El proyecto de reforma a la Ley de Minas que se debate actualmente en la Asamblea Nacional carece de sustento técnico y ambiental. Así lo denunció Antonio De Lisio, secretario de la Asociación de Universidades Amazónicas de Venezuela e investigador del Cendes, quien calificó como una «contradicción biológica» el concepto de «minería ecológica» promovido en el texto legal.
El mito de la extracción verde
En entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, De Lisio fue enfático al señalar que no existen experiencias globales que avalen una actividad minera que no vulnere las funciones de los ecosistemas.
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Alteración irreversible: La minería, por definición, elimina la cubierta vegetal y destruye los medios de sustento ecológicos, especialmente en biomas tan frágiles como la Amazonía.
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Vacíos legales: El experto alertó que la nueva normativa desprotege áreas vitales como las reservas forestales (caso Imataca) y las reservas de biósfera, limitándose únicamente a mencionar parques nacionales y monumentos naturales.
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Deuda con los pueblos originarios: La reforma ignora el protocolo de consulta previa, libre e informada, un derecho constitucional y de la ONU que otorga a las comunidades indígenas potestad sobre su territorio.
El «oro» vs. las industrias básicas: Un abismo social
De Lisio trazó una línea clara entre el modelo industrial de Ciudad Guayana y la actual explotación aurífera en el sur del país:
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Industria Organizada: Sectores como el hierro y el aluminio mantienen estructuras sindicales, planificación urbana y procesos con valor agregado.
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Sociedades Desestructuradas: La minería de oro se asocia con flagelos sociales como el trabajo infantil, la prostitución y el empleo precario sin regulación estatal efectiva.
«Venezuela no puede ejercer una contraloría social si no establece primero cuentas patrimoniales que cuantifiquen cuántas hectáreas de bosques y humedales se están eliminando. El costo ambiental podría superar con creces los beneficios económicos proyectados», sentenció el investigador.
La amenaza eléctrica: El Guri en la mira
Uno de los puntos más críticos del análisis de De Lisio es la conexión entre la minería en el sur y el suministro eléctrico en el norte del país.
La actividad minera está afectando directamente las cuencas que alimentan la represa del Guri, infraestructura diseñada para durar 300 años y que provee entre el 70% y 75% de la energía de Venezuela. La sedimentación y alteración de los ríos reducen drásticamente su vida útil, lo que se traduce en fallas de suministro que afectan la cotidianidad de todo el territorio nacional.
Propuesta: Hacia una economía de «Bosques en Pie»
Como alternativa a la profundización del extractivismo, De Lisio sugiere que el Estado explore el mercado de las finanzas sostenibles:
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Bonos de Carbono: Obtener beneficios económicos manteniendo los bosques y humedales intactos.
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Relanzamiento Industrial: Modernizar las industrias básicas bajo procesos actualizados y con monitoreo universitario.
«La naturaleza es un patrimonio intergeneracional», concluyó De Lisio, instando a los legisladores a hablar con veracidad técnica y a priorizar el derecho a un ambiente sano sobre el beneficio inmediato de la extracción.