Un grupo encabezado por reconocidos periodistas ecuatorianos presentó el martes una demanda de inconstitucionalidad contra una ley de comunicación promovida por el gobierno por considerar que viola las libertades de prensa, opinión y expresión, informó uno de sus promotores.

La norma aprobada en junio, que incorpora controles sobre los medios y reduce la participación privada en el sector mediante una nueva repartición de frecuencias, fue impugnada ante la Corte Constitucional, según Diego Cornejo, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP).

«Estamos solicitando a la corte la suspensión inmediata de esa ley mientras se pronuncia sobre las cuestiones de forma y de fondo, que contradicen sustancialmente derechos fundamentales», explicó Cornejo a la AFP.

El recurso fue presentado por un grupo de 60 ecuatorianos, entre ellos conocidos periodistas, políticos y directores de medios, que consideran que la Ley de Comunicación impone la censura previa, la autocensura y acaba con la reserva de fuentes en el trabajo periodístico, según Cornejo.

Esta ley «atenta en términos generales contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de opinión», subrayó el representante.

Según los demandantes, la ley también fue tramitada de forma irregular, lo que la invalida constitucionalmente, ya que muchos de sus artículos no fueron debatidos por el Congreso antes de ser sancionados por el presidente Rafael Correa.

«Antes de que haya un pronunciamiento final sobre nuestra demanda, esperamos que la corte dicte medidas cautelares y suspenda su aplicación ya que están en riesgo derechos fundamentales», agregó.

La Corte Constitucional deberá pronunciarse en las siguientes semanas sobre la validez de la demanda.

Entretanto, el gobierno de Rafael Correa, promotor del proyecto, prevé expedir en próximos días el reglamento que permitirá la aplicación de la norma.

Uno de los aspectos más cuestionados por la prensa es la reciente creación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, responsable de la concesión de frecuencias de televisión y radio, y que estará facultado para pedir sanciones por contenidos que juzgue violentos y discriminatorios.

Desde el gobierno de Estados Unidos, pasando por organizaciones como Human Rights Watch y la Sociedad Intermaericana de Prensa, consideran la ley ecuatoriana de comunicación como una restricción a las libertades de prensa y de expresión, lo que es negado por el gobierno de Correa.

El mandatario izquierdista considera a un sector de la prensa como de oposición, y la acusa de mediocre y corrupta.

Fuente: Agencias

El principal grupo proisraelí en Washington, el Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC), pidió hoy al Congreso que dé al presidente Barack Obama la autorización solicitada para una acción militar contra el régimen sirio.

El AIPAC «urge al Congreso a otorgar al presidente la autoridad que ha pedido para proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y disuadir al régimen sirio del uso de armas no convencionales», indicó la organización en un comunicado.

El apoyo explícito de AIPAC puede ayudar a Obama a ganar apoyos en el Congreso, donde muchos legisladores son afines a la causa proisraelí.

Según la AIPAC, «el mundo civilizado no puede tolerar» el uso de «armas bárbaras» como las químicas, que EE.UU. ha dado por probado que empleó el régimen sirio en el ataque contra civiles del 21 de agosto en la periferia de Damasco.

La organización agregó que «los aliados y los adversarios de Estados Unidos están observando de cerca el resultado de esta votación trascendental» en el Congreso, que se producirá probablemente a partir del 9 de septiembre y cuyos debates comenzaron hoy con una audiencia en el Comité de Exteriores del Senado.

La «crítica» decisión sobre si EE UU debe intervenir militarmente en Siria «llega en un momento en el que Irán está marchando hacia la obtención de capacidad nuclear», advirtió la AIPAC.

La no aprobación del ataque contra Siria «debilitaría la credibilidad de nuestro país para evitar el uso y proliferación de armas no convencionales y, por lo tanto, pondría en peligro nuestra seguridad e intereses, así como los de nuestros aliados en la región», apuntó el grupo proisraelí.

Obama pidió hoy un voto «rápido» en el Congreso sobre una acción militar «limitada» contra Siria y se mostró confiado en que logrará la autorización de los legisladores.

Numerosos legisladores, tanto republicanos como demócratas, están indecisos y otros han expresado ya claramente su rechazo a un ataque, por lo que por ahora resulta difícil augurar lo que ocurrirá cuando se produzca la votación.

Fuente: Agencias

Diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas de Colombia convocaron para mañana un «cacerolazo» en Bogotá y otras ciudades del país en apoyo a los campesinos que están en huelga desde el pasado 19 de agosto.

Los convocantes, entre los que se encuentran el movimiento Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), demandan al Gobierno la «apertura de una negociación y soluciones a los pliegos agrario, de salud, educación y camionero».

En un comunicado, los firmantes exigen también el «cese de la represión del Gobierno a las concentraciones y movilizaciones de los paros y sectores que les dan la solidaridad».

En Bogotá, los organizadores fijaron la convocatoria en la céntrica plaza de Bolívar a las 16.00 hora local (21.00 GMT).

La semana pasada ya se convocaron varios «cacerolazos» en apoyo a los sectores campesinos en huelga y también una gran marcha el jueves que desembocó en disturbios protagonizados por una minoría en el centro de Bogotá y en localidades vecinas.

El sector agrario colombiano empezó el pasado 19 de agosto una huelga indefinida que el Gobierno ha podido mitigar en los últimos días a través de algunos acuerdos puntuales con campesinos de departamentos como Boyacá, Cundinamarca y Nariño, pero persisten focos conflictivos en el sur del país, especialmente en Cauca, Caquetá, Putumayo y Huila.

Fuente: Agencias

Obtuvo el respaldo del republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, para lanzar una acción militar contra el régimen de Al Assad. El lunes, el mandatario consiguió el aval de senador John McCain

«Estados Unidos tiene enemigos en todo el mundo que necesitan entender que no vamos a tolerar este tipo de comportamiento. Asimismo, tenemos aliados en todo el mundo y en la región que también necesitan saber que Estados Unidos estará ahí para darles su respaldo cuando sea necesario», afirmó el republicano John Boehner tras una reunión con el presidente Barack Obama.

Boehner habló mientras los legisladores de ambos partidos se disponían a modificar la ley solicitada por el presidente a fin de restringir el tipo y la duración de cualquier acción militar que sería autorizada, posiblemente incluso una prohibición de que se emplacen fuerzas de combate estadounidenses en tierra.

Obama adelantó que está preparado para admitir modificaciones en el pedido formal que envió al Congreso el sábado pasado y afirmó que tiene confianza en que logrará los apoyos necesarios para respaldar una acción militar contra Al Assad, cuyo gobierno «usó armas químicas indiscriminadamente y mató a miles de personas, entre ellas a 400 niños».

La Administración Obama afirma que 1.429 personas murieron en un ataque del régimen con armas químicas contra su propio pueblo en Damasco, el 21 de agosto pasado.

Más temprano este martes, el secretario de Estado, John Kerry; el de Defensa, Chuck Hagel, y el jefe del Estado Mayor conjunto, general Martin Dempsey, el militar de mayor rango del país, asistieron a la comisión de Relaciones Exteriores del Senado para explicar los planes de Obama. De acuerdo con Kerry, una falta de respuesta de Estados Unidos al régimen de Siria enviaría una peligrosa señal a Irán y a los militantes de Hezbollah en el Líbano. «Nuestra inacción seguramente les daría permiso al menos para malinterpretar nuestras intenciones, sino ponerlas a prueba», advirtió y agregó: «Cuando alguien mata a cientos de niños con un arma que el mundo ha prohibido, se convierte en responsabilidad de todos».

Fuente: Agencias