Al menos 63 personas fueron detenidas de forma arbitraria en mayo en Nicaragua, una muestra de que el régimen de Daniel Ortega continúa «silenciando cualquier voz crítica o disidente en el país y usando el sistema judicial a tal fin», afirmó hoy la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En un sólo día, el pasado 3 de mayo, 55 personas fueron acusadas de los delitos de menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, usados con frecuencia para silenciar los críticos con el Gobierno, añadió en rueda de prensa la portavoz de la oficina de la ONU Marta Hurtado.
«Durante sus audiencias bajo custodia ninguno de los 55 acusados pudo escoger abogado y fueron representados por un defensor público que se les impuso», subrayó la portavoz, quien indicó que entre estos detenidos hay activistas de derechos humanos, miembros de la oposición, periodistas y personas ligadas a la Iglesia Católica.
Sobre este último colectivo, Hurtado también señaló que esta semana tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua y a otras tantas se les ha prohibido salir de su convento en Santa Luisa de Marillac (norte del país), mientras que cuatro sacerdotes y cuatro empleados eclesiásticos fueron detenidos del 21 al 23 de mayo.
La portavoz recordó asimismo que el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez cumple una sentencia de prisión de 26 años por menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas en la cárcel La Modelo, en Tipitapa, cerca de Managua.
«No se le ha permitido recibir visitas desde el 25 de marzo, y nuestra oficina ha sido informada de que su celda carece de las adecuadas medidas de higiene y limpieza, no tiene luz natural, y no se le permite salir al exterior, condiciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos», afirmó.
Hurtado añadió que al menos tres de las nueve diócesis católicas en Nicaragua han sufrido el bloqueo de sus cuentas bancarias tras ser acusadas de blanqueo de dinero, e incluso el Gobierno ha llegado a acusar a la Iglesia de ser una organización criminal que apoya el terrorismo y la desestabilización del país.
También el pasado mes de mayo la Corte Suprema de Justicia nicaragüense confirmó la inhabilitación de 26 abogados y notarios críticos con el Gobierno, algunos de ellos prominentes defensores de derechos humanos, que en casi todos los casos habían sido ya despojados de su nacionalidad junto a otras 292 personas.
«Urgimos a las autoridades a detener la campaña contra la disidencia, a liberar inmediatamente a todos los detenidos de forma arbitraria, y a restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios que han sido arbitrariamente cerrados (más de 3.200) desde 2018», afirmó Hurtado.
«También pedimos al Gobierno que enfrente la actual crisis mediante diálogo, rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y reformas institucionales y legislativas que restauren el Estado de derecho», concluyó.
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