras una intensa campaña política, se hicieron con la mayoría calificada en el Parlamento, pero el Tribunal Supremo impugnó a tres legisladores por supuestas irregularidades en su elección, que nunca se repitió. La oposición juramentó a los impugnados y el Legislativo fue declarado en desacato, por lo que ninguno de sus actos fue obedecido por el resto de instituciones.
En 2016, con un país harto por la escasez generalizada de productos y una Cámara legítima pero sin poder real, la idea de convocar a un revocatorio contra Maduro ganó la simpatía de la misma mayoría que el año anterior favoreció con un 67 % de los escaños a la oposición.
Luego de manifestaciones callejeras en las que participaron cientos de miles de personas a favor del revocatorio, nuevamente el Poder Judicial salió en defensa del mandatario al admitir querellas contra el proceso que fueron introducidas por el oficialismo. En consecuencia, el CNE decidió paralizar el referendo «en acatamiento» de los tribunales.
Después de este par de tragos amargos, mientras la crisis económica se agudizaba, la oposición optó en 2017 por una lucha no electoral, sino de calle, con la mayor cadena de protestas antigubernamentales que ha enfrentado Maduro, a las que respondió con represión, que se saldaron con unos 120 muertos y el repudio casi unánime de la comunidad internacional contra el presidente.
De vuelta a las urnas
Con la llegada de la década, la oposición se diluyó en varias escisiones hasta el punto de no saber cuántas fracciones identificadas como antichavistas existen hoy, algunas con ideales tradicionales y otras menos críticas con el Gobierno, por lo que se les acusa de ser cómplices del poder, los llamados «alacranes» políticos del país.
Luego de un par de intentos electorales, con los que partidos y dirigentes buscaron desligarse de la senda abstencionista en 2020 y 2021, ahora nadie llama a no votar y, por el contrario, el país está entrando de lleno en un ambiente electoral que la oposición pretende aprovechar para dar la estocada al chavismo.
Según las encuestas, hasta ahora nadie tiene más oportunidad de reunir los apoyos necesarios que la exdiputada María Corina Machado, quien, a la vez, es la candidata menos viable debido a una inhabilitación política que le fue impuesta por la Contraloría en 2015, según la cual tiene prohibido ocupar cargos de elección popular hasta julio de 2030.
Prácticamente cerrada al diálogo con el oficialismo, Machado no ha conseguido dibujar una línea clara que le permita convertir el respaldo popular con el que cuenta en una candidatura en 2024 o en un escenario en el que su eventual victoria sea aceptada y respetada por las instituciones, controladas por el chavismo desde 1999.
De colofón, el Gobierno y la oposición tradicional firmaron esta semana un acuerdo de garantías electorales, que fija las presidenciales para el segundo semestre del año y con observación internacional, pero -subrayó el Ejecutivo- sin permitir que los inhabilitados compitan.
El juego sigue cerrado.
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