Los latinoamericanos a menudo creen que a Washington no le importan sus vecinos del sur. Una idea con poca base material, tal vez nunca pudo haber estado más lejos de la realidad de lo que está hoy.
Considérese lo siguiente, el 14 de enero, a punto de concluir su presidencia, Joe Biden notificó al Congreso su intención de levantar la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo.Como parte de un acuerdo facilitado por la Iglesia Católica, el gobierno cubano prometió liberar a los presos políticos y el gobierno de Estados Unidos se comprometió a aliviar parte de la presión económica sobre la isla, revirtiendo el enfoque de la primera administración Trump, según se esbozó en el memorándum de junio de 2017.
Al día siguiente, el 15 de enero, Marco Rubio compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en su audiencia de confirmación como Secretario de Estado y fue contundente en su testimonio: «En nuestro propio hemisferio, déspotas y narcoterroristas se aprovechan de las fronteras abiertas para impulsar la migración masiva, traficar con mujeres y niños, e inundar nuestras comunidades con fentanilo y criminales violentos»; es decir que la administración entrante de Trump ha abordado el tema de Cuba y otras dictaduras en todo el hemisferio desde el primer día.
El entonces “Secretario designado” se explayó sobre esta afirmación general; disputó la decisión de Biden sin rodeos: «Cuba ayuda a organizaciones como las FARC y el ELN en Colombia», argumentó, «es amiga de Hamas y Hezbollah, tiene vínculos con Irán, alberga estaciones de espionaje para China y Rusia, y alberga a fugitivos estadounidenses». Una vez confirmado, restableció la designación de Estado Patrocinador del Terrorismo de Cuba.
Rubio también tuvo palabras duras para el régimen venezolano, criticando a la administración Biden por haber «sido embaucado con una elección libre» en la que, al final, Maduro se adjudicó una falsa victoria sobre Edmundo González. Condenó la política de alivio de sanciones mediante la cual «empresas como Chevron están proporcionando miles de millones de dólares de dinero a las arcas del régimen». «Venezuela», concluyó, «está gobernada por una organización narcotraficante que se ha apoderado de un Estado nación».
Acusó al régimen nicaragüense por perseguir a la Iglesia Católica y silenciar las voces disidentes, le imputó contribuir a la crisis migratoria, ya que “el régimen nicaragüense está permitiendo que la gente vuele a Nicaragua sin visas desde cualquier parte del mundo y luego continúe hacia Estados Unidos». También desaprobó a Ortega por invitar a Rusia a «establecer una presencia militar en Nicaragua, lo que representa una amenaza a nuestra seguridad nacional que debe ser atendida».
Por lo tanto, el hemisferio occidental ocupa un lugar crucial en la agenda de la segunda administración Trump. El hecho de que Centroamérica haya sido elegida como destino del primer viaje al extranjero del Secretario Rubio lo ilustra; la posterior disputa entre Trump y Petro sobre las deportaciones lo enfatiza aún más. Con el comienzo de las amenazas de una guerra comercial y las controversias migratorias que ya se están desarrollando, América Latina ciertamente ha entrado en el centro del escenario.
Sin embargo, esto no se debe solo a problemas persistentes como la migración irregular y el tráfico de drogas, los vecinos del sur de Estados Unidos también son socios potenciales en una variedad de temas, desde el fortalecimiento de las cadenas de suministro de alimentos, minerales y energía, hasta la defensa de la democracia y los derechos humanos, así como la promoción del nearshoring y el comercio intrarregional. La interacción de estos temas es clave para comprender los riesgos tanto como las oportunidades, esa debería ser la conversación en las Américas.
Sin duda, la inmigración es prioritaria en la agenda de política exterior, ya que es un hecho comprobado que varios de estos flujos migratorios han sido promovidos y desplegados por el crimen organizado, a menudo en connivencia con gobiernos hostiles a Estados Unidos como el de Maduro. Estos conglomerados criminales integrados y diversificados —ese es su «modelo de negocios», por así decirlo— se han convertido en agentes paraestatales. Parte de la política exterior de Venezuela está tercerizada en ellos.
