Caracas, martes 01 de noviembre de 2022.- En Venezuela el ejercicio de la profesión del periodismo se ha convertido en un riesgo, a tal punto que los comunicadores sociales y los dueños de los medios de comunicación independientes han optado algunos por autocensurarse, irse del país para ejercer la profesión desde el exterior, son perseguidos, acosados, para evitar que difundan la verdad del acontecer diario del país y del poder que actualmente gobierna, con Nicolas Maduro al frente.
Así lo manifestó el diputado por el estado Lara, Guillermo Palacios en el debate sobre el “acoso a la libertad de prensa por parte del régimen”, celebrado, vía online, en la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima.
Señaló que se violan los criterios y normas internacionales y nacionales sobre la materia relacionada con la libertad de expresión, información y comunicación libre y plural, pese a que son principios rectores y fundamentales de toda sociedad que se precie de ser democrática.
“En Venezuela eso no ocurre porque estamos en una dictadura. Igualmente se ratifica el principio mediante el cual se debe proscribir la censura para la libertad de expresión, y que cualquier desviación debe ser sancionada en forma posterior y por los medios que la legislación prevé para penalizar aquellas conductas que resulten ser ilícitas o contrarias a los intereses de la República o al interés común”, señaló el parlamentario larense.
Planteó el diputado Palacios que la fracción parlamentaria de UNT rechaza total y absolutamente las medidas que han incrementado la represión en contra de los periodistas y medios de comunicación, destacando el cierre de emisoras de radio en lo que llega a la fecha actual cerca de un centenar que deja a la ciudadanía sin información.
“Proponemos que estos hechos sean denunciados ante los organismos internacionales, con los detalles de cada caso, para que se hagan las investigaciones pertinentes y se acumulen a las violaciones de DDHH que hay en Venezuela”, afirmó el parlamentario.
Expresó que las políticas gubernamentales en relación con la censura y el acoso contra los medios de comunicación no son nuevas, que esta situación ya ha sido registrada por las ONG nacionales como espacio público e internacionales como la SIP, relacionadas con la investigación sobre distintos casos y hechos de agresiones, torturas y homicidios en contra de periodistas y medios de comunicación.
“Las violaciones a la libertad de expresión documentadas entre los años 2001 al 2007 da cuenta de acusaciones por vilipendio o desacato; difamación y muchos casos de censura judicial y hasta de muertes de profesionales del periodismo en el desempeño de su trabajo”.
Subrayó que el debate nacional contemporáneo es muy directo y procura que las personas se vinculen a los argumentos presentados, por ello es muy importante presentar las consecuencias de estas políticas restrictivas, en este caso asociadas a la penalización de la expresión. “Mostrar las consecuencias es relevante en la deliberación nacional y para las instituciones internacionales de protección de los derechos humanos”, dijo Palacios.
Recordó que en el 2019 en el Informe sobre los DDHH presentado por Michelle Bachelet se expresó que: “en los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional aplicando su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación”.
Así mismo, reseña el documento que actualmente hay centenares de periodistas venezolanos exiliados. Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a internet. Así mismo en los años recientes, se han bloqueado sitios web de noticias independientes y principales redes sociales.
Citó que la CIDH de la OEA en el 2017 señaló lo siguiente: En cuanto al derecho a la libertad de expresión, se documentan severas restricciones a este derecho, que incluyen censura y cierre de medios de comunicación, ataques a periodistas, y en general patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra en aprobación estatal.
Continuó citando el informe de la OEA que dice que estas medidas no responden a un marco normativo compatible con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado venezolano en esta materia y en la práctica, “han estado dirigidas al silenciamiento de las voces críticas del actual Gobierno. Su impacto en la democracia venezolana es evidente y merece atención prioritaria”.
Por último considera importante decirle al presidente colombiano Gustavo Petro que estará en Caracas reunido con Nicolas Maduro, que sepa que está tratando con un dictador y un violador de los DDHH constatado por los organismos internacionales y por la Corte Penal Internacional.
