El alcalde respondió así a la millonaria multa que le impuso la Supercomercio por tema basuras.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo este jueves que así le toque trabajar sin sueldo “hasta el 31 de diciembre del 2015”, lo hará para pagar los 410 millones 256.000 pesos que le impuso como multa el superintendente de Industria y Comercio ad hoc, Luis Guillermo Vélez.
La sanción fue aplicada por la Supercomercio tras resolver que él violó la libre competencia en el mercado del aseo, al disponer un modelo de prestación del servicio por fuera de las normas.
“Estaré sin sueldo gracias al doctor Vélez y aun así trabajaré para cumplir con la Bogotá Humana”, manifestó el burgomaestre, quien con otros nueve altos funcionarios del Distrito fueron sancionados, por esa misma causa, con multas que suman 1.326 millones 248.000 pesos.
Por ello, el gobierno distrital interpondrá el recurso de reposición contra la resolución que, además, le ordenó al Distrito que en seis meses adecue el esquema de aseo a la libre competencia del mercado o al sistema de las áreas de servicio exclusivas (Ase), como operaban antes en Bogotá.
Los multados fueron el exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB) Diego Bravo y el actual gerente, Alberto Merlano; los exdirectores de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) Henry Romero y Nelly Mogollón; los secretarios de Hábitat, María Mercedes Maldonado, y de Planeación, Gerardo Ardila; los exgerentes de Aguas de Bogotá Mario Álvarez y Ricardo Agudelo, y José Orlando Rodríguez.
Los afectados sostuvieron que la Supercomercio no tiene la competencia para decidir cuál es el esquema de aseo que debe regir en Bogotá y que partió de una presunción de ilegalidad, al ordenar cesar un modelo que fue expedido por un decreto que fue declarado legal.
El exgerente Diego Bravo y Merlano coincidieron en afirmar que la citada Superintendencia no es la autorizada para determinar el régimen de servicios que puede tener una ciudad. Agregaron que el decreto que fijó el nuevo modelo fue declarado legal por el contencioso administrativo, lo cual desconoció la Superintendencia
Bravo, a su vez, afirmó que el organismo utilizó como pruebas correos electrónicos que el Tribunal Superior prohibió usarlos, por lo cual consideró que se violó correspondencia y el derecho al debido proceso.
Fuente: El Tiempo.com