Un juez federal dictaminó este viernes que la administración de Donald Trump aplicó de manera ilegal una política migratoria que privó a ciudadanos de 39 países, entre ellos Cuba y Venezuela, de acceder a beneficios clave como el asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes y la ciudadanía estadounidense.
En un extenso fallo de 135 páginas, el juez John J. McConnell Jr. concluyó que las medidas diseñadas para excluir del sistema a los solicitantes de asilo elegibles, sumadas a la denegación de permisos laborales temporales, hicieron prácticamente imposible la permanencia de miles de personas en Estados Unidos. Esta presión, enfatizó el magistrado, “dejó en suspenso las vidas de innumerables personas, simplemente por razón de sus países de nacimiento”.
Los lineamientos, ejecutados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), incluyeron la suspensión total del procesamiento de solicitudes de asilo ante dicha agencia. Asimismo, paralizaron de forma indefinida las resoluciones sobre trámites migratorios para aquellos ciudadanos provenientes de las naciones afectadas por el veto de viaje presidencial.