La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) protestó hoy «enérgicamente» por el traslado del opositor venezolano y exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos del penal militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, a una cárcel civil en San Juan de los Morros, en el estado de Guárico.
«El sorpresivo traslado se hizo sin orden judicial y sin informarle a sus familiares ni abogados, y pone en grave e inminente peligro al exalcalde Ceballos, quien se encuentra arbitrariamente detenido desde hace más de un año», denunció el director ejecutivo para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco.
En un comunicado, Vivanco lamentó que en ese lugar el opositor «estará detenido junto con criminales comunes, procesados por delitos como homicidio, extorsión, y violación».
El responsable de HRW recordó que «las cárceles venezolanas son de las más violentas de América Latina, son controladas usualmente por mafias y allí año a año mueren decenas de personas con total impunidad».
Vivanco destacó que «múltiples autoridades de Naciones Unidas y del sistema interamericano han exigido la inmediata liberación y protección de dirigentes políticos arbitrariamente detenidos como Ceballos» y responsabilizó al Gobierno venezolano de «la vida e integridad física» del exalcalde.
Ceballos, detenido en marzo de 2014, fue condenado a 12 meses de prisión ya cumplidos, por desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que obligaba a las autoridades municipales a impedir la colocación de barricadas durante las protestas de principios de ese año.
Sin embargo, el TSJ informó que continuaría preso «por la causa judicial que se le sigue por rebelión y agavillamiento (asociación para delinquir)», relacionada también con esa jornadas de manifestaciones antigubernamentales.
Los hechos violentos registrados durante las protestas antigubernamentales entre el 12 de febrero y el 30 de junio de 2014 ocasionaron la muerte de 43 personas entre oficialistas, opositores y personas sin filiación política.
Comunicado
Human Rights Watch protesta enérgicamente el traslado del ex alcalde Daniel Ceballos a una cárcel común en San Juan de los Morros, ubicada a aproximadamente 150 kilómetros de Caracas, durante la madrugada del 23 de mayo. El sorpresivo traslado se hizo sin orden judicial y sin informarle a sus familiares ni abogados, y pone en grave e inminente peligro al ex alcalde Ceballos, quien se encuentra arbitrariamente detenido desde hace más de un año. En ese sitio de reclusión Ceballos estará detenido junto con criminales comunes, procesados por delitos como homicidio, extorsión, y violación.
Las cárceles venezolanas son de las más violentas de América Latina, son controladas usualmente por mafias y allí año a año mueren decenas de personas con total impunidad.
Múltiples autoridades de Naciones Unidas y del sistema interamericano han exigido la inmediata liberación y protección de dirigentes políticos arbitrariamente detenidos como Ceballos. Tratándose de una persona que se encuentra bajo la custodia del gobierno de Venezuela, responsabilizamos al gobierno del Presidente Maduro de la vida e integridad física de Ceballos y de todos aquellos detenidos arbitrariamente en el país.
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
Human Rights Watch expresses its serious concern regarding Venezuelan authorities’ decision to transfer Mayor Daniel Ceballos to a prison in San Juan de Los Morros, approximately 150 km away from Caracas, in the middle of the night on May 23. This decision, adopted without judicial oversight and without informing his family or defense team, poses a grave and imminent risk to the life and physical integrity of Ceballos, who remains arbitrarily detained since March 2014. In the new prison, Ceballos will be detained with individuals charged with common crimes, such as killings, extortion, and rape.
Venezuelan prisons are among the most violent in Latin America. Armed gangs usually effectively control prisons, and dozens of inmates die each year in violent incidents that routinely go unpunished.
Multiple monitors from the United Nations and the Inter American Human Rights system have called on the government of Venezuela to immediately release and protect the physical integrity of arbitrarily detained political leaders such as Ceballos. Given the fact that he is under the custody of the Venezuelan government, we make the government of President Maduro responsible for the life and physical integrity of Ceballos and others arbitrarily detained in the country.
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch
