Un grupo encabezado por reconocidos periodistas ecuatorianos presentó el martes una demanda de inconstitucionalidad contra una ley de comunicación promovida por el gobierno por considerar que viola las libertades de prensa, opinión y expresión, informó uno de sus promotores.
La norma aprobada en junio, que incorpora controles sobre los medios y reduce la participación privada en el sector mediante una nueva repartición de frecuencias, fue impugnada ante la Corte Constitucional, según Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP).
«Estamos solicitando a la corte la suspensión inmediata de esa ley mientras se pronuncia sobre las cuestiones de forma y de fondo, que contradicen sustancialmente derechos fundamentales», explicó Cornejo a la AFP.
El recurso fue presentado por un grupo de 60 ecuatorianos, entre ellos conocidos periodistas, políticos y directores de medios, que consideran que la Ley de Comunicación impone la censura previa, la autocensura y acaba con la reserva de fuentes en el trabajo periodístico, según Cornejo.
Esta ley «atenta en términos generales contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de opinión», subrayó el representante.
Según los demandantes, la ley también fue tramitada de forma irregular, lo que la invalida constitucionalmente, ya que muchos de sus artículos no fueron debatidos por el Congreso antes de ser sancionados por el presidente Rafael Correa.
«Antes de que haya un pronunciamiento final sobre nuestra demanda, esperamos que la corte dicte medidas cautelares y suspenda su aplicación ya que están en riesgo derechos fundamentales», agregó.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse en las siguientes semanas sobre la validez de la demanda.
Entretanto, el gobierno de Rafael Correa, promotor del proyecto, prevé expedir en próximos días el reglamento que permitirá la aplicación de la norma.
Uno de los aspectos más cuestionados por la prensa es la reciente creación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, responsable de la concesión de frecuencias de televisión y radio, y que estará facultado para pedir sanciones por contenidos que juzgue violentos y discriminatorios.
Desde el gobierno de Estados Unidos, pasando por organizaciones como Human Rights Watch y la Sociedad Intermaericana de Prensa, consideran la ley ecuatoriana de comunicación como una restricción a las libertades de prensa y de expresión, lo que es negado por el gobierno de Correa.
El mandatario izquierdista considera a un sector de la prensa como de oposición, y la acusa de mediocre y corrupta.
Fuente: Agencias