Estas entidades primero expulsan a las personas más pobres y vulnerables de sus propios países, ciudades y hogares, y luego las trafican hacia el norte a través del Darién al igual que trafican cocaína, oro y coltán. Las caravanas que hoy van en esa dirección, tanto como se dirigían hacia el sur en el pasado, están permeadas por el crimen organizado, este se mezcla con migrantes genuinos y con la población latina una vez en EE.UU., de ahí la ansiedad generada por la migración entre estas comunidades, un tema que arroja luz acerca del robusto voto latino por Trump en noviembre pasado.
Un ejemplo relevante es el caso del «Tren de Aragua», organización que opera en todo el continente, como en Chile, con el asesinato de un oficial naval venezolano exiliado, como en Estados Unidos, con sus acciones criminales en Colorado, Nueva York y Texas, entre otros estados. Esto ha alertado a las autoridades: el tema migratorio no tiene que ver tanto con el mercado de empleo como con la seguridad nacional.
La administración Biden también lo había visto de esa manera. De hecho, en 2024 las deportaciones alcanzaron el récord más alto desde 2014, entonces bajo Obama. En otras palabras, tanto Obama como Biden deportaron a más extranjeros que Trump durante su primera administración, siendo ese el caso, debería haber apoyo bipartidista para las políticas de inmigración cuyo objetivo es controlar las fronteras de la nación y regular los flujos migratorios de manera racional, como propone Trump.
Pues el crimen organizado y la autocracia han ido de la mano en el hemisferio. Ambos problemas deben abordarse simultáneamente. Esta relación ha debilitado gravemente el Estado de Derecho, creando un marco de generalizada anarquía e inseguridad que también promueve la migración y permite la comisión de actos terroristas.
Curiosamente ausente de esta discusión está el hecho de que, en marzo de 2020, un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a altos funcionarios de la dictadura venezolana y ofreció recompensas por información que condujera a su captura. Maduro y otros 14 miembros de su régimen fueron acusados, el caso detalla los vínculos de la dictadura venezolana con el Cartel de los Soles y las FARC disidentes en un crimen que se tipifica como «narcoterrorismo»; a través de dicho delito, el régimen de Maduro exporta autocracia.
Al mismo tiempo, las agencias federales de Estados Unidos han documentado ampliamente el papel de Cuba en mantener a Maduro en el poder, es un hecho sabido que su seguridad personal, el control aeroportuario, el padrón electoral y la contrainteligencia militar, incluida la tortura de oficiales disidentes en cautiverio, están en manos del aparato de inteligencia cubano. Sin Cuba, Maduro habría caído hace mucho tiempo, por propiedad transitiva, entonces, el régimen cubano patrocina el (narco) terrorismo también en Caracas.
Teniendo en cuenta lo anterior, debería haber una conversación sobre la democracia y el estado de derecho en la región. En la medida en que solo la democracia puede defender el estado de derecho, enfrentar a las autocracias que han sido capturadas por el crimen organizado requiere abordar estos problemas al mismo tiempo. No existe tal cosa como tratar un tema a la vez cuando se trata de las múltiples consecuencias del crimen organizado.
Del mismo modo, la pobreza generalizada también influye. En un momento en que se habla persistentemente de aranceles y otras restricciones comerciales, el desarrollo económico en las Américas también surge como condición necesaria para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, porque, si el objetivo es reducir las presiones migratorias, mantener los empleos en casa es parte de la ecuación; por lo tanto, el acceso al mercado estadounidense para los bienes latinoamericanos debería ser una prioridad.
Ese es, de hecho, el enfoque del «Americas Act”, un proyecto de ley presentado al Congreso en marzo pasado que busca establecer un mecanismo de asociación comercial permanente en el hemisferio. Bipartidista y bicameral, el proyecto representa un esfuerzo multimillonario para expandir el comercio intra-hemisférico, generando oportunidades de inversión y creando empleos, abordando así las causas fundamentales de la migración. Los legisladores reconocen que, a pesar de los fuertes lazos que unen al hemisferio, Estados Unidos no ha ofrecido al resto de las Américas una alternativa convincente a la proyección económica de China.
Por lo tanto, una agenda integral sobre migración, drogas ilegales y seguridad nacional también debe incluir el tema del estado de derecho, la pobreza y el desarrollo en las Américas.
Héctor Shamis
