La situación de la jueza Afiuni trasciende, desde hace tiempo, el ámbito de una simple controversia judicial para convertirse en un emblema de la vulneración de los derechos humanos. Su detención, la prolongada persecución a la que ha sido sometida y el trato humillante y degradante que ha recibido constituyen hechos objetivos. Estas acciones generan una profunda indignación en cualquier ciudadano con conocimiento del derecho, sensibilidad humana y un respeto elemental por los principios fundamentales de la justicia.
Resulta alarmante observar cómo, después de haber soportado una pena considerada por la comunidad internacional como injusta y desproporcionada, continúan produciéndose actuaciones anómalas. Estas medidas parecen orientadas más al castigo personal y al quiebre de la dignidad que a la correcta administración de justicia. Cuando un sistema judicial pierde la imparcialidad y se convierte en un instrumento de persecución política, deja de ser garante de los derechos ciudadanos para transformarse en una preocupante herramienta de intimidación masiva.
Lo que ocurre en este caso particular puede interpretarse como una manifestación evidente de ensañamiento institucional. Esto es absolutamente incompatible con los valores republicanos que deben regir cualquier Estado de derecho democrático. La justicia no puede actuar movida por consignas partidistas ni convertirse en el brazo ejecutor de un régimen que utiliza los tribunales para castigar la independencia, la disidencia o el ejercicio honesto de las funciones públicas. El derecho penal jamás debe ser usado como un arma de retaliación.
Como hombre conocedor de las leyes y defensor del debido proceso, me preocupa profundamente el mensaje implícito que se transmite a jueces, abogados y ciudadanos cuando se normalizan estas prácticas arbitrarias. No está en juego únicamente el destino individual de una profesional de la magistratura; está en juego la credibilidad y la supervivencia de todo el sistema judicial. Allí donde el derecho es sometido a los caprichos del poder de turno, la arbitrariedad reemplaza a la legalidad y la sociedad entera termina siendo víctima de esa degradación institucional.
La historia demuestra de manera inequívoca que ningún país puede aspirar a la libertad verdadera ni a la convivencia democrática pacífica cuando sus tribunales dejan de servir a la ley para servir a quienes detentan el poder. Por eso, casos emblemáticos como este no deben generar silencio, indiferencia ni resignación en la opinión pública. Exigen, por el contrario, una profunda reflexión colectiva, una denuncia constante y una exigencia firme de respeto absoluto a las garantías fundamentales y a la independencia judicial.
Juan Pablo Garcia
