Hay trayectorias que se anuncian solas. Durante más de veinte años observé cómo se descomponía la gobernanza en este hemisferio y pocas caídas fueron tan previsibles como la del chavismo. Hoy, Nicolás Maduro y Cilia Flores están sentados en el banquillo del Distrito Sur de Nueva York. No es un giro diplomático: es el final lógico de un Estado que cambió la soberanía por el crimen organizado y terminó convertido en una plataforma de guerra contra Occidente
Hasta ahora, el caso era, sobre todo, narcotráfico: narcoterrorismo, conspiración para inundar de cocaína a Estados Unidos, ametralladoras y el Cártel de los Soles. Cargos sólidos, construidos con años de inteligencia e interceptaciones —pero cargos que mantenían el juicio en el terreno de lo transaccional: rutas, lanchas, lavado de dinero—.
Los nuevos cargos cambian el terreno. El Departamento de Justicia prepara imputaciones por tortura y toma de rehenes. Ya no se juzga solo una empresa criminal: se juzga la maquinaria de sevicia que sostuvo al régimen en el poder. Con eso se cierra una era de impunidad y se abre un precedente que otros fiscales citarán durante años.
Esa maquinaria tenía doctrina. Los regímenes que pierden toda legitimidad interna no improvisan: convierten a los extranjeros en moneda de cambio. La captura de estadounidenses nunca fue un exceso de algún funcionario del SEBIN o de la Dgcim. Fue política de Estado: detener para presionar, para frenar sanciones, para canjear piezas —como se hizo con Alex Saab a finales de 2023—.
La prueba ya tiene nombres y apellidos. En el sur de la Florida, el juez federal Darryn P. Gayles condenó a Maduro y a su cúpula a pagar 312 millones de dólares a tres sobrevivientes: Edgar José Marval, Jason Saad y Jerrel Kenemore. Lo que el tribunal dio por probado no se olvida fácil: Kenemore pasó 643 días encerrado entre vapores de combustible, en privación sensorial extrema y dos veces intentó quitarse la vida. A Saad lo sometieron a posiciones de estrés hasta desgarrarle los ligamentos. A Marval esbirros de la DGCIM le fracturaron la espalda a golpes, le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, lo despojaron de sus bienes y lo cubrieron con sus propios excrementos delante de los custodios.
Cuando esos testimonios —respaldados por el informe de la relatora especial de la ONU sobre la tortura y por los programas federales de protección de víctimas— lleguen a un jurado en Foley Square, la defensa de Barry Pollack se quedará sin libreto. Desacreditar a un narco que busca una rebaja de pena es un trámite de todos los días; desacreditar a un compatriota que muestra sus cicatrices es imposible. Frente a la tortura contada en primera persona no hay retórica de «persecución ideológica» ni de «defensa de la soberanía» que aguante.
El primer efecto es inmediato y tiene fecha: la audiencia de fianza de Cilia Flores. La ley obligó al juez a ponderar el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad. Con acusaciones formales de haber participado en una estructura jerárquica que ordenó detener y torturar a estadounidenses indefensos y con cadenas perpetuas sobre la mesa por la tortura extraterritorial, la fianza deja de ser una discusión seria.
Pero aquí aparece la paradoja que nadie en Washington puede esquivar. Mientras el Departamento de Justicia estrecha el cerco en Manhattan, el Departamento de Estado pidió en el litigio de Florida inmunidad soberana para Delcy Rodríguez —la presidenta interina en Caracas— invocando la política exterior y los flujos petroleros. Si a Maduro se le niega la inmunidad de jefe de Estado en Nueva York —como se le negó a Noriega, en línea con la doctrina de desconocimiento de legitimidad del Ejecutivo—, ¿cómo se le concede a otra figura de la misma cadena de mando represiva? El mensaje sería demoledor: torturar estadounidenses se castiga o se perdona según la utilidad del acusado para la administración de turno. Un precedente así no disuade a ningún autócrata del hemisferio. Para que el caso del SDNY sea creíble, la ley penal extraterritorial tiene que aplicarse por los hechos probados, no por acomodos del momento.
El juicio está fijado para junio de 2027 y el camino hasta allá será largo. Bajo la ley CIPA, las agencias de seguridad tendrán que desclasificar cables, interceptaciones y testimonios consulares que documenten la cadena de mando en los sótanos de Boleíta y El Helicoide. De ese escrutinio saldrá una verdad procesal que sobrevivirá a los acusados.
La reconstrucción democrática de Venezuela no se hará sobre pactos de olvido ni componendas selectivas. Al sentar a Maduro y a Flores por torturar a rehenes estadounidenses, la justicia de este país no solo protege a sus ciudadanos: reivindica a miles de víctimas anónimas que padecieron la violencia del régimen. En las cortes de Nueva York, el derecho penal cumple su función esencial: recordarles a los tiranos del hemisferio que el poder usurpado no otorga inmunidad eterna frente a la ley.
