Venezuela atraviesa una etapa excepcional. Si el país pretende avanzar desde un régimen autoritario hacia un sistema democrático mediante una transición, vale la pena hacerse la siguiente pregunta: ¿es compatible con esa transición que el máximo órgano de control constitucional quede integrado por 12 años, mediante un proceso en el que todavía conserva una posición determinante el aparato político que dominó las instituciones durante el período anterior?
La respuesta a esta pregunta define buena parte del problema institucional.
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia ocurre en un contexto de excepcionalidad política, más que sustituir magistrados, el desafío consiste en determinar qué régimen judicial puede verdaderamente contribuir a la reconstrucción de la institucionalidad venezolana.
La renovación del TSJ no puede ser entendida como un proceso ordinario
El artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son elegidos por un único período de 12 años; el artículo 265 por su parte establece un procedimiento específico para su remoción por faltas graves.
Ahora bien, la estabilidad de los magistrados constituye una garantía esencial de la independencia judicial, por ello la idea no es eliminar ni debilitar esa garantía, lo que se plantea es una cuestión diferente: si la nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia se produce en el marco de una etapa excepcional de reconstrucción institucional, ¿debe esa nueva composición quedar automáticamente convertida en una estructura ordinaria del poder judicial durante 12 años?
Si la renovación integral del TSJ responde a una circunstancia política e institucional excepcional y forma parte de un proceso de transición, esa misma excepcionalidad debería determinar el carácter transitorio de la nueva conformación, en lugar de convertirla automáticamente en una estructura ordinaria con un mandato de larga duración.
Este punto debería ser discutido públicamente y resuelto como parte del acuerdo político de transición que dio origen a la actual renovación del Tribunal.
El problema de los 12 años
De acuerdo a lo planteado anteriormente, el punto más delicado es la duración. Un Tribunal Supremo designado durante una transición y con un mandato de 12 años podría condicionar durante más de una década el funcionamiento de un sistema democrático que todavía estaría en proceso de construcción.
Esto significa que un presidente elegido democráticamente podría tener que gobernar durante años bajo el control constitucional de un Tribunal cuya composición fue decidida durante la transición, bajo reglas políticas heredadas del período chavista.
Por lo tanto, el asunto no es quiénes sean individualmente los magistrados, sino el diseño institucional que determinará la relación entre una transición democrática y los órganos encargados de ejercer el control constitucional durante y después de ella.
Una transición debería abrir el camino hacia instituciones democráticas, no trasladar automáticamente al futuro las estructuras de poder del pasado.
Una institución de transición para una democracia que comienza
En un proceso de reconstrucción institucional, un régimen transitorio puede permitir que el país atraviese la etapa excepcional sin convertir sus decisiones provisionales en estructuras permanentes.
Un período limitado, por ejemplo, dos años, podría vincular la actuación del nuevo TSJ a objetivos concretos de reconstrucción y permitir posteriormente la conformación del Poder Judicial bajo reglas propias de una democracia consolidada. Lo esencial es que la transición tenga un punto de llegada.
El nuevo Tribunal Supremo de Justicia debería contar con magistrados seleccionados bajo criterios de mérito, idoneidad, integridad e independencia, con transparencia en el proceso y garantías suficientes para ejercer sus funciones sin subordinación política; pero también debería existir una fecha cierta para culminar esa etapa excepcional.
El verdadero desafío
Venezuela no necesita simplemente sustituir unos magistrados por otros, necesita construir un sistema en el que ningún poder político pueda controlar el máximo tribunal, ese es el verdadero desafío de una transición democrática.
Si el país pretende construir una democracia, no parece institucionalmente coherente que las reglas de una etapa autoritaria o de transición determinen durante un periodo tan prolongado, la composición del órgano encargado de controlar constitucionalmente al poder democrático que surja de ella.
El objetivo además, no debería ser que el nuevo TSJ sea chavista o antichavista, ni una combinación de ambos; el objetivo debería ser que nunca más pueda pertenecer a ningún poder político.
Por eso, si la renovación del Tribunal ocurre como parte de una transición excepcional, su carácter transitorio no debería verse como una debilidad institucional, sino como una forma de impedir que una solución concebida para superar una etapa extraordinaria se convierta en una estructura permanente.
La democracia no se construye cambiando quién controla las instituciones, se construye garantizando que nadie pueda controlarlas políticamente.
Thelma Fernández
Abogado especialista en derecho penal.
